Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa en Brasil

La polémica normativa, destinada a reducir las penas de los condenados por el golpe de Estado de 2023, había sido aprobada en ese órgano en diciembre pasado, pero no entró en vigor porque fue vetada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 8 de enero, en el tercer

aniversario del ataque contra los tres poderes del Estado.

El 30 de abril, el Congreso Nacional sometió a consideración el veto del mandatario, el cual recibió 318 votos en contra y solo 144 a favor en la Cámara de Diputados, y 49 rechazos y 24 apoyos en el Senado.

¿QUÉ IMPACTO TIENE LA NORMATIVA?

Mediante el proyecto de Ley de Dosimetría se establece que, cuando una persona sea condenada por delitos como tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del orden democrático en un mismo contexto, no se sumarán las penas, sino que se aplicará únicamente la más grave con

incrementos limitados.

Asimismo, la normativa flexibiliza las reglas para la progresión de régimen, reduciendo el tiempo mínimo de cumplimiento en prisión.

Según estimaciones difundidas por medios brasileños, a raíz de la derrota del veto, que permitirá la entrada en vigor de la medida, la condena del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) podría reducirse considerablemente.

Aunque el exmandatario lleva poco más de un mes bajo “arresto domiciliario humanitario” por motivos de salud, teóricamente permanece en régimen de confinamiento total tras ser condenado a 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado.

Su paso a un régimen de confinamiento semiabierto solo es posible en 2033, pero, con la eventual entrada en vigor del nuevo texto, los expertos indican que el cambio de régimen podría producirse en un plazo de dos a cuatro años.

No obstante, especialistas advierten que estos cambios no son automáticos y dependerán de revisiones por parte del Supremo Tribunal Federal (STF) y del cumplimiento de requisitos legales.

Pero el impacto de la decisión del Legislativo no se limita solo a la reducción de condenas para Bolsonaro y decenas de sentenciados por la trama golpista.

De acuerdo con un análisis del diario Folha de S. Paulo, la nueva legislación podría beneficiar a más de 200 mil condenados en Brasil, al ampliar mecanismos de reducción de penas, como la remisión por estudio o trabajo.

CRÍTICAS, ALERTAS Y ACUSACIONES

La decisión generó una ola de reacciones críticas desde sectores del Partido de los Trabajadores (PT) y organizaciones de la sociedad civil que calificaron la medida como un “grave retroceso institucional” y advirtieron sobre el riesgo de impunidad.

Una coalición de más de 20 agrupaciones señaló que la nueva ley representa un grave e histórico revés institucional, que normaliza la violencia y supone un riesgo de impunidad en caso de futuros intentos de golpe de Estado.

El comunicado de la coalición Pacto por la Democracia señala que la anulación del veto puede interpretarse como una forma de minimizar los ataques frontales contra el régimen democrático y sustituir la soberanía popular por proyectos autoritarios.

Desde el oficialismo, dirigentes del PT como el diputado Lindbergh Farias denunciaron la existencia de un “acuerdo político” en el Congreso para beneficiar a actores implicados en la trama golpista y advirtieron que la decisión trasciende el ámbito técnico penal y responde a intereses políticos concretos.

Ante este escenario, la bancada del PT ya prepara una acción de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal, con el objetivo de suspender los efectos de la ley bajo el argumento de que viola principios constitucionales como la proporcionalidad, la separación de poderes y la protección del Estado democrático de Derecho.

Parlamentarios oficialistas consideraron que la norma constituye una “amnistía encubierta” y recordaron precedentes del propio tribunal que impiden medidas que reduzcan penas en casos de ataques a la democracia.

También alegan que el Congreso habría invadido competencias del Poder Judicial al alterar criterios aplicados en sentencias ya firmes.

La judicialización del tema se perfila como inevitable, y el STF podría volver a desempeñar un papel central en la resolución de tensiones entre Legislativo y Ejecutivo, con impacto directo sobre casos emblemáticos vinculados al 8 de enero.

EL DEBATE JURÍDICO Y POLÍTICO

Juristas y analistas coinciden en que la controversia tiene una doble dimensión: por un lado, existe un debate técnico sobre la constitucionalidad de la norma; y, por otro, se evidencia una disputa política más amplia sobre la interpretación y las consecuencias de los

hechos golpistas.

Algunos especialistas como Pedro Serrano, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, consideran que la ley puede ser inconstitucional al buscar beneficiar a personas específicas, lo que contravendría el principio de impersonalidad.

En entrevista con la revista Forum, el experto también indicó que la normativa se hizo para sustituir una sentencia judicial, con lo que invade la competencia del Poder Judicial y actúa con abuso de poder legislativo.

A su vez, un artículo de opinión publicado en Folha de S. Paulo sostiene que la medida “hiere brutalmente la Constitución” y responde a intereses particulares más que al bien común.

Según ese texto, la legislación vigente sobre crímenes contra el orden democrático es reciente y fue fruto de un amplio consenso, por lo que su modificación carecería de justificación estructural.

Al mismo tiempo, algunos especialistas consultados por medios brasileños interpretan el derribo del veto como una señal política clara del Congreso, al reflejar la persistencia de una correlación de fuerzas que favorece a sectores conservadores y que podría debilitar la capacidad del gobierno para impulsar su agenda.

Otros advierten que la decisión puede profundizar la tensión entre los poderes del Estado y alimentar cuestionamientos sobre el papel del STF, que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma bajo un contexto de presión política.

Desde una perspectiva histórica, especialistas señalan que Brasil ha mostrado una tendencia a la indulgencia frente a episodios de ruptura institucional, lo que podría repetirse en este caso si no hay una respuesta firme del sistema judicial.

Con la promulgación de la ley pendiente y la anunciada acción judicial en camino, el futuro de la Ley de Dosimetría todavía no está del todo claro.

Ello se debe a que su aplicación dependerá no solo de su entrada formal en vigor, sino también de la interpretación que realice el STF, ya que la reducción de penas no será automática y deberá ser evaluada caso por caso por la corte.

Mientras tanto, el episodio, además de ser visto como una derrota del Gobierno de Lula, deja en evidencia las tensiones estructurales del sistema político brasileño y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre justicia, democracia y poder en el país.

arb/mar