Por Luis Beatón

Corresponsal jefe en El Salvador

Un analista anticipó hace años que las políticas abusivas y los efectos sobre las economías de América Latina de los Tratados de Libre Comercio (TLC), que convertían a la región en suministradora de materias primas y productos para Estados Unidos, eran una bomba de tiempo.

En esos momentos aún el tema migratorio, aunque delicado, no alcanzaba las proporciones actuales y era, en esencia, la bomba de tiempo que estalló y puso en crisis la política de Washington con sus vecinos del Sur. La pobreza se convirtió en el impulso que llevó a millones de personas a las fronteras estadounidenses.

La Cámara de Representantes aprobó el 22 de mayo por estrecho margen el megaproyecto de recortes fiscales y gastos impulsado por el presidente Trump, que ahora pasará a discusión en el Senado, donde los republicanos son mayoría y deben dar una “victoria” a su presidente.

Es evidente que la intención del mandatario afectará, entre otros, a millones de personas que viven en la sombra e incluso legales, quienes pagan impuestos al fisco estadounidense.

Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, insisten en que esos recortes están dirigidos a terminar la cobertura a “inmigrantes ilegales que se aprovechan” de ayudas como Medicaid, Medicare y otras.

“Robar a quienes menos tienen para dárselo a quienes más tienen. No es solo una mala política; es una traición al pueblo estadounidense”, advirtió el representante Jim McGovern, el demócrata de mayor rango en el Comité de Reglas de la Cámara.

Lo que puede denominarse el “pollo del arroz con pollo” para los países del Sur, en este caso para México y los centroamericanos, es la aprobación del polémico impuesto a las remesas enviadas fuera del país.

Las críticas enfatizan las afectaciones que provocará la disminución de las remesas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo considera “una injusticia” y una acción “discriminatoria” que afectaría a los migrantes mexicanos en territorio del país vecino.

EN EL SALVADOR

Los temores no son infundados. Datos del Banco Central de la Reserva (BCR) aseguran que el 98.7 por ciento de las remesas se destinan al consumo y 1.3 por ciento para inversión en el llamado Pulgarcito de las Américas.

Al menos 1.6 millones de salvadoreños recibieron remesas de familiares en Estados Unidos. Las remesas en El Salvador superaron los tres mil millones de dólares en el primer cuatrimestre de 2025, según el BCR.

Esa suma representa un crecimiento del 15.2 por ciento con relación a 2024, y del total las procedentes de Estados Unidos tuvieron un alza del 16.3 por ciento, lo cual se atribuye a las amenazas de Washington de imponer un impuesto de 3.5 por ciento al envío de estas ayudas.

Citado por el diario El Mundo, Diálogo Interamericano asegura que el impuesto a las remesas podría reducir al menos en siete por ciento su volumen.

“Un escenario conservador proyecta que si el 35 por ciento de los remitentes decidieran reducir el envío en una quinta parte, el volumen total de remesas disminuiría un siete por ciento, lo que implicaría no solo pérdidas económicas para las familias beneficiarias, sino una contracción en las relaciones comerciales bilaterales”, precisa el documento.

Según Álvaro Cruz, editor jefe del diario salvadoreño El Mundo, el impuesto de 3.5 por ciento a las remesas sería un cargo que se sumaría a las tarifas habituales -de entre cinco y 10 por ciento- cobradas por compañías como Western Union y MoneyGram, utilizadas frecuentemente por migrantes para enviar dinero a sus países de origen.

Tomando en cuenta que El Salvador recibió en ocho mil 479.70 millones de dólares en remesas en 2024, una reducción del siete por ciento sería equivalente a unos 593.58 millones menos, que aumentaría el ejército de pobres.

Si eso se pierde, según el estudio “Remesas fiscales y la propuesta en el Congreso de los Estados Unidos”, las consecuencias para países receptores como El Salvador serían graves. Las remesas representan una fuente clave de ingreso familiar, impulsan el crecimiento económico y ayudan a reducir la migración.

Cálculos de organizaciones que estudian el fenómeno migratorio indican que el nuevo impuesto afectaría a cerca de 50 millones de personas en Estados Unidos, entre ellas, más de dos millones de salvadoreños, muchos de los cuales usan servicios formales para enviar dinero a sus familias.

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Las valoraciones publicadas por El Mundo señalan que en 2024 las remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzaron un volumen de 160 mil 900 millones de dólares, un incremento de siete mil 700 millones frente al año anterior, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el caso de El Salvador, recibió remesas equivalentes al 24 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), una proporción vital para miles de hogares.

Por otra parte, además del impacto comercial, las remesas elevan los ingresos familiares en los países receptores, lo que fomenta el ahorro y disminuye el deseo de emigrar. No obstante, una eventual imposición de impuestos a las remesas podría revertir esa tendencia y reactivar los flujos migratorios que venían en descenso.

Diálogo Interamericano señala que la medida podría ser contraproducente incluso para los objetivos migratorios que pretende atacar. La migración irregular -subraya- podría aumentar si los hogares pierden acceso a remesas, y muchos buscarían nuevas formas de sostenerse.

La demanda de mano de obra extranjera en Estados Unidos sigue siendo alta, y abordar el fenómeno con cargas fiscales podría ser inefectivo y dañino para los intereses de Washington, concluye el informe. Otra bomba de tiempo está activada. arb/lb