Por Fady Marouf

Corresponsal jefe en Siria

Los recientes hechos de violencia sectaria en la costa alimentaron las demandas locales e internacionales para la expulsión de esos combatientes y la búsqueda de una solución radical al problema.

Las actuales autoridades sirias defienden su integración en la sociedad y las instituciones militares, con el argumento de que su número es pequeño y no puede afectar la composición del establecimiento castrense, así como ofrecieron garantías de que no representarían amenaza alguna para ningún otro país.

Se carecen de estadísticas precisas sobre el número de los extranjeros participantes en los combates durante los 14 años de la guerra en Siria, pero un informe publicado por el Centro de Estudios “Jusoor” estimó su número y el de sus familias en alrededor de cinco mil personas.

Aclaró que esos irregulares son originarios de Chechenia, Turkestán Oriental (uigures), Túnez, Argelia, Jordania, Marruecos, Egipto, Arabia Saudita, Sudán, Türkiye, Kosovo, Albania, Montenegro, Serbia, Macedonia del Norte, Francia, Uzbekistán, Tayikistán y Azerbaiyán, entre otros.

Un gran número de ellos se unieron al Frente Al-Nousra que se convirtió luego en Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que encabezó el grupo de facciones islamistas que llegó al poder tras derrocar al presidente Bashar Al-Assad el 8 de diciembre pasado.

Hoy, las autoridades sirias tienen ante sí decisiones complejas para resolver esta cuestión, que implica integrar estos combatientes a la sociedad y aceptarlos como ciudadanos comunes.

Esa medida acarrearía la condición de que no representen amenaza alguna hacia el exterior de Siria, acepten el orden público y no formen organizaciones.

El escenario afgano es el aceptable para los sirios y se basa en devolver a esos combatientes y sus familias a sus países de origen, mientras el modelo iraquí implica un traslado de esos individuos a otros campos de batalla.

En medio de la constante presión estadounidense y occidental, los combatientes extranjeros constituyen uno de los desafíos más importantes para Damasco en cuanto a lograr estabilidad política y económica.

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Levante y Siria, Natasha Franceschi, entregó una lista de demandas al ministro sirio de Asuntos Exteriores, Asaad Al-Shaibani, en la cual enfatizó en la necesidad de impedir que esos irregulares asuman posiciones de liderazgo en el gobierno.

De igual manera, Washington exigió la destrucción de cualquier arsenal de armas químicas y la cooperación en la lucha contra el terrorismo. La presión no está siendo ejercida solo por Estados Unidos sino por otros países occidentales que expresaron su preocupación por el trato que dan las autoridades sirias a los combatientes extranjeros, en particular a aquellos vinculados a facciones extremistas.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Christophe Lemoine, afirmó que «no hay un cheque en blanco para las nuevas autoridades sirias. Estas últimas deben demostrar su compromiso con la estabilidad y la cooperación internacional».

Según el especialista en grupos yihadistas, Arabi Arabi, en declaraciones para el portal Syria 24, “en la era moderna, observamos que combatientes extranjeros forman parte de los ejércitos de muchas naciones países. En Francia, por ejemplo, hay más de 50 mil voluntarios extranjeros que obtienen la ciudadanía tras un período de servicio, y en Estados Unidos, su número alcanza los 150 mil, que reciben su salario y la ciudadanía después de 7 o 10 años”.

Señaló que la mayoría de estos combatientes se han integrado a la sociedad siria a través del matrimonio y los hijos, lo que reduce su riesgo para la seguridad interna, pues se han convertido en parte del tejido social local, y esto mejora su estabilidad si respetan las leyes.

Sin embargo, Arabi advirtió sobre un pequeño grupo que podría adoptar ideas extremistas como la “yihad transfronteriza”, y éstos representan una amenaza interna mayor que la externa y deben ser combatidos estrictamente, y se requiere de su exclusión y expulsión.

Sugirió como solución distribuir a los combatientes extranjeros equitativamente entre las unidades militares y las zonas geográficas de Siria, para garantizar que no se concentren en un sector o región específicos, lo que podría generar preocupaciones externas.

Por su parte, el analista político y escritor Darwish Khalifa cree que “la presencia de combatientes extranjeros dentro de las filas de las Nuevas Fuerzas Sirias constituye un obstáculo para el levantamiento de las sanciones y los esfuerzos del gobierno encaminados a lograr la estabilidad política y el desarrollo económico y social”.

Ese asunto genera preocupación entre los países vecinos y occidentales, que abrieron canales diplomáticos con Damasco en la esperanza de generar confianza de respuesta a demandas sobre la negación a ocupar altos cargos oficiales para combatientes extranjeros.

Y también controlar su comportamiento hacia los diversos componentes ideológicos de Siria, explicó.

Hoy en día, el gobierno sirio se ve ante la siguiente alternativa: o bien integrar a esos elementos en el ejército sin concederles puestos de mando, o negociar con sus países para que los devuelvan sin juicio ni liquidación.

Aunque algunos lo ven como una amenaza limitada que puede gestionarse con sabiduría, otros advierten de sus repercusiones para las relaciones internacionales y la estabilidad regional.

arc/fm