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viernes 24 de mayo de 2024
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Los escándalos de 2023 en Uruguay

Montevideo (Prensa Latina) El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset continúa prófugo de la justicia y se le supone escondido en otras tierras, pero en su país marcó un escándalo que provocó la renuncia de altos cargos del gobierno en 2023 y sigue bajo indagación fiscal.

Por Orlando Oramas León

Corresponsal jefe en Uruguay

Parecía que nada superaría el temblor político que en 2022 desató la detención del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, y mereció incluso declaratoria ante el Ministerio Público del jefe de Estado, Luis Lacalle Pou.

Astesiano operaba desde la Torre Ejecutiva, sede del gobierno, una red para la expedición de pasaportes bajo documentación falsa a ciudadanos extranjeros.

En febrero de 2023 recibió condena de cuatro años y seis meses de prisión por ese y otros delitos, y la tormenta se saldó con el relevo de la cúpula policial.

Pero en el último mes de 2022 la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, renunció al cargo tras revelaciones de prensa que la vinculaban con la entrega de un pasaporte a Marset, preso entonces en Dubái por documentación falsa.

El narco obtuvo su pasaporte el 30 de noviembre de 2021 y desde entonces se perdió del radar, pese a que se le responsabiliza por operaciones de tráfico ilegal de estupefacientes a escala internacional y del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022.

En aquel primer momento Ache fue un peón entregado en sacrificio, incluso con la anuencia de la dirección de su partido, el Colorado, que forma parte de la coalición gubernamental.

Pero la también abogada se reservó información sensible que estremeció el panorama político. Casi un año después de su renuncia, fue citada a declarar ante la Fiscalía, que investigaba sobre las implicaciones y responsabilidades en la entrega expedita del pasaporte al reconocido como peligroso delincuente.

Ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, exvicecanciller, entregó evidencias que señalaron al entonces ministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo, al ministro del Interior Luis Alberto Heber, al subsecretario de esa cartera, Guillermo Maciel, y al asesor presidencial Roberto Lafluf.

Los cuatro renunciaron a sus puestos, pero el fiscal Machado abrió una segunda causa penal que apunta a presuntos delitos de cohecho, abuso de funciones y destrucción de documento.

Ache en su declaratoria reveló que el canciller Bustillo le indicó que “perdiera” su teléfono celular para esconder información comprometedora.

También aseguró que el asesor en comunicaciones del presidente, Roberto Lafluf, destruyó en Torre Ejecutiva un documento respecto a intercambios de mensajes sobre el caso con el fin de obstruir las averiguaciones de la Fiscalía.

Ello habría ocurrido luego de una reunión en el piso 11 de la sede presidencial, en la cual el propio Lacalle Pou reconoció haber estado “para saludar”.

Diciembre lleva consigo un receso judicial, por lo que el fiscal Machado retomará las indagatorias del caso Marset a inicios del año próximo.

La investigación sobre la destrucción del referido documento a manos del asesor del presidente puede apuntar a una omisión de Lacalle Pou, por lo cual es probable que al gobernante se le requiera una declaración fiscal.

“Ya fui por un caso (el de Astesiano), voy por otro”, adelantó el mandatario.

EL ESCÁNDALO PENADÉS

No será el único que trascienda el año que termina. Tras las rejas y bajo proceso judicial está el exsenador del oficialista Partido Nacional, Gustavo Penadés.

Está acusado de 22 delitos, muchos de ellos relacionados con explotación sexual de menores, lo cual impactó en los partidos políticos, el Congreso y la opinión pública.

En paralelo, el Ministerio Público averigua sobre un complot para engañar a la justicia, organizado por Penadés. Por ello también está en prisión el entonces director del penal conocido como Comar, Carlos Tarocco.

La trama tendría el propósito de cometer una “estafa procesal” para lo cual se confeccionó una lista de víctimas del exlegislador, cuyas referencias personales fueron investigadas por policías y funcionarios con acceso a la base del Ministerio del Interior.

Bajo tales aprestos, los casos Marset y Penadés seguirán siendo noticia en 2024, con la peculiaridad de que será un año electoral y desde la política se les seguirá sacando todo el filo posible.

arb/ool

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