Por Mariela Pérez Valenzuela
Corresponsal jefa en República Dominicana
Eso ocurre con la población de Haití, gente trabajadora y noble a merced de bandas criminales y una crisis generalizada que le impide mantener una vida normal.
La emigración haitiana tiene como destino más próximo a la República Dominicana, con la que comparte la isla caribeña La Española, territorio en el que intentan establecerse, pues solo tienen que cruzar la frontera.
Incluso, en algunos momentos algunos trabajaban cerca de la franja común y regresaban a dormir a sus hogares. Otros, más en estos tiempos de violencia, hambruna e intervención militar extranjera, prefieren arriesgarse y cruzar la zona prohibida en calidad de ilegales.
República Dominicana siempre vio en los haitianos una mano de obra barata y una fuente de comercio en la frontera bilateral que beneficiaba a las dos poblaciones.
Los que de una manera u otra logran quedarse y no son devueltos al infierno en que han convertido a Puerto Príncipe, son los que realizan labores pesadas y ganan menos salario que los locales. Intentan sobrevivir en la construcción, la agricultura o el comercio informal.
Cifras conservadoras indican que más de medio millón reside en República Dominicana, una nación que tiene sus mayores fuentes de empleo en la construcción, ya que de continuo Santo Domingo anuncia inversiones en hoteles para el turismo (más de 10 millones de visitantes el pasado año).
Un colega local comentó a Prensa Latina que de la situación de estas personas se aprovechan los sectores agrícola y de la construcción fundamentalmente porque no tienen que pagar seguridad social, ni sueldos de rango.
La salida de los haitianos, dijo, paralizaría las obras; hay que reconocer que ellos han erigido la nueva capital de la República Dominicana pues son los que se suben a las torres sin tiempo para medir el peligro y hacen los trabajos que la mayoría de los locales no quieren.
Acerca de su presencia en la agricultura, miles (la mayoría indocumentados) laboran en las mayores zonas productoras de huevo (en Moca, municipio cabecera de la provincia Espaillat) y de carne de pollo y de cerdo, en ese propio territorio y en La Vega, ambos en la región norcentral.
También están concentrados en los municipios Constanza y Jarabacoa (La Vega) donde hay extensas plantaciones de café, cacao y hortalizas, así como en el sur, entre Azua y Peravia.
Mientras, en la zona noroeste en Dajabón, alrededor de 18 mil haitianos y dominicanos, precisó, laboran en un parque de zonas francas situado en la comarca vecina, pero manejado por empresarios dominicanos.
Son estos hombres y mujeres los mismos que, desde inicios de octubre, pasan los días huyendo de la policía desde que el Gobierno anunció las deportaciones a gran escala, a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos dominicanos y organismos internacionales.
INESTABILIDAD EN HAITÍ, EL ARGUMENTO DEL GOBIERNO
Imágenes publicadas en las redes sociales dejan ver camiones llenos de ciudadanos de Haití en el centro de recepción de migrantes en Haina, a unos 20 kilómetros de Santo Domingo, la capital.
Desde ahí, quienes no tienen estatus regular o un proceso migratorio en curso son trasladados a la frontera para deportarlos, tras ser detenidos en operativos masivos.
Aunque el año pasado las autoridades dominicanas repatriaron a unos 250 mil, la situación para ellos en la actualidad es más compleja y extenuante.
El pasado 2 de octubre, el gobierno de Luis Abinader, que apenas inicia su segundo mandato, anunció un plan que ejecutó de inmediato para repatriar hasta 10 mil indocumentados por semana, con el propósito de “reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas”, refirió el vocero de la presidencia, Homero Figueroa.
Esa posición del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no debe sorprender pues el dignatario lo advirtió en la ONU: “o ellos y todos los países que se comprometieron actúan con responsabilidad en Haití o nosotros actuaremos con la responsabilidad debida en la República Dominicana”.
Como argumento, el mandatario indicó que la inestabilidad en la vecina nación genera “una presión significativa en territorio dominicano, y puso como ejemplo que en 2023 las atenciones médicas a haitianos representaron el 9.9 por ciento del total de servicios del sistema sanitario.
También refirió que de los 200 mil menores extranjeros que estudian en las escuelas dominicanas, cerca de 148 mil son de Puerto Príncipe.
El mandatario sostuvo que los datos “reflejan la gran carga económica y sentido humanitario de República Dominicana, pero solos no podemos”.
Sin embargo, Abinader no mencionó que Haití se mantiene como el segundo socio comercial más importante para la República Dominicana después de Estados Unidos.
Tampoco dijo que desde 2019 hasta enero de 2023, las transacciones mercantiles de bienes domínico-haitianas registraron 3,629 millones de dólares, como resultado de las exportaciones dominicanas que alcanzaron un valor de 3,652 millones de dólares.
En 2023, Santo Domingo anunció la agilización del muro fronterizo de 165 kilómetros, al estilo del construido por Washington en la zona común de México y Estados Unidos, para impedir la entrada.
Con medidas que algunos sectores de la oposición calificaron de “drástica”, en tanto otros grupos las aprobaron, el Gobierno reclamó el año pasado la detención de la construcción por civiles de ese país de un canal de riego en el río Dajabón, cuyas aguas corren en las dos naciones.
Abinader dispuso ese año el cierre de la frontera marítima, terrestre y aérea, y la suspensión de visado, con lo que agravó la situación de miles de ellos y de criollos que participan en el comercio binacional.
El enfado dominicano ocurrió en medio de una crisis generalizada en el empobrecido territorio, con sus comunidades en manos de bandas mafiosas vinculadas al narcotráfico, miseria absoluta y otros males.
HAITÍ CRITICA POSTURA DE SU VECINO
Para el gobierno de Puerto Príncipe, la actitud del Ejecutivo dominicano es criticable, una actitud que comparten organizaciones de derechos humanos de las dos partes de la isla.
Cada fin de semana es torturante para los migrantes del país vecino, donde militares de Kenya llegaron, dicen, para ayudar a sus homólogos en el dominio de las bandas servidoras del tráfico que violan, secuestran y asesinan sin que les importe el sexo o la edad de quienes encuentran en su camino.
Muchos de los llegados aquí viven escondidos, un poco alejados de Santo Domingo, la capital. Viven en miseria, pero al menos viven.
Sin embargo, la persecución es tal que cada fin de semana fuerzas militares conjuntas (Ejército, Fuerza Aérea y la Policía, entre otras) realizan operativos no solo en la capital, donde por lo general radican los que tienen permiso de residencia o pasaporte.
No les importa. Los detienen y ni les permiten sacar sus papeles o buscarlos en sus casas. Los montan en camiones y los dejan en la frontera común, denuncian organizaciones sociales de ambos lados.
La situación de esos migrantes, en especial, es de absoluto desamparo. Son como un ganado que hay que recoger para llevarlo al matadero porque esa condición es la que seguramente les espera en su país.
La Dirección General de Migración, que asegura República Dominicana cumple los protocolos de deportación y el respeto a los derechos humanos, hace redadas de madrugada en lo que llaman puntos estratégicos.
Incluso en esas ocupaciones las autoridades locales encuentran personas que han nacido en República Dominicana. Pero lo primero es atraparlos, meterlos presos y luego decidir lo que ocurrirá con un ser humano cuyo único delito es ser negro y no querer ir a un país al que quizás ni siquiera conoce.
LAS DEPORTACIONES, “ESCENAS BRUTALES”
Ante las que consideró “escenas brutales”, el Gobierno de Puerto Príncipe extendió una nota en que critica las expulsiones y consideró que “esta política del gobierno dominicano contraviene las normas internacionales en materia de derechos humanos, así como el imperativo del respeto a la dignidad humana”.
La ministra de Exteriores, Dominique Dupuy, condenó “enérgicamente estos actos deshumanizantes y exigió respeto y justicia”.
También la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) mostró su desacuerdo con el trato a los migrantes de Haití, la primera nación en América Latina en hacer una Revolución para liberarse de la colonia francesa en 1804, pero cuya historia, que trazó caminos a otros pueblos, parece haberse diluido en el olvido.
Ese organismo recordó al gobierno de Abinader que, conforme a sus obligaciones, el Estado debe resguardar a las personas que buscan protección internacional y respetar la prohibición de las expulsiones colectivas, de acuerdo con el artículo 22.9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También alzó su voz el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en El Caribe. Al pronunciarse, explicó que “con esa cantidad de detenciones es imposible que haya un orden de procesamiento para cada una de las personas, que haya una depuración, que se siga el debido proceso”.
No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, insiste en que las repatriaciones cumplen las normas internacionales y respetan la dignidad de las personas.
La cruda realidad es que Dominicana los devuelve a una muerte casi segura. De igual manera, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que unos cinco millones 400 mil personas “luchan cada día para poder alimentarse a sí mismos y a sus familias, lo que representa una de las más graves crisis de inseguridad alimentaria en el mundo”.
Los haitianos ilegales o no son expulsados. Sin embargo, muchos están de nuevo cruzando la frontera para regresar, pagando más a los traficantes de personas.
El titular de la Dirección General de Migración, vicealmirante Lee Ballester, denunció entre mandos militares y autoridades del gobierno las complicidades de muchos sectores en el tráfico de miles de ilegales por los puntos fronterizos con Haití en el noroeste, el suroeste y el sur central.
Muchos insisten en quedarse en esta tierra, pero otros deciden partir hacia Nicaragua y emprender la ruta que los llevará a Estados Unidos, una nación donde un negro es tratado, casi siempre, como un delincuente.
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