Por Juan Carlos Díaz Guerrero

Corresponsal jefe en Venezuela

La agresión armada de Estados Unidos y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, después de meses de presiones y amenazas, fue el catalizador que condujo a la actual presidenta encargada Delcy Rodríguez a actuar con “pragmatismo y prudencia”.

Apenas asumió el cargo el 5 de enero por mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la dignataria, primera mujer en asumir esa alta investidura en la historia de más de 200 años -ante la ausencia forzada de Maduro- juró priorizar la paz territorial y la estabilidad institucional.

Dos asuntos pendientes en los que se avanzó en los últimos años con llamados a la unidad y al diálogo, cuyas heridas seguían (siguen) lacerando el alma nacional en detrimento de la reconciliación y la deseada paz, representada en una gran mayoría de venezolanos.

La decisión manifiesta de mantener el diálogo pese a la complejidad interna y una agenda constructiva con la comunidad internacional a través de la Diplomacia Bolivariana de Paz, determinaron la estrategia a seguir para evitar la confrontación interna o una probable nueva agresión estadounidense.

Esto último, a pesar del acercamiento político diplomático con Washington -con apertura de embajada de por medio y visitas de altos funcionarios de la Casa Blanca- sigue siendo una amenaza latente ante el permanente y poderoso despliegue militar en aguas del Caribe.

Al intervenir en la apertura del Año Judicial 2026 y presentación de gestión del 2025 en el TSJ, la mandataria anunció la mencionada Ley y encargó a la Comisión para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz a instalarse con urgencia.

El primero de esos grupos está dirigido por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, mientras el segundo lo comanda el ministro venezolano para la Cultura, Ernesto Villegas.

La Asamblea Nacional (parlamento) creó, a la par, una Comisión Especial para la Convivencia Democrática y la Paz, integrada por diputados de la oposición y el oficialismo, conducida por legislador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Arreaza.

El anuncio de Rodríguez causó satisfacción entre los presentes en el Tribunal Supremo de Justicia, por la propia intensidad de los aplausos, y posteriormente entre la ciudadanía en general que, en inmensa mayoría, según recientes encuestas, aprueba mayoritariamente esta iniciativa legal.

POR LA PAZ Y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

Los principios de la Ley de Amnistía, de 16 artículos, quedaron identificados en el discurso de Rodríguez en el TSJ cuando afirmó que la norma jurídica debe ser “para reparar las heridas” dejadas por la confrontación política desde la violencia y extremismo y “reencauzar la justicia y convivencia” entre los venezolanos.

El número uno define que se trata de un instrumento legal que tiene por objetivo “conceder una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos” en un periodo que abarca desde el 1 de enero de 1999 y hasta su entrada en vigor (19 de febrero de 2026).

Su apartado dos establece cuatro finalidades orientadas a contribuir a la promoción de la paz, la convivencia democrática, la rectificación y la reconciliación nacional; generar las condiciones que “favorezcan el desarrollo armónico” de la vida nacional, la tranquilidad pública, la participación democrática y el pluralismo político.

Asimismo, promover el uso de los mecanismos democráticos y constitucionales para dirimir las diferencias surgidas en el seno de la sociedad a fin de prevenir que “los hechos objetos de la amnistía o similares vuelvan a repetirse”, además de favorecer la reintegración a la actividad pública de las personas beneficiadas.

Desde su propia presentación a finales de enero, la jefa de Estado puntualizó que quedarán exceptuados de esta ley aquellos procesados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos, es decir, descartó el carácter de impunidad que algunos le otorgaron.

Esto se vio reflejado en las intensas discusiones en el parlamento donde sectores de la variopinta oposición, representados en el legislativo, amenazaron con votar contrario a la mayoría en el reclamo de inmunidad para delitos contemplados, inclusive, en el artículo 29 de la Constitución.

La Carta Magna excluye las violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y deja bien claro que “quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad”, el indulto y la amnistía.

Al intervenir en la Asamblea Nacional, la diputada del PSUV Iris Varela manifestó que “pareciera que alguien quiere amparar los graves delitos en los que algunas personas incurrieron”, e hizo un recuento de sucesos acaecidos como el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez en 2002, y las guarimbas de 2013, 2014 y 2017, que dejaron numerosas víctimas.

Hubo posiciones encontradas en el hemiciclo; la primera discusión del anteproyecto transcurrió con algunos encontronazos políticos, pero resultó aprobado por unanimidad y con el compromiso de profundizar en algunos de sus acápites.

“Quisiéramos que esta ley dé un mensaje poderoso y potente de la intención de un nuevo momento político, que potencie de manera acelerada el diálogo entre los factores políticos, sociales, económicos y culturales del país”, expresó el titular del Poder Legislativo Jorge Rodríguez.

La Comisión Especial y el Programa para la Convivencia asumieron de inmediato el mandato y se desplegaron por el país en consultas públicas con diferentes sectores de la vida social y política para debatir y escuchar propuestas, de las que emanaron más de dos mil 700 aportes por escrito, según Arreaza.

En este panorama, donde el país se la juega entre la paz, la violencia y la agresión externa, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero llegó a Caracas para sumarse y aportar su experiencia al diálogo.

El político europeo participó en una audiencia del Programa para la Convivencia Democrática donde destacó que el momento que vive Venezuela “es de una esperanza fundada”. Zapatero, con experiencia en otros procesos de pacificación en el mundo y en la República Bolivariana, afirmó tener “una gran satisfacción”, la cual percibe desde la voluntad de paz.

Sobre la Ley General de Amnistía para la convivencia democrática, opinó que es “ambiciosa y la está deseando toda la sociedad venezolana, la inmensa mayoría de todas las personas de buena fe”.

ARTÍCULO SIETE, MANZANA DE LA DISCORDIA

La segunda discusión de la Ley en sesión ordinaria del parlamento, parecía que iba a avanzar sin dificultades, luego de aprobarse por unanimidad y con modificaciones sus seis primeros apartados, pero un sector opositor planteó su desacuerdo con el texto del artículo siete.

Contradicciones políticas e ideológicas se suscitaron en el debate entre los parlamentarios, que obligaron a diferir las discusiones para la semana entrante donde finalmente el texto consensuado por la Comisión Especial satisfizo a las partes.

Este establece la exclusión de personas de la aplicación de la Ley que fueron procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos, entre ellos, violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Asimismo, homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con pena mínima aplicable superior a nueve años de prisión, y delitos contra el patrimonio público.

Finalmente, el texto sancionado planteó que la “amnistía objeto de la Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de la ley”.

Asimismo, de manera excepcional cuando la persona no se encuentre a derecho y permanezca fuera del territorio nacional “podrá hacerse representar ante el tribunal competente, mediante poder otorgado a un abogado o abogada de su confianza y elección” sin otra formalidad.

La vicepresidenta de la Comisión para la Convivencia, Nora Bracho, del partido opositor Un Nuevo Tiempo, expresó que una amnistía sin verdad es incompleta, sin reparación es insuficiente y por eso le “hemos puesto tanto corazón a esta Ley”, acotó.

Hoy, dijo, enviamos un mensaje claro, “Venezuela puede corregir y construir acuerdos que trasciendan a pesar de las diferencias” y aclaró que esta ley “no pretende sustituir el dolor ni minimizar lo vivido”.

Sancionada la normativa, inmediatamente después la presidenta encargada la promulgó en el Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, ante los parlamentarios afines y de la oposición, a quienes agradeció y expresó sentirse “muy complacida” porque se abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre.

HECHOS OBJETOS DE AMNISTÍA Y BENEFICIADOS

La Ley contiene 13 momentos de la historia nacional en el periodo antes mencionado y concede amnistía general a los delitos o faltas, cometidos y acaecidos en el contexto del golpe de Estado del 11 y 12 de abril del año 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.

También el paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003; las actuaciones del parlamento instalado en el período 2016-2021 y el desconocimiento de las instituciones y autoridades públicas, así como las manifestaciones y hechos violentos en 2007, 2009, 2013, 2014, entre otros más recientes.

Comprende, además, las elecciones presidenciales de abril de 2013; los procesos internos para la selección de candidatos y candidatas presidenciales de 2023; elecciones presidenciales de 2024; y comicios regionales y para la Asamblea Nacional en 2025.

Apenas 72 horas después de ser promulgada la nueva norma jurídica, el Gobierno recibió un total de mil 557 solicitudes de excarcelaciones de privados de libertad amparados en la Ley de Amnistía, que pasaron inmediatamente a ser procesados por los órganos competentes.

Mientras, otros 11 mil casos con medidas cautelares sustitutivas a la prisión, están siendo analizados como parte del proceso legal, reveló Jorge Rodríguez, quien antes denunció una “campaña sistemática” de instigación al odio para intentar dividir a los venezolanos.

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