Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefe en Bolivia

Adicionalmente, deberá depositar una fianza de 50 mil bolivianos (casi cinco mil dólares) y arraigo en territorio nacional.

La resolución judicial se conoció cinco meses después de que la exautoridad fuera recluida en la cárcel de Palmasola, como parte de la investigación por la transportación desde Estados Unidos de 31 maletas en un vuelo privado financiado al costo de 100 mil dólares y su

ingreso ilegal por el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.

Para evadir los controles aduaneros y policiales, y retirar las valijas de la terminal aeroportuaria, la exlegisladora se valió de un anulado pasaporte diplomático.

El 15 de julio último, en tanto, el fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, confirmó que los investigados en el denominado caso “narcomaletas” permanecían detenidos preventivamente, mientras avanzaban las pesquisas y se gestionaba cooperación internacional para esclarecer esta ilícita.

Informó que la pesquisa sobre el ingreso irregular de las 31 valijas procedentes de Estados Unidos continúa en su etapa preparatoria, con plazo de conclusión en noviembre.

Según la máxima autoridad del Ministerio Público en un informe presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), “lo principal es que seguimos dentro del plazo legal para desarrollar todas las diligencias necesarias y esclarecer este hecho”.

Recordó que los hechos investigados ocurrieron el 29 de noviembre de 2025.

Subrayó, sin embargo, que la fiscalía tomó conocimiento del caso casi dos meses después, tras un allanamiento al galpón propiedad del juez Hébert Zeballos, donde se encontró drogas.

En relación con el destino final y el contenido de las 31 maletas sobre las que el Gobierno y los medios oficiales y oficiosos han mantenido silencio en los últimos meses, la autoridad reconoció que la pesquisa aún no logró establecer qué contenían y su paradero.

LA GRAN INCÓGNITA

Un nombre clave dentro del escándalo de las 31 denominadas “narcomaletas” permanece fuera de esa investigación penal, según denuncia el diputado de Alianza Popular Rolando Pacheco.

El caso de las 31 maletas mantiene en el cuaderno de investigaciones al menos a ocho personas, entre ellas, la exdiputada Rojas.

Sin embargo, un informe presentado a manera de denuncia por Pacheco, al que tuvo acceso la publicación digital Urgente.Bo, revela que existe un nombre clave dentro de esta pesquisa que las autoridades mantienen al margen de sus indagaciones.

De acuerdo al informe de Pacheco, enviado el 14 de julio al diputado Egidio Arce, presidente de la Comisión Especial de Investigación Integral de la Cámara Baja, se trata de Bruno Sánchez,

quien registró y entregó el equipaje en calidad de representante legal del vuelo.

Indica la publicación que, entre el 28 y 29 de noviembre de 2025, se realizó el vuelo chárter Gulfstream G-550, el cual partió de Burbank, California, con destino en Viru Viru. A bordo viajaban Rojas, el ciudadano italiano Gabriel Giuliano y dos menores de edad.

Precisa el escrito que de la aeronave fueron descargadas 31 maletas, con un peso aproximado de 620 kilogramos, declarados como equipaje diplomático, a partir de un pasaporte que ilegalmente poseía la exlegisladora, carga que fue depositada como custodia aduanera.

Bruno Sánchez figura en documentos aduaneros como representante del vuelo chárter, advierte la denuncia.

“No aparece como tripulante ni como pasajero en la Declaración General, registra y entrega el equipaje al personal de turno de la Aduana Nacional mediante el formulario de registro de equipaje rezagado número 189”, describe el informe.

El escrito presentado por Pacheco a la Comisión de Investigación sugiere adoptar una línea de investigación sobre el caso de Bruno Sánchez.

“Los documentos aduaneros lo identifican como el representante del vuelo que registró y entregó físicamente las 31 maletas mediante el formulario número 189 -acota el documento-, sin embargo, no figura como tripulante ni como pasajero en la declaración general de la aeronave, no consta su acreditación como representante de ninguna de las dos empresas operadoras, y no ha sido citado ni investigado por la Fiscalía (…)”.

Opina Pacheco que debe establecerse su identidad, su nacionalidad, su vínculo con las empresas involucradas (Southern Cross Airfraft LLC y Proflite LLC, pues el vuelo operó bajo la declaración general de esta última), sin que ninguna de las dos empresas registre entrada en el sistema denominado SUMA, de la Aduana Nacional.

Igualmente, reclama que se investigue la forma en la que accedió al área restringida del aeropuerto y su participación en la cadena de custodia de la carga.

También exige el diputado que se establezca quiénes tramitaron y autorizaron el permiso, por qué la discrepancia entre operador autorizado y operador real no impidió la operación del vuelo; quiénes son los beneficiarios finales de ambas empresas y si la anomalía responde a una falta de control o a un mecanismo deliberado para encubrir la titularidad real de la operación aérea.

Según el informe del diputado de Alianza Popular, otra de las irregularidades fue la autorización de ingreso-salida número DGAC/ING/509/2025, emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil a favor del operador Southern Cross Aircraft LLC, pero el vuelo presentó su declaración bajo el nombre de otra empresa llamada Proflite LLC.

No obstante, la acreditación de Sánchez no consta como representante de ninguna de las dos empresas operadoras y no ha sido citado ni investigado por la Fiscalía.

Hasta el presente, las personas investigadas suman siete, entre ellas la exdiputada Rojas, el juez anticorrupción de Santa Cruz Hébert Zeballos, propietario del galpón al que fueron a parar las maletas, en el cual tras un registro policial se encontró un cargamento de drogas.

arb/jpm