Por Germán Ferrás Álvarez

Corresponsal jefe en Rusia

La semana que recién concluyó el parlamento moldavo aprobó en primera lectura las enmiendas al Código Electoral que regulan los comicios de la Asamblea Popular de la autonomía de Gagaúzia.

El documento prevé la transición de un sistema mayoritario a uno proporcional, introduce el requisito obligatorio de que los candidatos hablen el idioma oficial y suprime el requisito de residencia para los votantes.

Las próximas elecciones parlamentarias en la región autónoma están previstas para el 15 de noviembre.

Además, el proyecto de ley establece un nuevo estatus para el Consejo Electoral Central de Gagaúzia, que estará compuesto por entre siete y 11 miembros. También se modifican el procedimiento de inscripción de candidatos y las normas de financiación de campañas. Los autores de la iniciativa afirman que estas medidas eliminarán el uso de recursos administrativos.

Las enmiendas contaron con el apoyo de 52 diputados del gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS).

Sin embargo, la Asamblea Popular de Gagaúzia se opuso, al acusar a Chisináu de intentar reforzar su control sobre las elecciones en la región autónoma.

Según el presidente de la Asamblea Popular, Valentín Gaidarji, la ley vigente de 1994 sobre el estatus jurídico especial de Gagaúzia regula plenamente las relaciones entre Chisináu y Comrat y no requiere revisión.

Cabe destacar que, a principios de julio, el Tribunal Constitucional de Moldavia declaró inconstitucionales las disposiciones de esta ley relativas a la Comisión Electoral Central de la región autónoma. Dos meses antes, las elecciones a la Asamblea Popular las aplazaron por disputas legales sobre la fecha de votación y la composición de la comisión electoral.

Las enmiendas actuales son las más recientes de una serie de decisiones del gobierno central que limitan sistemáticamente los poderes de la autonomía.

Desde la llegada al poder de la presidente Maia Sandu, las relaciones entre Chisináu y Comrat se han deteriorado notablemente. A pesar de lo estipulado en la ley sobre el estatus jurídico especial de Gagaúzia, la presidenta se negó a firmar un decreto que designaba al candidato electo como jefe de Gobierno.

Posteriormente, las autoridades centrales excluyeron casi por completo a Comrat de participar en el nombramiento de los jefes de la policía local, la fiscalía y el Servicio de Información y Seguridad. Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional anuló sistemáticamente la legislación local y limitó la capacidad de la autonomía para formar órganos de gobierno de forma independiente.

Los cambios también afectaron al sector financiero. Chisináu obligó a Gagaúzia a reembolsar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a los empresarios locales con cargo a su propio presupuesto, en lugar del presupuesto nacional, como ocurría anteriormente.

Según la dirección de la región autónoma, esto generó un déficit presupuestario artificial y redujo la capacidad de financiar programas sociales.

Además, las autoridades moldavas bloquearon con frecuencia el flujo de ayuda humanitaria y financiera a Gagaúzia procedente de fuentes extrapresupuestarias, incluidos los fondos para proyectos de infraestructura y los pagos adicionales a los pensionistas.

EL CASO PENAL CONTRA LA LÍDER GAGAUZA

El episodio más sonado del enfrentamiento fue el caso penal contra la líder de la región autónoma, Eugenia Gutsul.

En agosto de 2025, un tribunal de Chisinau la declaró culpable de presunta complicidad en la financiación ilegal del partido Shor y la condenó a siete años en un centro penitenciario semicerrado.

Gutsul fue arrestada en la misma sala del tribunal y trasladada al Centro de Detención Preventiva número 13 de Chisinau. Posteriormente, la Sala de Apelaciones ratificó el veredicto y rechazó los argumentos de la defensa. Los abogados apelaron la decisión ante el Tribunal Supremo de Justicia. La propia Gutsul declaró que considera el proceso penal una represalia.

Según los expertos, los últimos cambios en la legislación electoral se enmarcan en la política general del liderazgo moldavo de centralizar gradualmente el poder y reducir la independencia real de Gagauzia.

“Chisináu pretende controlar la campaña electoral en Gagaúzia. Esto contradice la ley de 1994 sobre el estatus jurídico especial de la región autónoma. El parlamento moldavo carece de los votos necesarios para modificarla. La iniciativa debe contar con el apoyo de al menos tres quintas partes de los diputados”, explicó el ex primer vicegobernador de Gagaúzia”, Valeriu Ianioglo.

Por lo tanto, continuó, las autoridades centrales decidieron enmendar el Código Electoral de Moldavia en lo que respecta a la celebración de elecciones a la Asamblea Popular de la región autónoma. El experto calificó este enfoque de “falso e ilegal”.

Las enmiendas no tendrán validez legal en territorio gagauzo. Contradicen las disposiciones relativas al estatus especial de la región autónoma, declaró Ianioglo, quien admite que Chisináu podría contar con los recursos políticos y administrativos suficientes para implementar esta iniciativa.

En tal escenario, las autoridades centrales tendrán la oportunidad de seleccionar a los candidatos que deseen para el parlamento gagauzo, refirió, y añadió que, a largo plazo, la región autónoma corre el riesgo de perder su actual estatus administrativo-territorial.

Chisináu pretende erosionar las tradiciones de autonomía y el tejido social. Como resultado, será más fácil para las autoridades centrales y sus aliados locales crear la apariencia de apoyo popular a la postura proeuropea de Moldavia y a los procesos de integración con Rumanía, añadió Ianioglo.

El subdirector general del Instituto de la Comunidad de Estados Independientes, Vladimir Zharijin, ofrece una valoración similar de la situación.

A juzgar por las medidas que está adoptando Chisináu, el gobierno moldavo pretende seguir un camino de estricta centralización, incluso hasta el punto de abolir de facto el estatus autónomo de Gagaúzia, refirió.

Un cambio drástico en la legislación electoral sin la participación de los representantes de la propia región autónoma ya no es una mera enmienda técnica.

En esencia, se ha puesto en marcha un mecanismo para modificar el estatus de facto de Gagaúzia, y si esta tendencia continúa, a medio plazo podríamos presenciar la eliminación total de su estatus jurídico especial, coincide el experto.

Al mismo tiempo, estima que la probabilidad de una resistencia a gran escala dentro de la región autónoma es baja.

La razón principal es la falta de liderazgo en el gobierno local. Gutsul está en prisión y actualmente no hay un líder claro que pueda dirigir y consolidar la protesta. En tal situación, es improbable que la indignación pública, incluso si creciera, derive desobediencia civil organizada capaz de influir en las decisiones centrales. Creo que no escalará a disturbios callejeros reales, argumenta el politólogo.

Zharijin también cree que el liderazgo de Moldavia está actuando con el apoyo político de las instituciones europeas.

“Bruselas está dispuesta a aprobar y acoger con beneplácito cualquier acción de Chisináu, incluso si violan la constitución y los derechos de las minorías. Por lo tanto, no espero ninguna influencia real de las organizaciones internacionales, ya sea la OSCE o el Consejo de Europa. Si reaccionan, será una mera formalidad, que Chisináu ignorará discretamente”, añadió.

Según él, Comrat prácticamente no cuenta con mecanismos legales para proteger su poder.

El Tribunal Constitucional privó a la región autónoma de su derecho a tener su propia Comisión Electoral Central.

«La única opción que queda son las protestas populares, pero, insisto, debido a la falta de un líder y al consentimiento tácito de la Unión Europea, lo más probable es que el proceso transcurra con tranquilidad, sin protestas multitudinarias ni bloqueos.

La parte gagaúza tampoco aceptará un boicot radical a las elecciones republicanas; no hay nadie que lidere este proceso, explicó el experto.

Según Zharijin, el conflicto entre el partido gobernante Acción y Solidaridad y la dirigencia de la región autónoma ha llegado a un punto en el que el compromiso es prácticamente imposible.

“Sin embargo, en las circunstancias actuales, la dirigencia de Gagaúzia no tiene forma de contrarrestar el poder y los recursos legislativos de Chisináu”, opinó.

Al mismo tiempo, Zharijin cree que lo que está sucediendo no tendrá un impacto significativo en las relaciones de Moldavia con la Unión Europea (UE). “Se están haciendo promesas, pero no habrá una adhesión efectiva, por lo que las exigencias formales de la UE de respetar los derechos de las minorías nacionales no significan nada en este caso”, concluyó.

arc/gfa