Por Adriana Robreño

Corresponsal jefa en Ecuador

Esta nación sudamericana registró al menos ocho mil 393 asesinatos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, según datos del Ministerio del Interior que no incluyen las muertes violentas de diciembre.

Ese total supera ampliamente las cifras de 2023, hasta ahora considerado el periodo más violento de la historia nacional, y expertos estiman que el país cerrará el año con más de nueve mil 100 homicidios y una tasa estimada de más de 50 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Con esos números, Ecuador se consolidó como uno de los países con mayor violencia letal de América Latina y el Caribe, pese a la implementación de estados de excepción y estrategias de militarización de las calles.

Incluso, el Índice de Conflictos y Violencia Política 2025, un informe anual elaborado por la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, ubicó al país andino en el sexto lugar de los Estados más peligrosos del mundo por la letalidad, el peligro para los civiles, la difusión geográfica y el número de grupos armados.

Analistas atribuyen el aumento de homicidios a la expansión y fragmentación de las organizaciones criminales, la disputa territorial por economías ilegales -como narcotráfico, minería informal y extorsión- y la debilidad del control estatal en zonas urbanas, rurales y periurbanas.

Hechos como ataques armados en calles, asesinatos múltiples en barrios residenciales y masacres en espacios públicos marcaron la agenda informativa y reforzaron la percepción de que el control del Estado sigue siendo limitado.

De manera general, el ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó el aumento de los homicidios intencionales en el país durante 2025 a la captura de cabecillas de organizaciones criminales.

ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y CUESTIONAMIENTOS LEGALES

La respuesta del Gobierno a esta situación estuvo marcada por la aplicación reiterada de estados de excepción y el despliegue de militares en tareas de seguridad interna.

El Ejecutivo defendió estas medidas como necesarias para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales y proteger a la población.

Sin embargo, juristas y expertos señalaron que el uso prolongado de mecanismos excepcionales debilitó controles institucionales y generó denuncias por vulneraciones de derechos, sin lograr una reducción sostenida de la violencia.

La Corte Constitucional y organismos internacionales mantuvieron bajo observación varias de estas decisiones.

De hecho, el presidente Daniel Noboa y sus simpatizantes llegaron a culpar a la Corte Constitucional y a sus magistrados por la crisis de seguridad por anular leyes aprobadas previamente por el Legislativo, bajo control del oficialismo.

Entre las normativas suspendidas están la Ley de Solidaridad Nacional, que reconocía la existencia de un conflicto armado interno y habilitaba indultos presidenciales diferidos.

También está en ese caso la Ley de Inteligencia, cuyos artículos permitían vigilancia sin control judicial y acceso a bases de datos sin autorización, así como el requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones.

A los cuestionamientos por la permanente militarización se suman las denuncias de organizaciones de derechos humanos de las desapariciones forzadas de ciudadanos.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) afirma que en Ecuador existen al menos 43 casos de este tipo desde que en 2024 el mandatario Daniel Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno y las Fuerzas Armadas pasaron a liderar los operativos.

El CDH sostiene que el caso conocido como Las Malvinas, referido a la desaparición y posterior asesinato de cuatro menores de Guayaquil, es apenas la punta del iceberg de la problemática.

CRISIS EN LAS CÁRCELES: VIOLENCIA, TUBERCULOSIS Y MUERTOS

Mientras en las calles, fundamentalmente de la región de la costa, persisten los crímenes, el sistema penitenciario ecuatoriano se mantuvo también como un foco de violencia y colapso sanitario durante 2025.

El pasado 9 de noviembre al menos 30 reos murieron por presunta asfixia en una cárcel del sur del país y un mes después 13 presos fallecieron tras la explosión de un artefacto en los exteriores del mismo centro penitenciario.

En diciembre, decenas de reclusos murieron en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande del país, casos que el Gobierno atribuyó inicialmente al “estado de salud” de los reos, sin aclaraciones detalladas.

Además de la violencia entre bandas, el brote de tuberculosis se convirtió en un factor letal dentro de los penales, especialmente en la Penitenciaría del Litoral.

Datos oficiales y estimaciones de organizaciones de derechos humanos advierten que entre 600 y 800 reclusos podrían haber muerto de tuberculosis solo en 2025, superando ampliamente los fallecimientos por enfrentamientos internos.

Expertos sanitarios han señalado que el hacinamiento, la mala alimentación, la falta de aislamiento y la insalubridad configuran un riesgo epidemiológico severo que no solo afecta a los presos, sino también al personal que trabaja en los centros carcelarios y a sus familias.

Paralelamente, el Ejecutivo ecuatoriano trasladó más de 640 reclusos -“los más peligrosos”- a la nueva prisión de máxima seguridad ubicada en la provincia costera de Santa Elena, una obra que aún está inconclusa y donde las autoridades han prohibido las visitas de la Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos y la prensa.

Entre los prisioneros de ese centro se encuentra el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, considerado víctima de lawfare y cuya defensa ha denunciado abusos y malos tratos en la denominada Cárcel del Encuentro.

ESTADOS UNIDOS EN ECUADOR, COOPERACIÓN O INJERENCIA

En medio del panorama de violencia, las fuerzas de seguridad ejecutaron múltiples operativos contra grupos vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas, con lo cual lograron la captura de miembros de estructuras criminales.

Una de las detenciones que generó mayor atención pública fue la recaptura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros, que había escapado de una prisión de máxima seguridad y que fue arrestado en Manta en junio con apoyo de unidades de inteligencia policial y militar.

Su captura y posterior extradición a Estados Unidos fue promovida por las autoridades como un logro clave en la lucha contra el crimen organizado.

La cooperación internacional en materia de seguridad también cobró relevancia en 2025, con Estados Unidos a la cabeza de los ofrecimientos para “ayudar” a enfrentar el crimen.

El Gobierno ecuatoriano insiste en que la crisis existente es un problema transnacional y por eso se requiere el apoyo de otras naciones, incluidos los militares estadounidenses.

En la consulta popular y referéndum efectuado el 16 de noviembre, más del 62 por ciento de los ecuatorianos rechazaron la propuesta de Noboa de modificar la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras con el argumento de que era necesario para luchar contra el crimen organizado.

Este resultado evidenció tensiones entre sectores que consideran necesaria la ayuda internacional y aquellos que temen la pérdida de soberanía o un incremento de la presencia militar foránea en un contexto geopolítico regional de tensiones.

SUPERAUTOPISTA DE LA DROGA

La Policía Nacional informó que durante el año que concluye ejecutó ocho mil 876 operativos antidrogas a escala nacional, que permitieron incautar 211 mil 563 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización, según el balance oficial presentado por la institución.

Uno de los principales focos de control fue el tráfico aéreo internacional y en los puertos marítimos, donde las unidades antidrogas realizaron inspecciones a contenedores de exportación con cargamentos contaminados con sustancias ilícitas.

Hasta el 70 por ciento del suministro mundial de cocaína transita por Ecuador, convertido desde 2017 en corredor clave del narcotráfico, afirmó una investigación recientemente publicada por el diario The New York Times.

El medio estadounidense describió a Ecuador como la “superautopista” de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa, pese a que el país andino no produce la droga.

Su ubicación entre Colombia y Perú, los dos mayores productores, permitió, según la publicación, que redes criminales se consolidaran con fuerza en su territorio durante los últimos años.

El reportaje sostiene que el deterioro en Ecuador comenzó en 2017, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno.

Desde entonces, cárteles mexicanos estrecharon cooperación con grupos colombianos y bandas locales, mientras Washington concentraba sus recursos en combatir el fentanilo, reduciendo la vigilancia sobre la cocaína, una combinación que abrió espacio a una expansión del crimen organizado.

Para 2021, ya bajo la presidencia de Guillermo Lasso, la violencia escaló de forma abrupta, las cárceles pasaron a funcionar como centros de mando criminal y el Estado perdió control territorial en varias zonas.

En ese contexto, Estados Unidos reforzó su presencia en el territorio ecuatoriano y amplió su cooperación, pero el efecto ha sido limitado debido al poder de las organizaciones criminales y a la corrupción que, según fuentes citadas, filtra operativos antes de que se ejecuten.

Con la llegada de Daniel Noboa en 2023, Ecuador adoptó medidas de excepción y un despliegue militar permanente, sin embargo, las tasas de criminalidad no descendieron y varias ciudades ecuatorianas pasaron a ubicarse entre las más violentas del mundo.

Tras la publicación del New York Times, el excanciller ecuatoriano Guillaume Long acusó a algunos medios del país de tergiversar el contenido para acusar al correísmo y de omitir referencias al presidente Noboa mientras silencian revelaciones del Consorcio de Periodistas de Investigación.

Ese colectivo reveló a fines de 2025 que presuntos narcotraficantes de los Balcanes tenían acceso preferencial para cargar cocaína en contenedores de la empresa Noboa Trading, parte del conglomerado familiar del mandatario.

Al cierre del año, los ecuatorianos perciben que en materia de seguridad hubo avances puntuales en operativos y decomisos, pero sin un cambio estructural que revierta la violencia.

Expertos coinciden en que, sin políticas integrales que aborden desigualdad, corrupción, fortalecimiento judicial y prevención social, Ecuador seguirá enfrentando un escenario de alta conflictividad.

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