Luis Ernesto Guerra*, colaborador de Prensa Latina
Estado culpable de desaparición forzada
La jueza constitucional Tanya Loor Zambrano aceptó el recurso de habeas corpus presentado por los padres de los cuatro niños desaparecidos en Guayaquil el pasado 8 de diciembre. En su decisión, calificó el caso de desaparición forzada y responsabilizó al Estado por lo ocurrido.
Como parte de las disposiciones, ordenó iniciar acciones inmediatas para localizar a los menores, ofrecer apoyo psicológico a las familias afectadas y establecer una comisión independiente que investigue a fondo el caso. La Defensoría del Pueblo fue instruida para capacitar a las Fuerzas Armadas en el manejo de situaciones relacionadas con menores, mientras que el Ministerio de Defensa dispuso la custodia militar de los 16 efectivos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) involucrados. Estos serán sometidos a procesos disciplinarios, y la Fiscalía General del Estado ha solicitado la formulación de cargos en su contra. Según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la desaparición forzada se sanciona con penas de 22 a 26 años de prisión, agravándose cuando las víctimas son menores de edad.
El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU emitió medidas urgentes, exigiendo una búsqueda inmediata de los niños desaparecidos. También estableció como plazo el 7 de enero de 2025 para que el Gobierno ecuatoriano informe sobre los avances y acciones tomadas en este caso, que ha conmocionado al país y requiere una respuesta efectiva de las instituciones.
El Ecuador tiene antecedentes del cometimiento de desaparición forzada, tortura, juzgamientos y ejecuciones extrajudiciales hasta rayar en el asesinato, cometido en un régimen neoliberal de tinte neofascista con los mismos rasgos y características muy similares al actual de Daniel Noboa Azín.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define este delito como la privación de libertad de una persona por parte de agentes del Estado o de personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia. También establece que la desaparición forzada se produce cuando se niega a reconocer la privación de libertad o se oculta el paradero de la persona desaparecida. Concomitante se configura como un delito de lesa humanidad, un crimen de Estado, perpetrado contra sus ciudadanos, contra el ser humano, que vulnera sus derechos esenciales.
La Fiscalía Ecuador manifiesta que se caracteriza por un ataque sistemático, como parte de una política estatal de eliminación selectiva a los opositores de un régimen.
En el caso específico de los cuatro niños continúan desaparecidos hasta la presente fecha.
Un general en servicio pasivo excomandante del Ejército ecuatoriano manifestó que es repudiable y lamentable el hecho acontecido, expresión del denominado Conflicto Armado Interno (CAI) y los recurrentes estados de excepción, que desnudan violaciones de derechos humanos fundamentales.
¿Qué dice la Organización de las Naciones Unidas(ONU) sobre la desaparición forzada?
Nadie será sometido a una desaparición forzada. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.
Desaparecer niños ya no es nuevo en el Ecuador.
¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!, el grito expresado en plantones por niños de Las Malvinas desaparecidos.
El Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas establece garantías en cuanto a la prohibición de la detención clandestina de cualquier persona en cualquier lugar. Confirma, además, que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad.
¿Crimen de Estado?
¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!” fue parte de los gritos que se replicaron en los bajos del edificio de la Fiscalía, en las calles Córdova y Víctor Manuel Rendón, en el centro de Guayaquil.
Unas cien personas se congregaron para pedir el hallazgo pronto de los cuatro niños desaparecidos en el sur de Guayaquil desde el 8 de diciembre anterior. Hay video.
Los cuatro niños se encontraban cerca de una panadería del sur de Guayaquil cuando fueron abordados por militares. Desde ese entonces, su paradero es desconocido.
Esto significa una abrupta y fragrante violación de la Constitución, Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Convención Internacional de los Derechos del Niño, e instrumentos internacionales en materia específica de Derechos Humanos.
El Presidente Daniel Noboa, respecto a los niños de Las Malvinas expresó: “He sugerido que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales”.
La declaratoria de Héroes Nacionales no cumple con la Ley y su articulado. Se presume que los niños no están con vida. El Presidente debe conocer mucho más y decir la verdad.
Al parecer se está admitiendo la desaparición forzada.
Esta figura utilizada por el Presidente Noboa, es una peligrosa utilización del CAI, no estamos en guerra interna, se crea el escenario propicio y adecuado para la violación de derechos humanos, en un contexto de permanente impunidad, con participación de las más altas autoridades del Estado; no se está garantizando el disfrute, plena garantía y ejercicio de derechos humanos.
La declaratoria del Bloque de Seguridad, conformado por Ministerio de Defensa Nacional, Jefe Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandante General de Policía, evidencia al parecer el ocultamiento de la impunidad, de posicionar una narrativa de “nosotros no hicimos nada”. ¿Qué es el bloque de seguridad de Ecuador?
El Bloque de Seguridad es una fuerza operativa, conformada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Ecuador. Su objetivo es garantizar la seguridad integral del Estado.
No es competencia constitucional de las Fuerzas Armadas el control de la Seguridad Ciudadana. Se presume que existen más de mil desapariciones a las que se suma la forzada de los cuatro niños.
Cuando se cometen violaciones de derechos humanos no corresponde ni aplica la investigación de caso reservado como manifestó el Comandante General de la Policía.
Es contradictoria la declaración del ministro de Defensa, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al manifestar que se investigará lo acontecido. Ello denota y evidencia un tortuoso sendero que contribuye a la impunidad y dilatación de un hecho muy grave.
La existencia de Grupos de Delincuencia Organizada no justifica la declaratoria de Conflicto Armado Interno, que ha sido cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos.
“Necesitamos saber dónde están los niños, vivos se los llevaron y vivos los queremos de vuelta”.
Han expresado en varios plantones de la ciudadanía realizados en Guayaquil y Quito, respectivamente, así como diferentes organizaciones sociales y populares, colectivos de mujeres, de los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador.
Cuando se planifica acciones de Conflicto Armado Interno (CAI), son responsables quienes planean el operativo, quienes lo ejecutan y quienes emiten los resultados del mismo. Hay un grado directo en la desaparición de los niños, hecho ya configurado por Fiscalía.
La comunidad ecuatoriana demanda justicia, con verdad, sin impunidad.
Las imágenes del Ecuador en el concierto internacional desnudan la presencia de un software espía llamado Pegasus, de procedencia israelí, que actúa en contra de adversarios y opositores al régimen. El cometimiento de masacres carcelarias exponen un grave incumplimiento de los derechos humanos, falla en política de seguridad. La política pública de mano dura, no ha sido viable, como pudo evidenciarse en Plan Colombia, miles de jóvenes declarados como falsos positivos, qué significó una tenaz violación de derechos humanos. Existe un carácter selectivo de la violencia en contra de los empobrecidos y racializados por el régimen, como es el caso de los cuatro niños.
Las acciones narco delictivas tienen una conexión con el narco lavado de dinero proveniente del alcaloide que se lava en el sistema financiero.
Todo se dirige en contra de los excluidos y discriminados. El CAI, evidencia que los empobrecidos son la carne de cañón de recurrentes violaciones de derechos fundamentales y humanos cometidas por el régimen a través de las FF.AA. y la Policía.
La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que tiene todo el ícono e impronta del enemigo interno.
No es nuevo en Ecuador el cometimiento de este delito, en el régimen de León Febres Cordero, se perpetró un sinnúmero de delitos y algunos de ellos hasta ahora permanecen impunes, consumados por militares y policías.
Por mencionar la desaparición forzada de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismendi, aun el silencio cómplice flota rumbo a los 37 años, mientras su padre Pedro Restrepo, partió al Oriente Eterno el 24 de diciembre, quien permaneció conectado a un ventilador mecánico y que nos deja su ejemplo de lucha y defensa de los derechos humanos.
Cerca de cuatro décadas levantó su voz para que aparezcan sus hijos. Él, junto a Luz Elena Arismendi, su esposa y la madre de sus dos hijos, interpelaron y gritaron a diferentes regímenes y su hija María Fernanda ha plasmado en el cine documental la desaparición forzada en “Con mi corazón en Yambo”.
Noboa mencionó, en una entrevista en una Radio de Quito, que ha sugerido “que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales” y comentó también que ha pedido personalmente la intervención de la Fiscal General del Estado, en el caso y que exista cero impunidades.
“Estamos del lado de la justicia. Haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, la gente necesita respuesta. “No vamos a defender a nadie”, aseguró el mandatario.
Lo acontecido el 8 de diciembre con los cuatro niños evidencia que la declaración de Conflicto Armado Interno, ha provocado la ejecución de violaciones de derechos humanos.
Ser empobrecido y pertenecer al pueblo afroamericano desnuda indolencia e insensibilidad con tenaces dosis de xenofobia y racismo.
El secuestro, la desaparición forzada, la violación del derecho internacional, es un cristal con esquirlas diseminadas en el pueblo ecuatoriano por el régimen de Noboa.
Un agente de Unidad Antisecuestros del Ecuador (UNASE), manifestó que 16 militares miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana participaron en este secuestro y delito de desaparición forzada; los niños fueron vistos en el balde de una de las camionetas de seguridad y fueron llevados a la Base Aérea de Taura; la vestimenta se encontró en la Base Militar de Taura y en una camaronera a pocos kilómetros de distancia de esta base Militar. Existen videos del sistema de seguridad ciudadana proporcionado por el organismo municipal y que circulan en las redes sociales, que evidencian el maltrato físico al que fueron sometidos los niños.
Posteriormente, se encontraron el 24 de diciembre cuatro cadáveres incinerados en manglares de la parroquia rural Taura, perteneciente al Cantón Naranjal, a pocos kilómetros de la Base Aérea del mismo nombre. Un médico legista hizo reconocimiento antropológico y determinó que se realizará prueba de ADN, debido al grado de incineración de los cuerpos.
Se han realizado plantones de protesta y solidaridad por esta desaparición forzada, tanto en Guayaquil y Quito ciudad a la que se ha trasladado la indagación fiscal correspondiente.
Se presume que los cuatro niños fueron abandonados desnudos a pocos kilómetros de Taura.
Es de conocimiento que Fiscalía allanó la Base Militar de Taura.
Expresamos toda nuestra sincera solidaridad con los padres y madres de los niños desaparecidos.
Nos mueve y motiva el dolor, la denuncia del delito cometido por elementos de las Fuerzas Armadas.
Con el dinero del pueblo se les provee de armas, se les concede el uso legítimo de la fuerza.
El uso ilegítimo, el excesivo uso de la fuerza, configura una violación de derechos humanos, cometida por militares.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha observado al Ecuador por el cometimiento de recurrentes violaciones, durante la declaratoria de CAI. El surgimiento y presencia de Grupos de Delincuencia Organizada, que vienen perpetrando una imparable violencia criminal, está atado a la inseguridad que azota al pueblo ecuatoriano, sumada la crisis socioeconómica, caída del empleo, de la salud y educación, el apagón energético cerca de tres meses, que provocó pérdidas en miles de millones de dólares a todo el pueblo ecuatoriano y que en estos días, por ahora, se ha detenido.
La violencia criminal retornó a las prisiones que ha ido incrementando las datas de masacres carcelarias. El régimen ha declarado guerra a la inseguridad y violencia.
Empero, el crimen organizado, no ha desaparecido en el Ecuador, que tiene todas las características de Guerra Cognitiva, Plan Cóndor 2.0, en medio de una arena política de campaña electoral desde los primeros días de enero del 2025, rumbo al proceso electoral presidencial a realizarse el 9 de febrero del próximo año, en el cual el presidente actual es uno de los candidatos.
Por ahora los indicios encontrados en la desaparición forzada de los cuatro niños, involucran al régimen de Daniel Noboa Azín, que no podrá ser ocultada y tapada con una narrativa descontextualizada del hecho que enluta a las familias de los desaparecidos y al pueblo ecuatoriano, con un manto de impunidad.
Plan Fénix o Cóndor, evidencia que en el Ecuador la desaparición forzada y la tortura merodean en rededor de las calles valladas del Palacio de Carondelet, donde reside el Estado profundo de neoliberalismo libertario, autoritario, que ahora está salpicado de terribles violaciones de derechos humanos.
Qué indignación, nacer, crecer en un país, en donde las FF.AA. y la Policía Nacional no son garantía alguna para el pleno ejercicio de derechos fundamentales y humanos.
Parafraseando al gran refrán muy popular: “Menos gastos en militares y policías, más escuelas y hospitales”.
“Vivos se los llevaron, vivos deben regresar, vivos los queremos”.
Ser empobrecido en el Ecuador, portar un tatuaje, configura una terrible racialización que puede derivar en violación de derechos humanos.
*Analista político. Mediador de conflictos sociales. Secretario Ejecutivo Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU). Columnista de Correo del ALBA. Colaborador con artículos en: Ruta Crítica, Revista Virtual Partido Comunista de Brasil (PCB) y otros.
rmh/leg
