Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe en Panamá
Los daños a la naturaleza ocasionados por esa empresa en la localidad de Donoso (Colón), la contaminación de tierras, ríos y otros embalses son asuntos a resolver, pero también la pérdida de millonarios ingresos que dejaría de percibir el Estado, el mayor aporte a una economía ya reportada con indicadores de ralentización.
El presidente electo del istmo, José Raúl Mulino, anticipó en varias comparecencias en campaña y durante la transición para el cambio de mando, que solo si la minera retira los arbitrajes podría entrar a una negociación, la cual pasa por abrir la mina y luego cerrarla, fórmula vista como contradictoria.
El ministro saliente de Comercio e Industrias, Jorge Rivera, admitió que las obligaciones legales que recibirá la próxima administración a consecuencia del cierre de la mina podrían acarrear demandas multimillonarias.
La compañía interpuso una intención que hasta ahora, como mínimo, acumula 20 mil millones de dólares, cifra que representa el reclamo comercial, sin embargo, hay otras cuatro intenciones de demanda por inversión de otras empresas relacionadas con accionistas, quienes se sienten perjudicados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de noviembre pasado.
El anterior Ejecutivo decidió un plan con una serie de acciones, una de las cuales es defender los intereses del país frente a las reclamaciones internacionales, recursos presentados en Canadá y Corea del Sur.
Otro desafío es buscar una salida a concentrados de cobre, unas 130 mil toneladas almacenadas en Puerto Rincón, equivalentes a poco más de 200 millones de dólares, medida necesaria en el llamado plan de gestión ordenado y seguro, además de determinar si ese mineral es de la empresa o del Estado.
Rivera aseveró que la aplicación de un plan de cierre ya decidido y que tomaría seis meses, podría durar más de ocho años y costaría al país unos 800 millones de dólares.
Para tener la evidencia y data en función de eso, hemos planteado como uno de los ejes la elaboración de una auditoría integral de procesos mineros y una auditoría ambiental, dijo Rivera a la prensa, lo que para los movimientos populares es otra excusa y por eso demandan al Ejecutivo de Laurentino Cortizo por irresponsable.
ALERTA NACIONAL
Organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas llamaron a estar alertas ante esta situación y recuerdan con frecuencia que en las calles el pueblo habló alto y claro al demandar sin otra alternativa posible el fin de la minería metálica a cielo abierto.
First Quantum anunció el inicio de un arbitraje internacional ante una corte con sede en Miami (Estados Unidos) y otros procesos en base a tratados comerciales con Canadá y Surcorea.
Datos de esa compañía destacan que antes del cierre, las exportaciones de cobre representaban casi el 5,0 por ciento del Producto Interno Bruto de Panamá y el 75 por ciento de todas las ventas del país centroamericano.
El futuro mandatario panameño adelantó que el tema de la minera será tratado de manera responsable, reacción que espera sea la misma de la contraparte.
“Lo ideal es llegar a un buen acuerdo de abrir para cerrar”, apuntó y sugirió que de esa manera se podrían generar los flujos necesarios, pues en la instalación permanecen miles de toneladas de concentrado del mineral con riesgo de daños irreversibles para la biodiversidad y la naturaleza.
Sobre el tema, uno de los voceros de la alianza Pueblo Unido por la Vida, Jorge Guzmán, señaló a Prensa Latina que el anuncio reciente de abrir la mina y luego cerrarla constituye una ofensa y un irrespeto a los panameños.
Guzmán dijo que la minera, en complicidad con el Gobierno, debería acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre pasado, que declaró inconstitucional un convenio suscrito con el Estado.
Recientes informes del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) señalan los peligros existentes de contaminación en Minera Panamá, los cuales no han sido revelados por el Gobierno.
CONSULTA POPULAR
Invitados por la Cámara de Comercio e Industria del istmo, estudiosos como el exministro peruano de Energía y Minas, Luis Inchaustegui, instaron a tratar la crítica situación de la mayor mina de cobre de Centroamérica mediante un diálogo abierto y profundo con el pueblo.
Sin embargo, el ministro designado de Ambiente, Juan Carlos Navarro, insistió en la decisión del flamante inquilino del Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo) de abrir la mina para luego cerrarla de manera definitiva.
Para Inchaustegui, en caso de que el país decida apostar por el desarrollo minero, es necesario redefinir la concepción que se tiene de esa esfera a nivel ambiental, social, jurídico y político, para poder aplicar “reglas más claras”, facilitar la reapertura de ese enclave y otros que puedan iniciarse en la nación canalera.
Por su parte, el exembajador de Chile en Panamá, Francisco Cruz, quien sigue de cerca la evolución de la mina de cobre, cree que las protestas de finales de 2023 fueron producto de la acumulación de un “malestar social”, el cual encontró su desahogo en la causa antiminera.
“Tras cerca de seis meses de aquellos acontecimientos, queda claro que el país debe tomar decisiones al respecto, dado que la inacción no es una acción”, indicó. Además señaló que a las nuevas autoridades corresponderá analizar cómo catalizar las nuevas circunstancias para determinar si es posible construir un nuevo entendimiento sobre la minería.
Se trata de un acuerdo que puede pasar por distintas aristas, pero no debe variar el hecho de que “el Estado es el dueño evidente de todos los proyectos mineros que se realizan en él, no la compañía de turno, y eso no entra en discusión en ninguno de los países de la región, remarcó.
Al ser consultado sobre los factores que deben cimentar ese nuevo entendimiento, Cruz explicó la necesidad de analizar el impacto financiero que produce e intentar vincular el concepto minero con un nuevo paradigma. “La minería no puede ser un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar el desarrollo”, remarcó.
Los expertos coinciden en otro punto importante, la construcción de confianza ciudadana pasa por generar un marco político, institucional y constitucional robusto, que sea independiente de presiones e ideas políticas, para regular los procesos mineros desde antes que se apruebe una concesión.
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