Por Teyuné Díaz Díaz
Redacción de Economía, Prensa Latina
Estas medidas pueden marcar el inicio de una nueva tendencia en medio de los impactos combinados de las crisis en las relaciones económicas internacionales, los errores propios y la política de máxima asfixia, diseñada y aplicada por Estados Unidos contra Cuba, indicó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Pero todo dependerá de la capacidad de ejecutar y aplicar, adecuadamente, las opciones planteadas en esta situación de economía de guerra que opera en el escenario descrito, afirmó el mandatario durante el discurso de clausura del II periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el pasado 22 diciembre.
En aquel momento, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, anunció la puesta en marcha del Programa de Estabilización Macroeconómica, un plan centrado en restaurar los equilibrios que garanticen un entorno favorable para el crecimiento, cuyas acciones están encaminadas a incrementar los ingresos en divisas y la producción nacional, y a reducir el déficit presupuestario.
Marrero precisó que ese programa forma parte del Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030 y requiere de la participación de diversas instituciones para fortalecer la disciplina fiscal y financiera, y la transformación productiva.
ACLARACIONES NECESARIAS
El vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, negó que las medidas tengan un carácter neoliberal. Explicó que ninguna de las nuevas directrices está diseñada para reducir al mínimo la intervención del Estado, ni a disminuir la regulación de los mercados, como tampoco a incentivar la libre competencia o la privatización.
Al contrario, se dirigen a aumentar su papel como ente regulador de la economía, a fortalecer la empresa estatal socialista, y a regular los precios para evitar que la competencia se imponga.
Todas, aseguró Gil, están en función de preservar las conquistas sociales, corregir las distorsiones existentes, marcar una tendencia más acelerada en la recuperación económica del país, mayor protección social a familias y personas en situación de vulnerabilidad, una distribución justa y equitativa de las riquezas generadas, e incentivar la producción nacional.
En esa dirección el presupuesto estatal requiere medidas financieras de regulación y de control que permitan continuar e incrementar los gastos en sectores como salud, educación, cultura, deporte, conquistas del proyecto social cubano, explicó el ministro de Finanzas y Precios (MFP), Vladimir Regueiro.
Mecanismos que, a su vez, acercarán los recursos al Gobierno para adoptar decisiones de gasto, sirvan como fuente de recaudación de ingresos, de ordenación, de control y como vía para crear incentivos a determinadas actividades, abundó Regueiro.
Al decir del ministro de Finanzas, son medidas de regulación y control encaminadas a favorecer los ingresos, generar incentivos y, progresivamente, propiciar mejores condiciones para el desempeño de la economía, lograr una mayor producción y redistribuir con el principio de equidad la riqueza generada.
LAS PRIMERAS MEDIDAS
Una de las premisas de las nuevas medidas anunciadas por el primer ministro, Manuel Marrero, es la gradualidad en su adopción, y las primeras del 2024 están relacionadas con los impuestos, tributos y aumentos en los precios de los combustibles, gas licuado y electricidad.
A partir del 1 de enero quedaron suspendidas las exoneraciones para el pago de los tributos, aprobados con la constitución de los nuevos actores económicos, sean cooperativas no agropecuarias o mipymes (micros, pequeñas y medianas empresas).
A raíz de su constitución, si derivaban de una reconversión de una actividad anterior, podían disfrutar de un periodo de seis meses de exención tributaria, en cambio si eran de nueva creación un año, beneficios concebidos con un criterio de temporalidad pues el sistema tributario se basa en principios generales de imposición, explicó Regueiro.
Los nuevos actores constituidos tributarán bajo las mismas reglas que el resto, impuestos sobre las ventas, los servicios y las utilidades. Mientras para las mipymes, la aplicación de los impuestos sobre ventas y servicios se extenderá a todas las operaciones de comercialización. En cambio, se redujo hasta el 50 por ciento la tarifa arancelaria para la importación de mercancías, materias primas e insumos que agreguen valor a las producciones nacionales y contribuyan a dinamizar la economía interna.
Incentivo dirigido a fomentar las importaciones de bienes intermedios, de insumos, de materias primas que propicien el desarrollo del sector productivo en el país, dijo, y reflexionó que hasta el cierre de noviembre las importaciones realizadas por los actores económicos no estatales superaron los mil millones de dólares, caracterizadas por ser productos terminados.
También quedó establecido el incremento de los aranceles para la importación de mercancías producidas en el país como cigarros, ron y tabaco, entre un 15 y un 30 por ciento, con el objetivo de proteger la producción nacional, argumentó el titular del MFP.
A su vez, quedó establecida la extensión hasta el 31 de marzo de la exoneración del pago de aranceles y liberación de los límites para la importación de aseo, alimentos, medicamentos y algunos implementos médicos, para personas naturales, vía equipaje acompañado o no acompañado.
Entre las medidas que más interés despiertan en la población se encuentra el anuncio del aumento del precio de los combustibles a partir del 1 de febrero, y del gas licuado y la electricidad a partir de marzo. Normas cuyo objetivo general es crear condiciones para reanimar el desempeño económico del país, y actualizar el valor de los precios en productos y bienes, subrayó Regueiro.
Rectificación de precios expresada en una reducción de subsidios del presupuesto del Estado, acotó.
Sobre los objetivos de los incrementos, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, señaló que en el caso de los combustibles busca eliminar el subsidio al turismo, regular la comercialización y destinar ingresos captados por la venta para adquirir más combustibles.
En tanto, el alza del 25 por ciento de la factura a los consumidores mayores de 500 kilowatts por hora pretende impulsar el ahorro, como una de las vías de sostenimiento del Sistema Eléctrico Nacional y disminuir los apagones. No obstante, a esa alza, la tarifa eléctrica es totalmente subsidiada.
De la O ejemplificó que el consumo de energía creció un 10,8 por ciento en 2023 frente a los resultados de 2022, siendo el sector residencial el mayor consumidor con un 61 por ciento, mientras el no residencial se ubicó en 39 por ciento.
Precisó que de los cuatro millones 78 mil 909 de clientes residenciales, solo unos 107 mil 570 son consumidores de unos 500 kilowatts por hora.
Al referirse a aumento del precio del gas licuado, puntualizó que el objetivo es eliminar el subsidio.
En cuanto al incremento del precio del combustible, el titular de Finanzas explicó que para definir los precios mayoristas se trabaja en la actualización de los planes económicos financieros del sistema empresarial y de las tarifas de servicios públicos, entre los cuales se incluye el transporte. Mientras, para los precios minoristas, los criterios se centraron en las condiciones de oferta y demanda.
Sin embargo, pese a las nuevas decisiones, la efectividad de las medidas a implementar en el 2024 para avanzar con mayor celeridad en la recuperación económica, dependerá de cuánto se realice a fin de generar más riquezas, con incentivos al trabajo y una más adecuada distribución de los recursos, sentenció el presidente cubano.
Del éxito de su implementación, continuó, dependerá también el avance en la eliminación de las principales distorsiones que hoy comprometen las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo del país en el corto, mediano y largo plazo.
Ninguna resolverá, por sí sola, todos los desafíos, incluso todas en su conjunto pueden, en un primer momento, acrecentar determinadas problemáticas, alertó Díaz-Canel.
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