Por Luis Beatón
Corresponsal jefe en El Salvador
Tal vez apremiado por su promesa de alcanzar el milagro económico después de logrado un impensable ambiente de seguridad, el mandatario sorprendió con su anuncio de que propondrá a la Asamblea Legislativa derogar la ley que prohíbe desde 2017 la minería metálica.
El gobernante nunca enfrentó disidencia ni oposición de tantos sectores sobre alguna de sus propuestas. Ambientalistas, organizaciones sociales, la iglesia y universidades, entre otros, ven en el plan un paso que pone frente a frente la vida y la muerte.
Las operaciones logísticas, la construcción de escuelas, el pago de deuda con las multilaterales y la reactivación económica son las aristas que pueden ser potenciadas con la extracción aurífera en El Salvador, señalan seguidores del mandatario.
Los yacimientos de oro y otros minerales que hay en El Salvador constituyen fuentes de ingresos económicos y de desarrollo para los territorios que están en la pobreza, coinciden en señalar el especialista en administración pública Nelson Flores y el sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez.
Existe la idea de que el país posee potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por km² en el mundo; estudios técnicos realizados en solo el cuatro por ciento del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro que están valoradas en 131 mil 565 millones.
Cierto o no, es tentadora la cifra aunque para ellos se sacrifique la vida y la diversidad de un país, estiman comentaristas al valorar que se apartan de valores fundamentales del ser humano.
Según el Ejecutivo, el potencial total de los yacimientos de oro podría superar los tres billones, que representaría más del 8,800 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) salvadoreño.
De acuerdo con el presidente Bukele, con los recursos que se obtengan puede financiarse la construcción de infraestructura a escala nacional e impulsar el desarrollo de las economías locales.
Hasta aquí una cara de la moneda, ¿y la otra?
VOCES DE PROTESTA
Luego de la propuesta del gobernante, comunidades afectadas y que estiman se incrementará el peligro si avanza el proyecto, levantan sus voces para protestar.
Grupos que se oponen al plan marcharon a la Asamblea Legislativa, en la cual el partido en el gobierno tiene mayoría absoluta, para expresar consignas como “No a la minería” o “El agua se agota”, en un intento de detener la acción gubernamental.
Las organizaciones manifestaron que la minería no trajo progreso a El Salvador, al contrario solo daños, y pone en riesgo el futuro de generaciones y el agua.
El asunto tiene una larga historia que se detuvo en marzo de 2017, cuando tras la presión de ambientalistas, el Congreso aprobó por mayoría prohibir la minería metálica por considerarla una industria destructiva para el medioambiente y la salud pública.
Un reciente artículo de Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero, titulado “Oro maldito”, acusa al gobernante de promover los intereses de unos cuantos privilegiados, incluido su clan familiar.
Este fabuloso tesoro, hasta ahora escondido y felizmente descubierto por él (Bukele), introducirá al país en el primer mundo. Un objetivo imposible sin contaminar todavía más uno de los medioambientes más devastados de América Latina, indicó Cardenal.
El pragmatismo y la mentira, agregó en su opinión crítica, superan este escollo. Bukele promete una “minería moderna y sostenible”, con “tecnología de ahora” y, por tanto, “responsable” y con “costos ambientales bajos”.
Señaló Cardenal que la naturaleza de las multinacionales contradice el discurso inocente del oro. “Estas no entienden de responsabilidades ni de riesgos humanos y medioambientales, sino de explotación y ganancias máximas”, remarcó.
Los de a pie no se beneficiarán de la idea. “Los únicos que sacarán provecho son la multinacional y sus intermediarios locales. Probablemente, ni siquiera contribuirá a aumentar la recaudación fiscal, porque será colmada de exoneraciones”, predijo.
“El brillo del oro alimenta fantasías desorbitadas y codicias insaciables. El oro desata una vorágine con consecuencias fatales para quienes se dejan atrapar. El oro mata la vida humana y ambiental, y, como todo asesino, es un gran mentiroso”, subrayó el analista.
Otros critican el plan que presuntamente traerá progreso y una “minería responsable”, sostienen que las aseveraciones de los que apoyan la idea son tan falaces como decir que hay balas buenas y malas que matan, o que el veneno solo daña en manos inadecuadas.
A la crítica se incorporó la Iglesia Católica al divulgar el 12 de diciembre un comunicado en el que precisó que la vida y la salud no tienen precio.
La Conferencia Episcopal Salvadoreña reconoció los logros del gobierno, en especial en la seguridad, pero manifestó que ahora da un rotundo no a su plan.
Sin querer favorecer a la oposición política, los obispos ratificaron que rechazan la derogación de la Ley de prohibición de la Minería metálica adoptada en marzo de 2017.
Explicaron en el documento que El Salvador es el segundo país con mayor deterioro ambiental en las Américas y un reinicio de la explotación minera impactará de forma “gravísima” sobre los pocos recursos hídricos del país, y en la vida de los salvadoreños y en la diversidad.
En una nación tan pequeña y poblada, los efectos negativos se multiplicarían mientras la mayor riqueza de un pueblo es la vida de las personas y la salud, acentuaron.
La posición de los religiosos locales está en línea con la Conferencia de Obispos de Centroamérica, la cual ya anticipó que “toda explotación minera significa destrucción y muerte”, y demandan detener esta iniciativa antes de que cause daños irreparables.
El asunto parece un escollo para el presidente, quien hasta ahora en la mayoría de los casos recibió el apoyo abrumador de sus compatriotas.
Algunos de sus críticos, además, señalan que el Ejecutivo intenta mezclar el debate minero con temas de seguridad, buscando confundir a la opinión pública para que acepte el proyecto.
No pocos en el país opinan que la minería no es progreso sino destrucción, mientras alegan que permitir que intereses extranjeros y una ambición desmedida definan el futuro de El Salvador constituye un error que la historia no perdonará.
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