Por Nicholas Valdés
De la redacción de Asia y Oceanía
El inicio del caos
El 3 de diciembre, Yoon declaró la ley marcial de emergencia en el país y acusó a la oposición de paralizar al gobierno con “actividades antiestatales”, pero horas más tarde, la Asamblea Nacional votó a favor de demandar que el mandatario levantase la medida.
La medida de excepción se registró después que la principal oposición, el Partido Democrático, aprobara un día antes –y por la vía rápida- un proyecto de ley de presupuesto reducido en el Comité de Presupuesto Parlamentario, y presentara mociones de destitución contra el auditor estatal y el fiscal jefe.
El jefe de Estado subrayó en una declaración televisada que 22 mociones de destitución han sido presentadas contra funcionarios desde su investidura, en mayo de 2022; mientras que la oposición lleva a cabo su décimo intento de destitución desde que se convocó la 22ª Asamblea Nacional, en junio pasado.
Se trata de una situación sin precedentes en la historia del país y en la política mundial. Estas acciones han obstaculizado significativamente la función del poder ejecutivo, añadió.
En cuanto al proyecto de ley de presupuesto reducido, Yoon señaló que las reducciones socavan las funciones esenciales del Gobierno, incluida la prevención de los crímenes de drogas y las medidas de seguridad pública, diciendo que ha empujado al país a convertirse en un “paraíso para las drogas y ha dejado la seguridad pública en estado de crisis.
El presupuesto reducido fue aprobado en la última semana de noviembre durante una sesión plenaria del comité especial parlamentario sobre el presupuesto y cuentas, controlado por el opositor Partido Democrático (DP).
Se trata de una propuesta de 677,4 billones de wones (485,3 millones de dólares) para el presupuesto nacional de 2025; 4,1 billones de wones (2,9 millones de dólares) menos que el plan inicial presentado por el Gobierno.
Los recortes apuntan a la totalidad de los fondos asignados para “actividades especiales” de la secretaría de la oficina presidencial y la oficina de seguridad nacional; así como a los de la fiscalía, la Junta de Auditoría e Inspección y la policía.
El presupuesto enmendado también reduce a la mitad el fondo de reserva gubernamental, de 4,8 billones de wones (3,4 millones de dólares) a 2,4 billones de wones (1.7 millones de dólares).
Yoon acusó al DP de utilizar proyectos de ley presupuestarios y mociones de destitución como herramientas políticas para proteger al líder del partido, Lee Jae-myung, quien en la actualidad se enfrenta a varios juicios.
Declaró que la ley marcial estaba dirigida a la erradicación de las fuerzas a favor de la República Popular Democrática de Corea y a proteger el orden constitucional de libertad.
Esta supuso la primera declaración de ley marcial de emergencia en Corea del Sur desde 1979.
De conformidad con la Constitución surcoreana, el presidente puede declarar la ley marcial en respuesta a las necesidades militares durante tiempos de guerra, conflicto armado, emergencia nacional, o cuando la seguridad y el órden públicos lo requieran.
Tras la declaración, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Park An-su, quien fue nombrado líder del comando de la ley marcial, anunció un decreto en el que prohibía todas las actividades políticas, incluidas las protestas y las actividades de los partidos políticos.
La respuesta del Parlamento
Durante las tensas horas bajo la ley marcial, fuerzas fuertemente armadas rodearon la sede del Parlamento, respaldadas por helicópteros del Ejército y vehículos blindados. Los legisladores escalaron muros para entrar al edificio y repelieron a las tropas con extintores de incendios.
Alrededor de la una de la madrugada del 4 de diciembre (hora local), la Asamblea Nacional convocó una sesión plenaria con los diputados que lograron ingresar al inmueble para demandar que Yoon levantase la ley marcial, resolución que fue aprobada con 190 legisladores presentes, de 300 miembros, y 190 votos a favor.
Con la aprobación de la moción, la declaración de la ley marcial quedó anulada, pues conforme a la propia Constitución de Corea del Sur, la ley marcial debe ser levantada si una mayoría parlamentaria exige su fin.
El presidente expresó que la Asamblea Nacional se ha vuelto un refugio para criminales, paralizando los sistemas judicial y administrativo, e intentando derrocar el sistema democrático liberal mediante una dictadura legislativa.
Con 170 escaños en el Parlamento de 300 miembros, el Partido Democrático tiene la capacidad de revocar la ley marcial por mayoría de voto.
Sin embargo, Han Dong-hoon, líder del gobernante Partido del Poder del Pueblo (el propio partido de Yoon), también apuntó que la declaración de la ley marcial del presidente era errónea y que la bloquearía junto con el pueblo.
El desmoronamiento del Ejecutivo
El mismo miércoles, el presidente Yoon Suk Yeol convocó una reunión del gabinete y aprobó la moción para levantar la ley marcial de emergencia, votada solo par de horas antes por la Asamblea Nacional.
Un día después, el 5 de diciembre, Yoon aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, en medio de la creciente controversia en torno a su papel en la declaración de la ley marcial. Kim, quien propuso al mandatario surcoreano la declaración de la ley marcial, ofreció dimitir el miércoles después de que la radical medida no fructificara en el Parlamento.
Para suceder a Kim, Yoon nominó a Choi Byung-hyuk, un general de cuatro estrellas retirado, quien funge actualmente como embajador de Corea del Sur en Arabia Saudita.
No obstante, la policía inició una investigación sobre los cargos de que el propio jefe de Estado cometió traición al declarar la ley marcial.
La pesquisa corre a cargo del equipo de investigación de seguridad, dependiente de la Oficina Nacional de Investigación de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur después de que se presentaran dos denuncias.
La primera de ellas fue presentada por el partido opositor minoritario Partido de Reconstrucción de Corea, mientras que la otra la realizó un grupo formado por 59 activistas.
Las denuncias no solo acusan a Yoon, sino también al exministro de Defensa Kim Yong-hyun; al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Park An-su; y al ministro del Interior y Seguridad, Lee Sang-min, por traición y otros cargos relacionados con sus roles en la declaración de la ley marcial.
La fiscalía y la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango también recibieron denuncias que acusaban de traición a Yoon, y se encuentran estudiando si llevar a cabo sus propias investigaciones o transferirlas a la policía.
Incertidumbre política
Escenas como las vividas en Corea del Sur en los últimos días pueden ser inconcebibles para muchos en la actualidad. Pero esa nación no se convirtió en una democracia hasta finales de la década de 1980, y la intervención militar en asuntos civiles sigue siendo un tema delicado.
Durante las dictaduras que surgieron mientras el país se reconstruía tras la Guerra de Corea (1950-1953), distintos líderes proclamaron de forma ocasional la ley marcial, que les permitía estacionar soldados, tanques y vehículos blindados en las calles o lugares públicos para prevenir manifestaciones antigubernamentales.
Park Chung-hee, quien gobernó durante casi 20 años antes de ser asesinado por su jefe de Inteligencia en 1979, lideró a varios miles de soldados en Seúl en las primeras horas del 16 de mayo de 1961, en el primer golpe de Estado del país.
Menos de dos meses después de la muerte de Park, el general de división Chun Doo-hwan lideró tanques y tropas en Seúl en diciembre de 1979 en el segundo golpe de Estado del país. Al año siguiente, orquestó una represión militar en un levantamiento en la ciudad sureña de Gwangju, que mató al menos a 200 personas.
No fue hasta el verano de 1987, que protestas callejeras masivas obligaron al gobierno de Chun a aceptar las primeras elecciones presidenciales directas, ganadas por su compañero del Ejército, Roh Tae-woo, gracias en gran parte a los votos divididos entre los candidatos de la oposición progresista.
Y esas divisiones políticas se mantienen hasta nuestros días. Desde que asumió el cargo en 2022, el presidente Yoon Suk Yeol ha tenido poco éxito en aprobar sus medidas en un Parlamento controlado por la oposición.
Expertos y analistas creen que los movimientos de la oposición son una venganza política por las presentes investigaciones contra el líder del Partido Democrático Lee Jae-myung, favorito para las próximas elecciones presidenciales en 2027.
arc/nvo
