Por Luis Beatón

Corresponsal jefe en El Salvador

Sin embargo, el salvadoreño de a pie y en general la población se siente satisfecha luego que la medida eliminó la violencia y el ambiente criminal impuestos por las maras o pandillas que durante años se adueñaron del país y que gobiernos tanto de derecha como izquierda fueron incapaces de frenar.

Según informes de la PNC, el sábado 26 de marzo de 2022 cerró con una cifra de 62 homicidios: 12 en La Libertad, nueve en San Salvador, nueve en Ahuachapán, ocho en Sonsonate, cinco en Chalatenango, cinco en Santa Ana, cuatro en San Vicente, cuatro en San Miguel, uno en Usulután, uno en La Unión, uno en La Paz…

El día anterior se registraron 15 homicidios a escala nacional, ante lo cual las instituciones de seguridad se activaron en el contexto del Plan Control Territorial; esta acción dejó como resultado decenas de capturas de pandilleros.

La cifra de muertos justificó, para la mayoría, medidas fuertes que detuvieran el caos reinante.

Hoy el índice de asesinatos que registra el país es sumamente bajo luego de alcanzar el 1.9 por ciento por cada 100 mil personas en 2024, algo destacable si se tiene en cuenta que cuando se aplicó rondaba el 100 por ciento.

Algunos expresan inconformidad pues su adopción implicó la suspensión de varias garantías constitucionales, entre ellas, libertades de movimiento, expresión, asociación, e inviolabilidad de las comunicaciones. También, miles de detenciones arbitrarias y muerte de reos en penales son algunos de los señalamientos más frecuentes.

Pero en casi tres años de vigencia hay criterios mayoritarios de personas comunes, que indican que se sienten bien y seguros aunque, a su paso por calles y avenidas, parques y en los campos del país, se aprecie la presencia casi permanente de policías y soldados encargados de la seguridad.

Los números pueden ser convincentes de la efectividad alcanzada por la iniciativa que pese a ser calificada de inconstitucional en su prórroga, en 36 oportunidades, permitió al país alcanzar 755 días sin asesinatos hasta el 25 de marzo.

Estos resultados son el centro de la propaganda gubernamental al destacar que los constantes patrullajes de los equipos de la PNC y la Fuerza Armada también permitieron que El Salvador mantenga un contexto social alejado a la violencia, y sea calificado como el país “más seguro del hemisferio occidental”.

Al respecto, el diario El Salvador, cercano al gobierno, en ocasión de los tres años de vigencia de la política, destaca su efectividad y que es la “mejor evaluada por salvadoreños”. Las evaluaciones cercanas al 90 por ciento de aprobación ocurren pese a que una de las características principales del régimen de excepción es que debe ser temporal la suspensión de ciertos derechos para hacerle frente a las amenazas externas e internas.

Ya serán tres años de promulgación, 36 meses, cuando hay señales convincentes de que se restableció el orden, la seguridad ciudadana y el control territorial derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales que atentaban contra la vida, la paz y la seguridad de la población salvadoreña.

Conocida como el Decreto Legislativo número 333, avalada por nueve de cada 10 salvadoreños, la medida atrae más apoyo que críticas luego de ayudar a que el país se posicione como uno de los más seguros del continente y del mundo.

Es una realidad que el visitante puede palpar. Hace 36 meses traspasar apenas una calle o una línea imaginaria era motivo para que representara el acoso de las bandas e incluso la muerte.

A su favor actúa que facilitó eliminar a las pandillas de barrios y colonias, desbarató sus negocios ilícitos como el tráfico de drogas, la extorsión y mercados fachada donde lavaban dinero.

A tres años del fatídico fin de semana que justificó su adopción, es historia la división de territorios establecida por las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y la 18, que causaron miles de muertos entre pobladores indefensos.

Un dato ilustrativo de su efectividad es que al menos el 88 por ciento de los ciudadanos se sienten seguros en la ciudad, barrio o demarcación donde antes las bandas hacían imposible la convivencia.

Se espera que el presidente Nayib Bukele lleve a hecho su promesa de suavizar algunos de los tres derechos constitucionales suspendidos en cuanto a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.

Los resultados avalan esa acción. La recuperación de territorios, el aumento en la movilidad, la mejora del comercio y el auge del turismo son algunos de los logros alcanzados por las autoridades tras la eliminación de las pandillas.

Sin embargo, en 2024, en una encuesta de CID Gallup pobladores dijeron que sentirían miedo de que las pandillas tomaran venganza al quitarse la medida y ocurriera un incremento de la delincuencia.

Un 84 por ciento de los encuestados dijo que estaban a favor de la continuidad de la disposición; en meses anteriores, otra pesquisa reveló que el 69.1 por ciento estaba a favor de que el régimen de excepción se prorrogara por más tiempo.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), una organización de varios grupos que adversan al gobierno, sostiene que lo que se inició como una supuesta respuesta a la violencia de las pandillas, derivó en la ilegalidad de un Estado autoritario y militarizado, utilizado para detenciones arbitrarias, juicios colectivos y persecución de la resistencia popular, social y comunitaria, y criminaliza la defensa de los derechos humanos.

Según Francisco Parada, representante del BRP, el régimen de excepción se convirtió “en un mecanismo permanente de control social, militarización y represión”.

Parada señaló que más de 80 mil personas fueron capturadas sin el debido proceso, negando el derecho a la defensa y sin haberles comprobado vínculos con estructuras criminales.

Hay documentados más de 10 mil casos de detenciones arbitrarias. Aunque la cifra de presos inocentes podría rondar los 30 mil, aseveró.

Hasta el pasado 17 de marzo, los que critican la medida hablan de 374 muertes de personas bajo custodia estatal en condiciones inhumanas y sin acceso a justicia, de las cuales el 94 por ciento no estaban perfilados como pandilleros.

Un informe del Diario Colatino señaló que “el régimen” se justifica “para perseguir a las organizaciones de derechos humanos, reprimir y criminalizar el ejercicio periodístico y la protesta social”.

Ambientalistas, defensores de derechos humanos y periodistas son víctimas de acoso, detenciones y judicialización bajo acusaciones infundadas, agregó la publicación.

“El régimen se ha convertido en una herramienta de intimidación utilizada, incluso, en escuelas, hospitales y espacios públicos. La militarización con cercos militares injustificables contra comunidades, barrios y territorios, ha servido para la vigilancia de la población, dejando en un plano secundario el combate al crimen organizado, implementándose como estrategia de control político”, afirmó.

Hay opiniones contradictorias pero en general, a tres años de su adopción, como política, el régimen de excepción aún cuenta con el respaldo de la mayoría.

arb/lb