Por Adriana Robreño

Corresponsal jefa en Ecuador

En su libro “Ecuador: Autopsia de una dictadura”, recientemente presentado en esta nación sudamericana, el político de oposición analiza lo que catalogó como “autoritarismo competitivo” a partir del Gobierno de Daniel Noboa.

En entrevista con Prensa Latina, Rodríguez explicó que la investigación partió de una interrogante sobre las condiciones del sistema político ecuatoriano y su correspondencia con los requisitos de la democracia procedimental.

Entre los aspectos que sustentan su conclusión mencionó las restricciones a la participación electoral, la proscripción de organizaciones políticas y las presiones sobre agrupaciones sociales.

Según Rodríguez, 15 partidos y movimientos han sido proscritos o sometidos a distintas formas de hostigamiento, entre ellos, la RC y el movimiento Amigo.

“Hay una restricción importante a la participación política, especialmente de las fuerzas del progresismo, de las fuerzas de izquierda”, aseveró.

El asambleísta cuestionó también la prolongación de los estados de excepción durante la administración de Noboa, que, según sus cálculos, han estado vigentes durante el 95 por ciento del tiempo de gobierno del mandatario.

A su juicio, esas medidas limitan derechos como la libre movilidad y la asociación, reconocidos tanto en la Constitución ecuatoriana como en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Además, mencionó que “hay un problema muy serio con la libertad de expresión” y dijo que existen más de 500 casos documentados de acoso a periodistas y medios de comunicación, incluso situaciones que han llevado a comunicadores al exilio.

También hay un acoso sistemático a emisoras radiales y medios digitales, desde el punto de vista financiero y funcional, con intentos de limitar o revertir frecuencias, apuntó.

Por otro lado, mencionó que como legislador enfrenta límites de acceso a la información pública, ya que presupuestos y contratos públicos han sido declarados reservados o secretos y eso “genera un velo de opacidad en el manejo de los recursos públicos”.

“Sin libertad de expresión, sin transparencia y sin posibilidad de disenso público no hay democracia”, insistió el asambleísta, miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.

CAMPAÑAS, PROCESOS JUDICIALES Y PODER

En el libro, el autor documenta que más de 520 millones de dólares fueron utilizados para proselitismo y compra de votos mediante programas de gobierno como Jóvenes en Acción durante campañas electorales anteriores.

En relación con ese proyecto y otras iniciativas del Ejecutivo que incluyen la compra de bonos, consideró que “no solucionan ni tienen impacto en la solución de un problema público, sino que directamente van a la compra de conciencias”.

Asimismo, el parlamentario mencionó la judicialización de la oposición, mediante el uso de instancias judiciales para procesar, inhabilitar o encarcelar a adversarios políticos.

Entre los casos que citó figura el de la excandidata presidencial Luisa González sobre quien aseguró que se vulneraron garantías del debido proceso, entre ellas el fuero que le correspondería por su condición de vocera registrada de la RC, organización de oposición.

El presidente Daniel Noboa ha rechazado las acusaciones de autoritarismo y persecución política formuladas por sus opositores.

En una entrevista con Radio Sucre el 27 de julio, respondió a quienes lo califican de dictador: “Si fuese un dictador, no pudiesen decir que soy un dictador”, y argumentó que la oposición conserva la posibilidad de cuestionar públicamente a su Gobierno.

El mandatario también ha negado que las investigaciones contra dirigentes y autoridades opositoras tengan motivaciones políticas.

“Aquí no existe ningún tipo de persecución política”, afirmó el 20 de febrero de este año en una entrevista con Radio City, en la que sostuvo que su administración persigue delitos y estructuras criminales, no personas por sus posiciones políticas.

En otra intervención posterior, el 31 de julio, reiteró esa postura al afirmar: “Nosotros no perseguimos políticos, perseguimos criminales”, y defendió las actuaciones de las instituciones encargadas de investigar posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones delictivas.

DERECHOS HUMANOS BAJO LA LUPA

Para Rodríguez, las vulneraciones de derechos humanos durante la administración de Noboa no son selectivas, “sino que son sistemáticas y generalizadas”.

En su argumentación mencionó las restricciones a la movilidad y la asociación derivadas de los sucesivos estados de excepción, así como vulneraciones a la libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso.

También aludió a denuncias sobre vigilancia y espionaje a actores políticos y sociales.

Mencionó, además, contratos con empresas de perfilado y seguimiento como Palantir, que en su opinión habrían permitido acceder a correspondencia digital sin autorización judicial.

Otro de los aspectos expuestos en la obra son las vulneraciones al derecho a la vida y se refirió al caso de los cuatro menores del barrio guayaquileño Las Malvinas, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados después de ser detenidos por militares.

A ello sumó las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales de pescadores ecuatorianos en aguas territoriales, algunas atribuidas a fuerzas estadounidenses en presunta complicidad con el mando militar aquí.

El legislador también se refirió a más de 50 casos de desapariciones forzadas que han denunciado organizaciones de derechos humanos y podrían configurar delitos de lesa humanidad.

La combinación de esas vulneraciones, la anulación de los contrapesos institucionales y la concentración de decisiones en el entorno presidencial constituyen elementos de preocupación para Rodríguez.

“Por esas condiciones se desborda la categoría de autoritarismo competitivo y configurarían más bien una dictadura en términos de la ciencia política”, subrayó.

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