Por Martin Hacthoun

Corresponsal jefe en Argentina

El Instituto Nacional de Teatro (INT) es uno de los más duramente afligidos pues lo descabezan y eliminan sus representaciones provinciales, lo disminuyen, le quitan su autonomía y lo supeditan a una oficina de la Secretaría de Cultura que dirige Leonardo Cifelli, uno de los impulsores de estos decretos.

Las medidas responden a la política de recortes presupuestarios y reestructuraciones en el Estado, concebidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de conjunto con Cifelli, y anunciadas por el vocero Manuel Adorni.

Según el portavoz, son para ahorrar fondos, tener mayor organización estatal y eliminar “militancia” de esas instituciones.

En el anuncio, Adorni incluso se refirió a las instituciones culturales como “inútiles”. El Sindicato de Trabajadores de la Cultura (ATE Cultura) inmediatamente respondió en un comunicado que “inútiles son los 260 trolls que Adorni mantiene en redes sociales”.

Al igual que el INT, el Museo Sitio de la Memoria ESMA, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), el Instituto Juan Domingo Perón, y otras instituciones culturales y de conservación histórica cayeron bajo el filo de la motosierra.

El Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Kirchner (CCK) y la gran feria de cultura y ciencia Tecnópolis también sufren transformaciones, al pasar a ser lo que el Ejecutivo ahora llama “unidades organizativas” de la Secretaría de Cultura que ya había dejado de ser ministerio, para convertirlas en entidades autofinanciadas.

Uno de los decretos disuelve el consejo de dirección y la representación provincial del INT, entidad cultural que tenía autonomía e ingresaba fondos propios, y ahora deberá depender de la Secretaría de Cultura.

El INT tenía carácter descentralizado y contaba con Servicio Administrativo Financiero propio; es decir, que los fondos del Tesoro Nacional le llegaban directamente, sin pasar por la Secretaría de Cultura, como sucede en los otros casos.

Eso se replica para los institutos nacionales Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas, así como para las comisiones nacionales de Bibliotecas Populares, de Monumentos y de Lugares y Bienes Históricos, ya desconcentrados. Además, el gobierno clausuró el Instituto Juan Domingo Perón.

Quedan disueltos también los institutos Browniano, Newberiano, Belgraniano y sus trabajadores fueron despedidos.

El gremio también cuestionó la conformación de un consejo ad honorem para varias de ellas: “Es gente que no va a trabajar 100 por ciento para el organismo, como está sucediendo en el Fondo Nacional de las Artes”, aseguró.

La reacción de referentes del sector no se hizo esperar. ATE Cultura denunció en un comunicado que los decretos del gobierno que degradan, funden y disuelven institutos y espacios fundamentales impactan gravemente la esfera cultural y el progresivo deterioro de los salarios de los trabajadores.

El INT estaba en el ojo de la tormenta desde fines de 2023, cuando la Ley Ómnibus estipulaba su eliminación. Desde entonces la Asociación Argentina de Teatro Independiente (Artei) lo viene defendiendo.

Ahora esta modificación de la Ley Nacional de Teatro Independiente constituye “una afrenta a la cultura y al trabajo de toda la comunidad teatral que, por décadas, se desarrolló y creció alrededor de esta política de Estado defendida, hasta hoy, por los más diversos gobiernos desde 1997”.

Artei desmintió que la plantilla de trabajadores del instituto esté “sobredimensionada”; por el contrario, es “escasa”, sostuvo e instó a que “la solución no es despedir gente, sino aumentar el presupuesto total”.

Recordó que los representantes del INT eran elegidos por concurso público, el consejo de dirección del organismo era un “ámbito democrático fundamental para el debate y la asignación equitativa de recursos”.

Sin la descentralización y el consejo, el INT conservará apenas su “nombre”, transformándose en una simple dirección, advirtió.

Otras entidades, como la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, y la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica rechazaron la medida.

Rubens Correa, Raúl Brambilla, Guillermo Parodi, Marcelo Allasino y Gustavo Uano, exdirectores del instituto, emitieron un comunicado con su “más enérgico repudio” a la decisión de degradar y centralizar el INT.

“Su carácter descentralizado, federal y colegiado permitió que miles de proyectos, festivales, espacios y comunidades teatrales florecieran en todas las provincias”, destacaron.

Manuel Cullén, delegado de ATE Cultura en el Consejo Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), también advirtió que de este organismo quedará el nombre, porque “las decisiones que hasta hoy tomaba dependen ahora de la Secretaría, que manejará la plata de las bibliotecas populares”.

Eso implicará –prevé- el “vaciamiento de la representación federal” y un peligro para “el financiamiento, los programas y puestos de trabajo en un organismo que ya perdió durante esta gestión más del 30 por ciento de su personal por despidos, jubilaciones y renuncias por bajos salarios”.

El Sindicato de Trabajadorxs Bibliotecarixs de la Argentina también rechazó la degradación con un comunicado.

Por su parte, los delegados de la Comisión Nacional de Monumentos, Eduardo de Bianchetti y María Teresa Margaretic, denunciaron que “la voluntad del Gobierno lo único que persigue es desacreditar al organismo y reducirlo a una unidad organizativa de mínima importancia, y es porque en realidad poco le importa el resguardo de los monumentos y la memoria histórica de los argentinos”.

El pasado 22 de mayo, el Museo de la ESMA celebró el décimo aniversario de su fundación; era una jornada de festejo, pero el júbilo se trastocó en enojo y repudio pues el gobierno escogió ese día para anunciar sus decretos que degradaron esa importante institución, así como a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH).

La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que la última dictadura cívico-militar utilizó como centro de tortura y exterminio, fue convertida en Museo hace 10 años por decisión del gobierno de Cristina Fernández y hace dos declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad.

Tras sostener que instituciones como el Museo de la ESMA son imprescindibles para la democracia, Guillermo Pérez Roisinblit, uno de los nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo, aseveró que “detrás de cada intento de achicamiento del Estado en materia de derechos humanos, se esconde la ya conocida y añeja estrategia de ocultar lo ocurrido para garantizar impunidad”.

Se conocía desde hace ya un tiempo que se preparaba un acto en el Museo de la ESMA para celebrar su decenio el 22 de mayo. No fue casualidad que la administración eligiera ese día para publicar dos decretos que atentaban directamente contra la política de Memoria, Verdad y Justicia, señaló Luciana Bertoia en un artículo en el diario Página 12.

Milei degradó la SDH a subsecretaría, y decretó que el Museo Sitio de la Memoria ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria pasen a depender de otra institución, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh), que está sin dirección. Según Bertoia, todo indica que quedaría en manos de Ana Belén Mármora, una activista antiderechos.

La transformación de la SDH en una subsecretaría contempla un recorte del 40 por ciento de su estructura y un 30 por ciento de su personal, como parte de la nueva medida de ajuste estatal.

“Los espacios de memoria no son lujos culturales ni caprichos ideológicos; son instrumentos concretos para fortalecer la democracia y evitar el regreso del horror con otros rostros”, afirmó Pérez Roisinblit al intervenir en la conmemoración el 22 de mayo.

arb/mml/mh