Por Ivette Fernández
Corresponsal jefa en Colombia
Tal como lo reconoció el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, se perdieron cuatro años debido al estancamiento sufrido en la ejecución de los puntos de ese pacto como resultado de la inacción de la administración de Iván Duque (2018-2022).
Sin embargo, aseguró que el compromiso del actual ejecutivo es adelantar todo lo que se pueda para honrar los ejes contenidos en el Acuerdo suscrito el 24 de noviembre de 2016.
Para eso, explicó Cristo, el Gobierno buscará que los temas referidos a las zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) no concluyan en 2030, que es lo estipulado, sino que se amplíen hasta 2038.
“Este Gobierno avanza con el Plan de Choque diseñado para avanzar en la implementación y los pactos territoriales para transformar los 170 municipios PDET. Son pasos concretos para cumplir con los siete millones de colombianos que aún esperan la promesa de paz: educación, infraestructura y proyectos productivos”, planteó el funcionario.
Refirió además que, con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, se trabaja por obtener resultados tangibles que beneficien a quienes más lo necesitan.
El ministro apuntó igualmente que con la firma de 16 pactos territoriales en igual número de zonas PDET, se conformaron 402 proyectos gracias a la participación de la ciudadanía, que aportó 33 mil iniciativas.
Confió en que todos estos planes puedan concretarse en los próximos años con la contribución de los diferentes actores sociales.
El presidente del país, Gustavo Petro, reveló por su parte que las comunidades que debieron resultar beneficiadas en los últimos años no vieron las mejoras puesto que el capital destinado para ese fin fue robado.
“Se invirtieron billones de pesos en el transcurrir de estos ocho años y, cuando fuimos a mirar las obras -directamente de responsabilidad del director de Planeación Nacional- no están las obras. Hubo anticipos, contratos firmados, hubo transferencias de la Nación para pagar esos contratos y las obras no están”, aseveró.
Frente a esta situación, enfatizó que es necesario avanzar en la transformación de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza.
REFORMA RURAL INTEGRAL
Sin duda uno de los puntos más sensibles del Acuerdo es el de la Reforma Rural Integral. De conformidad con el mandatario de la nación, se tiene un dato global de 300 mil hectáreas entregadas a campesinos de tres millones que se pactaron, apenas el 10 por ciento.
El jefe de Estado manifestó entonces que aspira a duplicar la entrega de terrenos en Colombia para el año próximo con 600 mil hectáreas cedidas a los agricultores y maximizar las Zonas de Reserva Campesina.
No obstante, alertó que para llegar a la meta propuesta es necesario cambiar las normas y que una vez que se apela al órgano legislativo encuentran falta de voluntad porque allí “los artículos se han perdido, se han detenido, o no se han aprobado”.
Reveló que si el Congreso decide no modificar las normativas que “faciliten el traslado de la tierra en manos de victimarios o de grandes poseedores improductivos al campesinado de Colombia”, no será posible cumplir el objetivo de entregar tres millones de hectáreas.
Petro aseguró que el Acuerdo de Paz dice, taxativamente, que se debe cambiar aquello que obstaculice su cumplimiento.
Sin embargo, apuntó, las tierras que debían estar en manos del campesinado para producir alimentos, en la actualidad están en poder de “descendientes de los paramilitares”.
LA PROTECCIÓN A FIRMANTES
La firma del Acuerdo trajo asimismo aparejada la necesidad de que el Estado aplique medidas para salvaguardar la vida de los antiguos combatientes de las FARC-EP.
A propósito del tema, el exlíder guerrillero y actual presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, alertó sobre las condiciones de seguridad de los firmantes y las comunidades colindantes a los espacios de reinserción, a las que calificó de graves.
“Son 438 los firmantes asesinados, decenas de ellos están desaparecidos, centenares viven bajo amenazas, se cuentan por miles los desplazados”, enfatizó.
Argumentó que no se explica que aún permanezca un elevado número de firmantes en las cárceles y no se concibe la inoperancia de todas las ramas del poder para obtener la repatriación y libertad del exguerrillero Simón Trinidad, arbitrariamente extraditado a Estados Unidos.
El mismo Estado reconoce que, además de los exguerrilleros, desde la firma del Acuerdo mil 386 líderes sociales han sido también asesinados.
“A dos años de este gobierno, aún persiste la necesidad de lograr resultados de mayor impacto en la protección de la vida”, reconoció la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas.
Con el objetivo de revertir parte del actual escenario, se logró la aprobación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección y el Programa de Protección Integral para firmantes de paz, sus familias y miembros del Partido Comunes, nacido tras la desmovilización de las FARC-EP.
Según la funcionaria, se crearon 24 rutas de respuesta inmediata para garantizar la protección de los excombatientes, que se implementan en 27 departamentos, y se han desarrollado 62 sesiones territoriales de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.
LOGROS PESE A TODO
Pese a que el camino por recorrer parece aún muy largo para honrar el Acuerdo de Paz de 2016, algo de lo más valioso ya logrado es el compromiso del actual Gobierno por recuperar el tiempo perdido y derribar los obstáculos que todavía persisten.
Así lo reconoció Londoño cuando celebró la extensión del mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y también la prolongación de la implementación hasta el año 2038, en concordancia con las nuevas realidades y la necesidad de mayor efectividad.
“Expresamos nuestra satisfacción con el Plan de Choque anunciado ante el Consejo de Seguridad de ONU por el actual Gobierno y por los esfuerzos planteados para materializar la Reforma Rural Integral y llevar a los territorios abandonados el desarrollo económico y social y el plan integral de reincorporación adoptados”, refirió.
Es asimismo una señal halagüeña que 12 mil 105 firmantes de paz activos, una cifra cercana al 86 por ciento, mantengan su palabra de permanecer alejados de las armas.
Para impulsar la reincorporación, un total de 12 mil 591 millones de pesos (cerca de tres millones de dólares al cambio actual) se han desembolsado con vistas a proyectos productivos de esta población de 32 departamentos y más de 12 mil hectáreas de tierra se compraron y entregaron a firmantes en 55 predios.
Esos logros, todavía insuficientes para cubrir todas las demandas del Acuerdo, fueron reconocidos por la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, Rosemary A. DiCarlo, quien visitó el país por tres días.
En sus declaraciones, la representante de ONU consideró que el pacto de 2016 representó un hito en la historia de la nación sudamericana y despertó la esperanza, tanto en el país como en el resto del mundo, en la posibilidad de la paz.
“En Colombia están escribiendo una historia diferente, una sobre la paz y la inclusión, una paz amplia y duradera que, aunque no se ha logrado, aún sigue estando a su alcance”, reveló.
También reconoció las iniciativas de diálogos puestas en marcha por el actual Gobierno con el resto de los grupos armados y refrendó el compromiso de ONU de acompañar los procesos desarrollados en defensa de una convivencia pacífica.
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