Por Manuel Robles
Corresponsal jefe en Perú
Desde las encuestas, en las cuales la presidenta Dina Boluarte cayó a cinco por ciento de aprobación, hasta anuncios de marchas de protesta contra el Gobierno y las decisiones del desgastado Parlamento de mayoría conservadora, se delinean una serie de modificaciones legales y constitucionales favorables a ese sector político y sus aliados.
Medidas de ese corte se dan desde hace meses en el campo electoral, como la de prohibir la participación de los movimientos regionales en los comicios de ese ámbito y el municipal, y cerrar la posibilidad de candidaturas ajenas a los partidos existentes o a los que puedan cumplir el complejo registro en un tiempo perentorio.
Esas y otras reformas, que un congresista calificó como maniobras de la derecha “para limpiar la cancha” de posibles adversarios en las urnas, son rechazadas por organizaciones sociales, críticos de izquierda y centro y juristas que las consideran antidemocráticas y atentatorias contra los derechos del electorado.
La arremetida, como suelen llamarla diversos medios de prensa, registró tiempo atrás el restablecimiento de la reelección de parlamentarios y el Senado, eliminados en 2018 en un referendo por más de 80 por ciento de los electores.
La ola de medidas es considerada por amplios sectores como ejecución de una estrategia que incluye el copamiento del sistema de justicia y otras áreas del aparato estatal y que tiene en la mira la captura de los organismos electorales constitucionalmente independientes con el aparente fin de controlar futuros comicios.
Quienes denuncian las medidas del Legislativo critican al mismo tiempo al Gobierno porque no contiene la oleada regresiva, al mantener un acuerdo tácito con la mayoría congresal de preservar mutuamente su permanencia pese a la continua crisis política, económica y social de los últimos años.
Organizaciones defensoras de derechos humanos rechazan una nueva ley pendiente de ratificación y propuesta por la derecha extrema que dispone la prescripción de los delitos considerados crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, cuando Perú se adhirió a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (que los considera imprescriptibles).
La ley fue repudiada además por instituciones como el Colegio de Abogados de Lima y la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y la justicia supranacional requirió al Estado peruano que suspenda la segunda votación de la legislación hasta analizar su contenido.
Los fiscales supremos, superiores y provinciales se sumaron al repudio y advirtieron que, de aprobarse la legislación, dejaría impunes matanzas de cientos de peruanos y otros crímenes contra los derechos humanos cometidos por militares y policías durante el llamado conflicto interno (1990-2000).
La serie de avances de las fuerzas conservadoras del Parlamento tuvo un tropiezo el 13 de junio al frustrarse el intento de aprobar una ley cuyos efectos se traducirían en la proscripción del aspirante a la presidencia y nacionalista radical Antauro Humala, al prohibir a quienes, como él, fueron sentenciados por el delito de rebelión.
La denuncia de que la norma está dirigida a impedir la postulación de Humala y por tanto viola el principio constitucional que prohíbe las leyes con nombre propio, sumado a la posibilidad de victimizarlo y darle protagonismo, dividió al bloque de derecha y cerró el paso al proyecto, al menos por ahora.
La mayoría congresal es acusada también de tomar un sinnúmero de medidas antidemocráticas y de lesa cultura, como una nueva ley que margina de los subsidios estatales -otorgados desde hace décadas a las producciones cinematográficas-, a aquellas que atenten contra lo considerado por los autores de la norma el orden y los principios democráticos, calificado de censura por el movimiento de cineastas.
La ley establece además que las producciones del interior del país que obtengan el subsidio estatal solo recibirán la mitad del costo de la película financiada, lo cual es señalado como discriminatorio.
Por otra parte, el Ministerio de Educación mantiene pendiente la propuesta de eliminar una lista de decenas de textos escolares por incluir conceptos como el del llamado conflicto interno o el de la igualdad de género, entre otros.
Y en la semana final de la primera Legislatura, una comisión parlamentaria aprobó preliminarmente un proyecto de ley, el cual otorga a los padres el derecho a decidir que sus hijos no reciban educación sexual en las escuelas estatales; esto, según expertos pedagogos, invade las atribuciones del Ministerio de Educación.
La autora de la iniciativa es la congresista Milagros Jáuregui, integrante de un grupo evangélico extremadamente conservador y quien sostiene como predicadora la supremacía del hombre en la pareja por el supuesto mandato divino de que “es el rey y ninguna mujer puede quitarle autoridad”.
Por otra parte, se mantienen en el sistema de justicia (en gran parte afín a la mayoría parlamentaria), las investigaciones a la jefa del Estado por las muertes en las protestas contra su ascenso por sucesión a la presidencia y pesquisas como la más reciente, por enriquecimiento ilícito y cohecho, debido a la posesión por ella de relojes y joyas de alto costo.
En el plano de la seguridad ciudadana, desbordada por la delincuencia organizada, el Parlamento aprobó una ley que atenúa la legislación contra las organizaciones criminales, al extremo de exigir que los allanamientos -por definición sorpresivos- solo se puedan hacer en presencia del afectado y de su abogado.
Además, aumentan los requisitos para investigar con la drasticidad que corresponde los casos de organización delictiva y solo considera como tales a los que merezcan una pena de más de seis años y prohíben incautar o inmovilizar fondos de partidos políticos en caso sus dirigentes se involucren en actividades de corrupción, entre otras medidas.
Las organizaciones empresariales y sectores sindicales se sumaron al rechazo de la norma, por considerar que agrava la inseguridad ciudadana al favorecer a organizaciones criminales dedicadas a delitos como los de narcotráfico, extorsión y sicariato.
La presidenta, cuya administración cuestiona la veracidad de las pesquisas que le asignan hasta más de 90 por ciento de desaprobación y proclama que no trabaja pensando en las encuestas, pareció mortificada por el asedio de situaciones conflictivas.
En un discurso público, la mandataria dijo que “nuevamente estamos en la narrativa perversa de quienes se oponen al progreso del pueblo, tergiversando declaraciones y creando cuentos con el objetivo de poner al ciudadano en contra de sus autoridades, pero aquí estamos, firmes y dignos”.
Reivindicó como logro la reactivación económica, aunque las quejas por la situación social en ese campo persisten, y señaló que el país vive “en democracia, en paz y en calma, buscando su desarrollo”.
Al mismo tiempo, la Asociación de Movimientos Regionales estaba enfrascada en preparar una marcha a Lima contra la aprobación definitiva de la ley que proscribe electoralmente a esas organizaciones y otras demandas, como la mayoritaria, según las encuestas, de elecciones adelantadas presidencial y parlamentaria.
Desde la Amazonía, los líderes de la Nación Awajún anunciaban una jornada de protesta en diversas regiones, en contra de la “la constante vulneración y el retroceso de derechos de parte del Congreso, avalado por el Ejecutivo”.
En tanto, la Defensoría del Pueblo reportó que en mayo último registró 209 conflictos sociales y 312 acciones colectivas de protesta (10 por día) y advirtió que si no se abordan con el diálogo y la negociación, pueden desembocar en una crisis.
En la región surandina de Puno, bastión de las protestas de fines de 2022 y marzo de 2023, las organizaciones sociales alistan para julio nuevas manifestaciones en demanda de justicia para los caídos en aquellas jornadas, entre otros reclamos.
arb/mrs
