Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe en Panamá
En octubre de 2023, Panamá fue excluido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al cumplir con una serie de parámetros y medidas para evitar el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.
Sin embargo, aún permanece en la lista de la UE al ser clasificado como parcialmente cumplidor en temas de intercambio de información fiscal, catalogado por el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El país canalero no solo aparece en listas fiscales discriminatorias del Viejo Continente, también la incluyen países de América Latina como Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y Venezuela, según la cancillería.
El país fue asociado a los paraísos fiscales desde el caso conocido como Papeles de Panamá, una investigación periodística internacional a inicios de 2016, y que se destapó por la filtración de documentos del bufete de abogados Mossack-Fonseca, cuya principal actividad comercial era crear y administrar sociedades offshore (fuera de la plaza).
En ese sentido, la primera gira internacional a Francia del gobernante en octubre pasado y su encuentro con su par Enmanuel Macron posibilitaron ganar el respaldo en tal propósito.
Sin embargo, el dignatario llegó a afirmar que el país que tenga a Panamá en esas listas será excluido de cualquier posibilidad de hacer contratos u obtener licitaciones; además, le negará el voto favorable en foros globales, un anuncio trascendente toda vez que el istmo integrará como miembro no permanente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir de enero de 2025.
Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha catalogó esa medida como una injusticia inaceptable, al intervenir en noviembre pasado en la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno en la ciudad de Cuenca, Ecuador.
En esa cita el diplomático alabó los acuerdos con su par anfitriona Gabriela Sommerfeld, para que Panamá sea excluido de esos listados, al igual que el respaldo recibido por el rey de España, Felipe VI, presente también en el foro para lograr similar objetivo entre naciones europeas.
Panamá es un país responsable que ha colaborado con la información requerida sobre la transparencia adecuada en el manejo de sus finanzas, según explicó y continuará con esos esfuerzos en todos los escenarios de la comunidad internacional.
Otro aval en esa dirección lo buscó el país istmeño cuando desde el 6 de diciembre ingresó como Estado Asociado al Mercado Común del Sur (Mercosur), durante la 65 cumbre del foro de ese bloque, en Montevideo, Uruguay.
El jefe de Estado aprovechó el escenario para destacar que Panamá no es ni será un paraíso fiscal, por lo que no merece estar en listas discriminatorias. Y sostuvo que tiene como objetivo sacar al país de estas listas.
“Somos un país abierto y que el próximo año ocupará un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones como miembro no permanente”, remarcó.
INSOSTENIBLE MIGRACIÓN
Otro eje en escenarios locales y a nivel internacional es la postura sobre la necesaria responsabilidad compartida entre países emisores, de tránsito y de destino para enfrentar la creciente migración irregular que cruza a diario la selva del Darién en la frontera con Colombia, rumbo a Estados Unidos, y que acarrea millonarios gastos y daños ambientales.
Desde el primer día de gobierno, el 1 de julio, el país firmó un memorando de entendimiento con Washington para sufragar, con seis millones de dólares, operaciones aéreas a fin de retornar a los indocumentados a sus países de origen, y hasta la fecha suman casi una treintena de vuelos chárter y más de mil personas deportadas.
El Ejecutivo también ordenó cerrar con barreras perimetrales unas cinco trochas ilegales y habilitaron una sola ruta por la jungla hacia la comunidad receptora de Lajas Blancas, para tener mayor control de los viajeros ilegales, así como intensificar el patrullaje marítimo en las costas del Caribe, medidas que han traído como resultado una breve disminución de esos flujos, asociados a la presencia de bandas criminales y el narcotráfico.
Datos del Servicio Nacional de Migración dan cuenta que desde enero de 2024 hasta noviembre último, un total de 293 mil 511 personas han ingresado irregularmente a Panamá, a través de la selva del Darién.
En comparación con 2023 (más de 520 mil indocumentados en tránsito), esto muestra una diferencia de 185 mil 493 personas, lo que refleja una disminución del 39 por ciento.
De otra parte, el Gobierno decretó el cobro de multas a los migrantes irregulares, sobre todo a quienes ingresan al país violando los puestos de control, terrestres, aéreos o marítimos, con montos que oscilan entre mil y cinco mil dólares, según la gravedad de la infracción.
Sin embargo, el país sigue siendo paso obligado para quienes optan por cumplir lo que llaman el “sueño americano”, pese a innumerables obstáculos y muchas veces a riesgo de sus propias vidas.
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