Por Adriana Robreño

Corresponsal jefe en Ecuador

La chispa del levantamiento fue la eliminación del subsidio al diésel el 13 de septiembre, que elevó el costo del galón de 1,80 a 2,80 dólares.

Luego, además de la restitución del subsidio, le siguieron otras demandas como retornar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 12 por ciento, aumento del salario mínimo, mejores condiciones para salud y educación, atender la inseguridad, frenar el extractivismo y otras.

El paro lo convocó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y su epicentro, en la provincia de Imbabura, aunque también en otros puntos se registraron bloqueos, enfrentamientos, y represión que dejaron un saldo de tres muertos, cientos de heridos y detenidos. El Ejecutivo, liderado por Daniel Noboa, se negó a dar marcha atrás con la medida del combustible que encarece el costo de la vida y responde a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con el exministro de Finanzas Carlos de la Torre, esa decisión que eleva el valor del diésel, va a impactar de forma notable en toda la composición de precios, pero todavía no se siente el efecto completo por lo reciente de la medida y los valores de bienes y servicios tardan en ajustarse.

“Esta medida la sentiremos en toda su magnitud en los primeros meses de 2026”, comentó el experto en entrevista con la emisora local Radio Pichincha.

DENUNCIAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, confirmó el 22 de octubre el cese del paro frente a lo que describió como una “brutal represión”.

Asambleístas de oposición presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y acusaron a las fuerzas estatales de cometer graves violaciones durante la represión de las manifestaciones, por lo que solicitaron medidas de apoyo para las víctimas.

Organizaciones de derechos humanos registraron unos 300 heridos, mientras que la Policía detuvo a 142 personas, entre ellas comuneros procesados por terrorismo, conocidos como los “12 de Otavalo”, que finalmente responderán al proceso en libertad.

Noboa agradeció a la Policía y las Fuerzas Armadas por las acciones para controlar las protestas, pese a los cuestionamientos a los uniformados que, incluso, reconocieron ante el Legislativo el uso excesivo de la fuerza en la muerte del comunero Efraín Fuerez, caso bajo investigación.

Asimismo, el presidente defendió su gestión frente al levantamiento y en una entrevista con la cadena estadounidense CNN señaló que el paro se politizó.

“Lo dejaron de hacer como una lucha por la gente y se volvió una lucha política”, declaró el mandatario que se refirió al ataque de manifestantes a la caravana donde iba en la provincia sureña de Cañar y a un presunto intento de envenenamiento.

En tanto, un grupo de expertos y relatores de Naciones Unidas expresó preocupación por la represión en Ecuador contra manifestantes.

“La respuesta militar a las protestas sociales, junto con la recurrente declaración de estados de excepción desde enero de 2024, son incompatibles con la obligación del Estado de proteger y facilitar el derecho a la manifestación pacífica”, destacaron en un pronunciamiento desde Ginebra.

ESTRATEGIA DE NOBOA

El paro acabó sin que el jefe del Ejecutivo derogara el decreto con el cual eliminó el subsidio al diésel.

“Ser arrecho (valiente, intransigente) no era una opción, era una obligación”, dijo el mandatario en un acto público el 24 de octubre en relación a su postura frente a las manifestaciones.

La estrategia de Noboa, como la militarización de algunas ciudades, el traslado del ejecutivo fuera de la capital, así como el anuncio de varios bonos para agricultores y otros sectores, hicieron que la Conaie no pudiera movilizar a su base como lo consiguió en 2019 y 2022.

En primera instancia, ofreció compensaciones temporales para transportistas en aras de evitar, al menos por un tiempo de entre seis y ocho meses, el alza de los precios y también el levantamiento de ese gremio.

Además, con el Bono Raíces, propuso entregar de mil a 100 mil dólares a pequeños agricultores y, con el Bono de chatarrización, prometió la entrega de hasta 23 mil dólares a transportistas que renueven sus vehículos, con crédito anual de nueve por ciento.

Esos ofrecimientos se concentraron en provincias como Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo, donde el movimiento indígena tiene mayor influencia.

Las transferencias alivian la presión social y dan un respiro a las familias afectadas por el alza del combustible y los precios, pero a largo plazo, sin reformas estructurales, aumentan la dependencia del Estado, señalan analistas.

Tras el anuncio del fin del paro, Noboa informó sobre la reducción de dos centavos de dólares en el precio del galón del diésel a partir del 15 de diciembre, una medida considerada “demagógica” por el economista Carlos de la Torre.

El especialista señala que el Gobierno “va a necesitar recursos para las dádivas que debe a los perjudicados del paro, a los transportistas, con la presión del FMI y el cumplimiento de los compromisos de 2026… Que no nos sorprenda si nos quita el subsidio al gas, o si hay un ajuste a la base impositiva del IVA”.

DESCONTENTO SOCIAL, ¿POR QUÉ?

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que desde el año 2024 no hubo cambios significativos en los indicadores de empleo y pobreza.

Actualmente, la tasa de pobreza se ubica en un 24 por ciento y la pobreza extrema en 10, mientras que el empleo informal domina el mercado laboral.

En el nivel social también persisten las denuncias de la crisis en la salud pública, desangrada con recortes presupuestarios por más de 400 millones de dólares.

A esa situación se suma la crisis de seguridad, con seis mil 799 homicidios de enero a septiembre, evidencia de cómo los recurrentes estados de excepción y la militarización no son la solución al crimen organizado, presente con mayor incidencia en provincias de la costa.

El Gobierno afirma que trabaja para solucionar todas esas problemáticas y para ello propone una consulta popular y referendo que incluye cuatro preguntas, entre ellas la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para renovar la Constitución.

Además, el presidente Noboa busca aprobar en la cita electoral del venidero 16 de noviembre modificaciones a la actual Carta Magna, como la instalación de bases militares extranjeras, el fin del financiamiento público a organizaciones políticas y la reducción de legisladores.

“Las cuatro preguntas de la consulta popular apuntan al mismo relato y es restarle al país soberanía, quitar derechos y, por lo tanto, reducir la democracia”, señaló la cineasta y exasambleísta Constituyente Tania Hermida.

La artista cuestionó la narrativa gubernamenal de considerar que en la Constitución actual hay demasiados derechos y aseguró que en la vigente ley de leyes contiene justamente mecanismos de garantías de derechos.

Por otro lado, muchos se preguntan si tantos días de protestas resolvieron algo, ya que el Gobierno mantiene la medida del diésel, aunque anunció una rebaja en los próximos meses.

Para el exvicecanciller Kintto Lucas, el paro no terminó como se hubiese deseado, pero fue fundamental para posicionar el descontento de la gente con un Gobierno al que calificó de “neoliberal- fascista”.

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