Por Jorge Petinaud
Corresponsal jefe en Bolivia
Tras la reciente aprehensión preventiva por presunta corrupción del expresidente Luis Arce y de la exdiputada indígena Lidia Patty, principal acusadora por las masacres de Sacaba y Senkata (2019) en el juicio Golpe I, sectores de la derecha sostienen que 2025 concluye con un retorno del Órgano Judicial a su independencia y la lucha contra la corrupción sobre la base del debido proceso.
Sin embargo, desde la izquierda, sostienen que con la complicidad de jueces y fiscales está en marcha una carrera de venganza contra quienes condujeron los hilos de la sociedad boliviana durante las casi dos décadas de Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) (con el paréntesis del Ejecutivo de Jeanine Áñez en 2019-2020).
Encarcelado ahora preventivamente en la prisión de San Pedro, el expresidente Luis Arce denunció que el Gobierno busca chivos expiatorios, al referirse a su imputación dentro del expediente penal Fondo de Desarrollo Indígena (FDI).
“Está de más decir que soy absolutamente inocente de las acusaciones que alegremente se están vertiendo, por aspectos claramente políticos, por la coyuntura que atraviesa el Gobierno. Se buscan chivos expiatorios (…)”, afirmó el exdignatario durante la audiencia de medidas cautelares en la que un juez decidió remitirlo por cinco meses al penal ubicado en la ciudad de La Paz.
Arce insistió en que el Ejecutivo busca encubrir “lo que está pasando con este tipo de acciones, y lamentamos que en menos de 24 horas se haya elaborado todo esto para llevar adelante una persecución y una aprehensión absolutamente ilegal”, manifestó.
LIDIA PATTY
En el caso de la quechua Lidia Patty, la justicia le negó por dos veces el derecho a defenderse en libertad y determinó su detención preventiva por cuatro meses en el penal femenino de Obrajes, mientras continúa la investigación por un supuesto desfalco al FDI, por lo cual su defensa prepara una apelación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según se informó.
Durante la audiencia de medidas cautelares contra la exparlamentaria del MAS, los representantes de la justicia descartaron los argumentos de la defensa y sí tomaron en cuenta las pruebas presentadas por la parte denunciante.
Informaron los jueces que la audiencia de medidas cautelares se instaló debido a que, supuestamente, la exdiputada recibió en una cuenta personal cerca de 700 mil bolivianos (unos 100 mil dólares) para un proyecto de producción de tomate y papa.
Adicionalmente, la Fiscalía Departamental de La Paz anunció que existe una segunda investigación en su contra, relacionada con la recepción de 650 mil bolivianos (93 mil dólares) destinados a un proyecto de producción de miel, que no se ejecutó en su totalidad.
La concejal municipal de El Alto Vilma Alanoca, por su parte, criticó el arresto en la vía pública de Patty con amplia cobertura mediática y entrevistas en la televisión nacional a representantes de la derecha, quienes reiteraron que la exlegisladora (2018-2020) se dejó utilizar por el MAS para realizar persecución política.
Agregó que el linchamiento mediático contra Patty es un reflejo de la persecución política del actual Gobierno contra el movimiento indígena originario.
Tras la victoria electoral del MAS en 2020, Patty presentó una acusación sobre los sucesos acaecidos tras la firma del decreto supremo 4078 (conocido como de la muerte) 48 horas después de que Áñez asumiera la presidencia del Senado y del país, sin tener en cuenta a la mayoría parlamentaria del MAS, a la que correspondía legalmente.
La normativa eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional tras el derrocamiento del expresidente Evo Morales en 2019.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal, con saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego.
Sin embargo, tras el triunfo de la derecha en los comicios generales de agosto del año en curso, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó poner en libertad a Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico de Potosí Marco Antonio Pumari, los principales acusados, y ahora son Patty y Arce, quienes permanecen tras las rejas, en lo que sus partidarios consideran una venganza de quienes controlan hoy el poder con la complicidad de fiscales y jueces.
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