Por Ivette Fernández

Corresponsal jefa en Colombia

El pasado 1 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la culpabilidad del exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y revirtió el cumplimiento de cualquier pena que le fuera dictada antes por esas imputaciones.

El magistrado Manuel Merchán fue el ponente que por cerca de cinco horas leyó en el fallo de segunda instancia, el cual difirió por completo de las consideraciones realizadas por la jueza Sandra Heredia, quien determinó la culpabilidad del exgobernante en julio pasado y lo condenó.

La sentencia de la corte de segunda instancia desestimó las interceptaciones que, por error, el Tribunal Superior de Justicia hizo a las comunicaciones de Uribe en marzo de 2018, al confundir su número telefónico con el del excongresista Nilton Córdoba, quien estaba siendo investigado por parapolítica.

Ante este hecho, consideró el tribunal que “hubo vulneración del derecho a la intimidad, dado que la orden se basó en información aparente, sin motivos fundados” y acabó calificándolo como una “negligencia grave”, pese a que la jueza Heredia reconoció anteriormente válido el contenido de esas escuchas al considerar que eran “legales y ajustadas a derecho”.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena por soborno en actuación penal contra el expresidente en los tres episodios que antes provocaron su condena, y en los que están involucrados los testimonios de Carlos Vélez, Eurídice Cortés, alias Diana y de quien se considera el testigo estrella, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

Esa corte fue más allá y descalificó el criterio de la jueza que actuó en primera instancia.

Catalogó el análisis de Heredia como “deficiente” y “metodológicamente incorrecto”, y concluyó que no es posible determinar que el exjefe de Estado pidió a Monsalve modificar su testimonio a cambio de prebendas materiales y jurídicas, en relación a las declaraciones que este diera sobre presuntos nexos de Uribe con el paramilitarismo.

Por último, desestimó los dos episodios de fraude procesal que resultaron vitales para su condena previa.

De los tres magistrados de la Corte que revisaron el caso, María Leonor Oviedo difirió con los otros dos y consideró que la sentencia de primera instancia debió confirmarse toda. A su juicio, sí hubo indicios que señalaban la culpabilidad de Uribe.

CASO DE LARGA DATA

La génesis del caso contra Uribe se remonta a 2012, cuando el exmandatario denunció al senador Iván Cepeda por presuntamente ofrecer beneficios a testigos para que lo señalaran a él y a su familia de tener nexos con los paramilitares.

Tras examinar el alegato expuesto, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia y determinó que era el expresidente quien levantaba falso testimonio contra Cepeda.

Ante esa situación, se vio obligado en 2020 a renunciar a su escaño de senador para dejar de estar aforado y permitir que su caso pasara a la justicia ordinaria.

En ese entonces, sin embargo, la Fiscalía decidió que no había pruebas suficientes para procesarlo judicialmente.

No obstante, en enero de 2024 el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, reabrió el caso y determinó que existían elementos probatorios para imputarlo.

Al tomar en cuenta las evidencias, la Fiscalía acusó al exjefe de Estado y consideró que contó con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, quienes, para apoyarlo, idearon medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente ciertos que no correspondían a la realidad.

En mayo del pasado año, dio comienzo la audiencia del juicio contra el exmandatario por presunto soborno de testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal.

Sin embargo, no fue hasta febrero último que se llevaron a cabo varias audiencias, incluida aquella en la que el expresidente se declaró inocente de los cargos de soborno a testigos y fraude procesal.

Las sesiones continuaron a lo largo de febrero y meses posteriores como parte de la fase probatoria del juicio.

El proceso contó con cientos de declaraciones, incluida la de Juan Guillermo Monsalve, quien es considerado el testigo estrella del caso por haber grabado con un teléfono espía al entonces abogado de Uribe, Diego Cadena, quien le habría ofrecido prebendas por modificar sus alegaciones de que el expresidente estaría vinculado con el surgimiento de fuerzas paramilitares mientras era gobernador de Antioquia, a finales del pasado siglo.

Después de cinco meses de audiencias, la jueza Heredia lo declaró culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal pues concluyó que el acusado ordenó a terceros manipular a testigos para que declararan a su favor.

Dictó una pena de 12 años de prisión domiciliaria que luego acabó siendo revocada por el Tribunal Superior de Bogotá.

FALLO POLÉMICO

Si bien los acólitos del expresidente consideraron que la absolución constituyó un acto de justicia, otro sector de la población rechazó el fallo.

Las personas acreditadas como víctimas en el caso solicitaron al Tribunal Superior de Bogotá una prórroga para radicar el recurso extraordinario de casación contra la sentencia, según se divulgó por medios de prensa locales.

La ampliación del término para presentar la solicitud de revisión del fallo se realizó mediante un oficio de cinco páginas que fue radicado ante el despacho del magistrado Manuel Merchán.

Trascendió asimismo que la Fiscalía por su parte habría realizado una solicitud similar ante la misma corte para radicar el recurso extraordinario de casación contra la absolución.

A juicio del senador Cepeda, una de las víctimas reconocidas durante el proceso, la decisión de segunda instancia ignoró “hechos y pruebas sustanciales que apuntan claramente a la responsabilidad de Uribe”.

El presidente del país, Gustavo Petro, también objetó el fallo.

“El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradice a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, escribió en su cuenta de la red social X.

Afirmó que “así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”.

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