Por Karina Marrón

Corresponsal jefe en Angola

El avance del Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte y Kivu Sur, hasta lograr el control de importantes ciudades como Goma, Sake, Minova y Masisi elevó tensiones entre los dos países, al punto en que Kinshasa retiró a sus diplomáticos de Kigali y ordenó la salida de los funcionarios ruandeses de su territorio.

En Naciones Unidas, la canciller Thérèse Kayikwamba Wagner denunció la entrada de más tropas ruandesas en suelo congoleño y dijo que esto constituye una declaración frontal de guerra, que ya no se esconde con artificios.

El presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, orientó la reducción del nivel de vida de las instituciones para apoyar a las Fuerzas Armadas y la convocatoria al alistamiento masivo.

En un mensaje a la nación el pasado 29 de enero, pidió un compromiso firme y disciplinado para ganar la confrontación contra el M23 y Ruanda, a quien consideró el principal agresor.

Kinshasa se niega a dialogar con el M23, la condición impuesta por Kigali en diciembre para continuar con el Proceso de Luanda. Para las autoridades de la RDC es imposible dialogar con terroristas, como clasifican a ese grupo armado, además de que tienen la certeza de que el verdadero enemigo es el país que los sostiene.

Apartando las complejidades políticas de un conflicto que persiste en el tiempo, el resultado más doloroso son las 700 muertes y dos mil 800 heridos que contabilizó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) del 26 al 30 de enero en Goma, sin que hayan concluido las evaluaciones.

Las estructuras sanitarias colapsaron por la afluencia de pacientes, en tanto la falta de servicios básicos incrementan el riesgo de propagación de enfermedades como el cólera y el Mpox.

La canciller Thérèse Kayikwamba dijo ante el Consejo de Seguridad que en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur se registraron otros 500 mil desplazados en lo que va de año.

La cifra sólo agudiza la crisis humanitaria de la RDC, donde existen más de siete millones de desplazados internos y alrededor de 24 millones de congoleños, casi un cuarto de la población, viven en condiciones de inseguridad alimentaria, según cifras de las agencias de la ONU.

“Las necesidades humanitarias son enormes y la capacidad de respuesta está seriamente afectada”, subrayó el coordinador humanitario Bruno Lemarquis, quien reiteró la urgencia de la movilización internacional para evitar una catástrofe.

ENTRE LAS BALAS Y LA DIPLOMACIA

Pese al llamado a enfrentar a los agresores, la RDC no ha dejado de lado el esfuerzo diplomático para buscar una salida al conflicto. Tampoco Angola, mediador designado por la Unión Africana (UA), ha tirado la toalla.

A petición de Kinshasa y ante la gravedad de los acontecimientos, el Consejo de Seguridad de la ONU realizó dos reuniones de emergencia, durante las cuales la canciller congoleña denunció la presencia de militares ruandeses en la RDC.

Kayikwamba presentó una lista de cinco reivindicaciones urgentes: la retirada inmediata de las tropas ruandesas y el cese de las hostilidades y solicitó sanciones específicas contra la cadena de mando del ejército ruandés y los dirigentes políticos en Kigali.

También un embargo sobre los recursos naturales declarados como ruandeses, en particular el coltán y el oro; revocación de Ruanda como país contribuyente de tropas a las Naciones Unidas y transparencia total sobre las transferencias de armas a Ruanda, así como el cese inmediato de dichas entregas.

La ministra insistió en que la agresión no se limita a un conflicto regional, sino que constituye una amenaza a la estabilidad internacional, y advirtió que si Naciones Unidas no actúa con rapidez, “las calles tomarán el control”, en referencia a las manifestaciones que ya sucedieron en el país y que en la capital registraron agresiones a varias embajadas.

El presidente de Angola, João Lourenço, continuó con la labor de mediación, como parte de la cual se entrevistó personalmente con su homólogo de la RDC, Félix Tshisekedi, y dialogó telefónicamente con los mandatarios ruandés, Paul Kagame, y de Francia, Emmanuel Macron.

Lourenço pidió una cumbre Angola-RDC-Ruanda con carácter urgente en fecha por precisar, pero la retórica de un lado y de otro no parece vislumbrar un encuentro próximo.

El mandatario angoleño ha insistido en preservar los avances en el marco del Proceso de Luanda, como el alto el fuego, el acuerdo sobre la neutralización de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) y la retirada de las Fuerzas/Levantamiento de las Medidas de Seguridad adoptadas por Ruanda.

A esto se suman las exhortaciones al cese del fuego y el diálogo hechas por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la Comunidad para el África Oriental y la Comunidad para el Desarrollo del África Austral en sus cumbres extraordinarias y la visita a la RDC y Ruanda del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot.

Kinshasa reclama, sin embargo, que la comunidad internacional y la Unión Africana (UA) han sido pasivos ante el deterioro de la situación de seguridad y humanitaria en el este del país, al no adoptar medidas concretas.

En las declaraciones tanto del presidente Tshisekedi como de la canciller, remarcaron que Ruanda viola abiertamente y sin escrúpulos los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, así como los acuerdos regionales, y lo hace con total impunidad.

La presencia de miles de soldados ruandeses en el territorio congoleño, su apoyo político, logístico y militar a “sus títeres del M23”, y su implicación en la explotación ilegal de los recursos naturales de la RDC están llevando a una escalada de consecuencias impredecibles para toda la Región de los Grandes Lagos, valoró el mandatario congoleño.

CONFLICTO REGIONAL

La RDC tiene frontera con Ruanda, donde en los últimos días los enfrentamientos provocaron muertes del lado ruandés, además de las fronteras con otros ocho países.

Burundi, uno de ellos, señaló recientemente a Kigali como un factor de inestabilidad regional y acusó al Gobierno de Paul Kagame de armar y entrenar a refugiados burundeses.

“Si Ruanda continúa haciendo conquistas en el territorio congoleño también llegará a Burundi”, afirmó el presidente burundés, Évariste Ndayishimiye, quien consideró que la amenaza es válida para Tanzania, Uganda y Kenya.

En enero de 2024, Bujumbura decidió cerrar sus fronteras terrestres con Kigali, bajo acusaciones de apoyo al grupo rebelde RED-Tabara, activo en el este de la RDC, algo que Ruanda niega, aunque el tema fue confirmado por un informe de expertos de la ONU en julio pasado.

El mismo reporte señaló que Burundi reafirmó su relación con el Consejo Nacional para la Renovación y la Democracia-Fuerzas de Liberación Nacional (CNRD-FLN), además del apoyo activo de Uganda a los rebeldes del M23, a quienes permiten el paso por su territorio y facilitan cuestiones logísticas.

También las tensiones se incrementaron entre Sudáfrica y Ruanda por la participación del primero en la Misión de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (Samidrc) en apoyo al Ejército congoleño.

El presidente Paul Kagame, en su cuenta en la red social X acusó a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, de distorsionar sus conversaciones, de atacarlo deliberadamente y de mentir.

Kagame remarcó que la Samidrc “no es una fuerza de mantenimiento de la paz y no tiene cabida en esta situación”, y agregó que esa ayuda al Gobierno de Kinshasa “a luchar contra su propio pueblo, trabajando junto a grupos armados genocidas como las FDLR que atacan a Ruanda, al tiempo que amenazan con llevar la guerra a Ruanda misma”.

Amenazó que si Sudáfrica prefiere la confrontación, Ruanda tratará el asunto en ese contexto cualquier día.

COMPLEJIDADES PARA UNA SOLUCIÓN

Las ramificaciones del conflicto van incluso más allá del continente africano, dado el trasfondo económico y la complicidad de quienes adquieren minerales congoleños blanqueados.

Los rebeldes del M23 han negado que este sea el verdadero incentivo para su lucha y el pasado 31 de enero afirmaron que continuarían la ofensiva hasta llegar a Kinshasa.

“Luchamos por el Congo. No luchamos por los minerales”, afirmó uno de sus líderes, Corneille Nangaa, quien en diciembre del 2023 creó la plataforma político-militar “Alliance Fleuve Congo” (AFC, alianza del río Congo) a la cual sumó al M23, 17 partidos políticos, dos agrupaciones políticas y varios grupos armados.

De esta manera, el M23 pasó de un discurso en el que se presentaban como defensores de los tutsis que emigraron a territorio congoleño luego del genocidio en Ruanda en 1994, a mostrarse como defensores de los intereses de todos los congoleños.

A pesar de ello, el último informe del grupo de expertos de la ONU reveló que cada mes se extraen ilegalmente más de 150 toneladas de coltán del territorio congoleño y se transportan a Ruanda, donde se etiquetan para su exportación.

La jefa de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, Bintou Keita, llamó la atención en septiembre pasado sobre el hecho de que el M23 tomó control sobre las zonas productoras de coltán en Kivu Norte, donde sólo el área de Rubaya se estima que abastece a más del 15 por ciento de la producción mundial de tantalio, lo que genera aproximadamente 300 mil dólares mensuales.

Las ciudades de Goma, Sake, Minova y Masisi son rutas críticas de la cadena logística, además de que también tienen dominio sobre los enclaves mineros de Lumbishi, Bumbi y Shanje.

Con semejante riqueza en las manos y grandes conglomerados tecnológicos y potencias de todo el mundo dispuestos a comprarlas y mirar hacia otro lado, con tantos intereses geopolíticos y heridas por sanar, será difícil callar las armas y poner, en primer lugar, al sufrido pueblo congoleño.

arc/kmg