Por Waldo Mendiluza
Corresponsal de Prensa Latina en Francia
El sistema de la jubilación y el tratamiento a la inmigración fueron dos de los temas adelantados por el presidente Emmanuel Macron como prioridades de su segundo quinquenio de gestión tras el triunfo en las elecciones del año pasado, en las que se impuso nuevamente en el balotaje a la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen.
Ambas cuestiones se tradujeron en leyes que generaron acalorados debates, parlamentarios y en la calle, maniobras políticas y crispación, de manera que el año termina como comenzó, un gobierno a la defensiva, un Macron en modo convencimiento y mucha polarización.
No pocas voces en el oficialismo y sus aliados advierten sobre la urgencia de cambios en el ejecutivo ante las fisuras internas, evidenciadas sobre todo a raíz de la adopción el 19 de diciembre de la nueva norma de inmigración, en particular porque se vislumbra una nueva batalla complicada respecto a la iniciativa para regular el fin asistido de la vida o eutanasia.
En cuanto a la popularidad del mandatario y de la primera ministra Élisabeth Borne, mostró altas y bajas durante el año, con un pico de caída en abril por la promulgación de la ley que elevó la edad legal de retiro de 62 a 64 años, siempre con un nivel de rechazo superior al 60 por ciento.
Según la última encuesta del año del Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP), el apoyo a Macron se situaba en un 32 por ciento y el de Borne en un 28, con un leve retroceso en comparación con noviembre, sondeo publicado por el semanario Le Journal du Dimanche el 17 de diciembre, un par de días antes de la aprobación en el Senado y la Asamblea Nacional del texto que recrudece la gestión de la inmigración.
REFORMA DE LA JUBILACIÓN
El 15 de abril el presidente francés, Emmanuel Macron, promulgó la reforma de la jubilación y su polémica extensión de la edad de retiro de 62 a 64 años, después de que la validara en lo esencial el Consejo Constitucional.
Mociones de censura, cientos de enmiendas presentadas por la oposición y reclamos de un referendo popular no pudieron frenar la norma, porque la primera ministra Borne apeló en medio de las críticas al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar proyectos sin el voto parlamentario, al tener en cuenta que el oficialismo ya no tenía la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
Multitudinarias manifestaciones convocadas por los sindicatos inundaron avenidas, calles y plazas de París y de otras ciudades, en una movilización inédita en mucho tiempo, ya que unió en una misma causa a los dos principales gremios, la Confederación General del Trabajo (CGT), de tradición progresista, y la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), más cercana a las posturas gubernamentales.
Dirigentes como la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, acusó a Macron de darle la espalda a la opinión pública, mayoritariamente contraria a la reforma, y descartó una vez promulgada asumirla.
En diálogo con Prensa Latina, el líder del Partido Comunista, Fabien Roussel, consideró una prioridad de la organización luchar contra la iniciativa, la cual además amplió a 43 años el tiempo a cotizar para retirarse con todos los beneficios.
Por su parte, Macron defendió la reforma y pidió a la sociedad pasar la página, y la realidad fue que si bien sus palabras resultaron repudiadas por un sector importante de la sociedad, las manifestaciones cedieron terreno con el paso de los meses y el malestar popular salió de la palestra mediática, ante otros acontecimientos domésticos e internacionales de relevancia.
LEY DE INMIGRACIÓN
Tras los cinco primeros meses del año convulsos por la reforma al sistema de retiro vino una relativa calma, rota en noviembre con la presentación en el Parlamento del proyecto de nueva ley de inmigración por el ministro del Interior, Gérald Darmanin.
Según el gobierno, sus objetivos eran básicamente combatir la inmigración irregular e integrar a los extranjeros que trabajan en puestos con escasez de mano de obra y aceptan “los valores de la República”.
También fijó como prioridad lograr una rápida expulsión del país de personas en situación irregular que representan una amenaza en terrorismo o delincuencia.
El texto recibió desde el principio el rechazo de la izquierda y de organizaciones defensoras de los inmigrantes y los derechos humanos, mientras los conservadores, dominantes en el Senado con el partido Los Republicanos, y la extrema derecha, con creciente aceptación en las encuestas, exigieron llevar la mano dura mucho más allá.
El Senado aprobó una norma endurecida, en la que fue eliminada la Ayuda Médica del Estado a los indocumentados, sustituyéndola por la asistencia de urgencia, y fue reducida al poder discrecional de prefectos la regularización de foráneos en labores en tensión en suelo galo.
Al llegar la iniciativa a la Asamblea Nacional, una rara y efímera unidad de acción de las diversas fuerzas opositoras frenó en seco los debates con una moción, lo cual condujo a que Macron convocara a una comisión mixta paritaria (siete senadores y siete diputados) para encontrar un documento de consenso, tomando como base el adoptado en la Cámara Alta.
La composición del grupo llevó a que se tratase de una negociación oficialismo-conservadores, con los segundos en ventaja.
Después de un acuerdo en la comisión, el 19 de diciembre tanto el Senado como la Asamblea validaron la ley, en medio de la condena de la izquierda y de los propósitos de la extrema derecha, que estimó su contenido una victoria ideológica, aunque lejos de sus pretensiones respecto a la inmigración.
Acapararon críticas las restricciones a la reunificación familiar, el establecimiento de cuotas plurianuales de inmigración y del delito de la estancia irregular, el condicionamiento de las ayudas sociales a extranjeros residentes –en particular para alojamiento- y la posibilidad de reformar la Ayuda Médica del Estado a los indocumentados, que los conservadores querían eliminar.
Asimismo, creó la entrega de un depósito monetario de garantía para que estudiantes extranjeros puedan ser aceptados en Francia y limitó sobremanera la posibilidad de regularización de trabajadores “sin papeles”.
Pese a su empeño en sacar adelante el proyecto, el gobierno en voz de la primera ministra Borne admitió que algunas medidas recogidas en la ley pudieran ser contrarias a la Constitución, y la remitió al Consejo Constitucional.
Acusado por líderes de la izquierda como Jean-Luc Mélenchon (La Francia Insumisa) y Olivier Faure (Partido Socialista) de subordinarse a los intereses de la derecha y la extrema derecha, Macron compareció en la televisión para defender el texto y realizar control de daños, ya que casi 60 diputados oficialistas no apoyaron la norma en la Asamblea y ministros como el de Salud, Aurélien Rousseau, renunciaron al cargo.
En una declaración conjunta, varios sindicatos y organizaciones sociales instaron al mandatario a no promulgar la ley de inmigración y prometieron acciones en enero si en definitiva la pone en vigor.
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