Por Orlando Oramas León

Corresponsal jefe en Uruguay

La Operación Trazador, desarrollada en Montevideo, permitió incautar más de 265 kilogramos de estupefacientes, además de dinero, vehículos, armas y municiones.

Tres personas fueron posteriormente condenadas por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas y municiones.

La dimensión política apareció cuando se conoció que uno de los condenados, Pablo Leiva, trabajaba en la secretaría del edil del Partido Nacional en Montevideo, Gonzalo Gómez.

Gómez reconoció públicamente que había cometido un error al contratarlo y explicó que su incorporación se produjo en diciembre pasado por recomendación del hijo de Leiva, Lucio, quien también trabajaba en su equipo.

El edil aseguró que desconocía las actividades ilícitas de su contratado, pidió disculpas y solicitó licencia de sus cargos partidarios, aunque anunció que no renunciará a su banca en la Junta Departamental.

Para complicar las cosas, se supo que el asesor Leiva recibía un sueldo de 52 mil pesos (alrededor de mil 300 dólares) sin tener tareas asignadas en la Junta Departamental.

El caso adquirió una dimensión adicional por los vínculos políticos de Gómez con el sector Por la Patria, encabezado por el dirigente nacionalista Jorge Gandini, director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), en representación de la oposición.

La investigación también puso bajo escrutinio público un local de cobranzas perteneciente a la esposa de Gandini, donde Leiva era cliente. El dirigente negó conocer al condenado y sostuvo que tanto él como su esposa están a disposición de la Justicia.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS

La primera consecuencia política de Trazador es institucional, al cuestionar los mecanismos mediante los cuales partidos, legisladores y gobiernos departamentales y municipales contratan colaboradores y establecen relaciones con personas que forman parte de sus estructuras.

Otro tema que se debate es el financiamiento y la circulación de dinero. El Frente Amplio, desde el oficialismo, sostuvo que las derivaciones de Trazador justifican profundizar los mecanismos de transparencia.

Por ello insiste desde lo partidario y parlamentario en analizar mecanismos de regulación y transparencia del financiamiento de los partidos políticos.

Cómo impedir que recursos provenientes de actividades ilícitas ingresen, directa o indirectamente, en circuitos económicos relacionados con la política, sería una buena pregunta para la discusión.

Si bien las pesquisas actuales no permiten concluir que el sistema político esté comprometido por el narcotráfico, sí evidencian que el crimen organizado cuenta con recursos para imbricarse en ámbitos económicos y sociales diversos de los que la política no anda aislada.

De cualquier manera, el caso deja de ser exclusivamente policial o judicial e involucra la confianza ciudadana en las instituciones.

LASTRE PARA EL PARTIDO NACIONAL

Para el opositor Partido Nacional, que gobierna en la mayoría de las intendencias y municipios, representa una situación delicada. El condenado trabajaba para un edil de esa colectividad y el caso alcanzó indirectamente a dirigentes de su entorno.

Gómez anunció que se pondrá a disposición de la conducción partidaria y de la Comisión de Ética, mientras el partido debe procesar las responsabilidades políticas que correspondan sin interferir en las competencias de la Justicia.

El episodio también abrió un debate sobre la situación de Gandini en la Administración Nacional de Puertos. El Sindicato Único de Trabajadores Portuarios reclamó que diera un paso al costado mientras se desarrolla el proceso, argumentando razones de “institucionalidad y credibilidad”.

Al mismo tiempo, la Junta de Transparencia y Ética Pública recibió una denuncia anónima relacionada con Gandini, otra repercusión política del caso, lo cual no equivale a conclusiones sobre su responsabilidad.

JUICIOS ABREVIADOS

Trazador también reabrió una discusión de naturaleza judicial con importantes consecuencias políticas: el alcance de los procesos abreviados.

Las tres condenas se obtuvieron rápidamente mediante acuerdos abreviados.

Especialistas en Derecho señalaron que el caso volvió a poner bajo discusión las ventajas y eventuales de este mecanismo; una investigación de narcotráfico y lavado puede contener líneas de investigación que exceden a quienes finalmente resultan condenados.

Sobre todo cuando el ministerio público dejó abierta la posibilidad de que nuevos elementos sean derivados a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

La cuestión de fondo es cómo obtener condenas efectivas contra integrantes de organizaciones criminales y, simultáneamente, preservar la capacidad investigativa del Estado para reconstruir redes financieras, logísticas y eventualmente institucionales de mayor alcance.

Ello se pone a prueba con la saga política y judicial de la operación Trazador, que de cualquier manera apunta al peligro que significa para Uruguay el impacto creciente del crimen organizado.

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