Luis Ernesto Guerra*, colaborador de Prensa Latina

Son evidentes las violaciones sistemáticas de derechos humanos, del derecho constitucional a la resistencia social, que ha generado detenciones arbitrarias, personas heridas, desaparecidas, con evidencia de tortura y allanamiento a territorios comunitarios, en donde se ha gaseado a personas embarazadas, niñez, adultos mayores.

La Constitución garantiza el derecho a la resistencia social, así como los instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano.

Protestar es un derecho, reprimir un delito:

Es evidente la naturalización de un patrón de violaciones, como expresión de un régimen que forja un uso abusivo del derecho penal, se están realizando audiencias de formulación de cargos, apegadas al manual gubernamental, sin el debido proceso.

No se cumplen con los protocolos contemplados en los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos.

El argumento radica en la utilización de leyes de antiterrorismo, que responde a un manual previamente forjado y que se cumple a rajatabla, para reprimir al denominado enemigo interno el pueblo.

Una mujer indígena ha sido agredida físicamente por elementos de la Policía Nacional, permanece detenida, bajo una perversa narrativa del “Tren de Aragua”, inexistente.

Esto responde a un patrón criminalizador ya utilizado en el levantamiento social-popular de 2019, en donde se acusó a 17 migrantes venezolanos como terroristas, posteriormente se comprobó, que pertenecían a una proveedora de servicios de transporte público.

“El régimen de Daniel Noboa ha recurrido de manera sistemática a 15 estados de excepción y a la declaración de un supuesto `Conflicto Armado interno´para justificar la expansión del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lejos de brindar seguridad, esta estrategia ha abierto la puerta a violaciones graves de derechos humanos y ha colocado a las personas en el país en mayor riesgo”.

En contexto:

Son ocho años de un neoliberalismo autoritario violatorio de la Constitución y el Estado de derechos, que cumple a rajatabla la agenda y manual del Fondo Monetario Internacional(FMI), multilateral, y ha abierto la puerta para que se cometan violaciones de derechos fundamentales y humanos, con desinstitucionalización y vaciamiento de la justicia social, lo cual ha significado una concentración de poder oligárquico, plutocrático, corporativo y familiar, con penetración del narco, violencia criminal, reducción presupuestaria en la salud, educación, seguridad ciudadana, caída del empleo.

Existen cerca de ocho millones de empobrecidos, a quienes se suma el despido de servidores/as públicos, reducción presupuestaria en la salud, en donde los hospitales se han convertido en una gran antesala de la muerte, de personas con enfermedades catastróficas, como las de padecimiento de disfunción renal requeridas de diálisis, pero la insensibilidad de un régimen que reprime al denominado enemigo interno, es decir, el pueblo, concentra cada vez más poder autárquico y raya en el autoritarismo, o democracia tutelada por policías y militares, acudiendo a los constantes estados de excepción y toques de queda focalizados en provincias, en donde existe un descontento generalizado y concentración de pueblos originarios:

¿Qué genera esto? Se está lesionando y vulnerando el derecho constitucional a la resistencia, porque se viene implementando los términos del acuerdo contraído con el FMI, uno de ellos la eliminación del subsidio al diésel, medida altamente inflacionaria que impacta social, económica, política y culturalmente en el pueblo ecuatoriano.

En pleno auge la narrativa de fake news y rotulación a luchadores sociales, activistas y defensores de derechos humanos como terroristas.

Las diatribas y amenazas de un régimen que niega todo mecanismo de diálogo con los sectores sociales y populares duramente reprimidos con granadas de gas lacrimógeno, de estruendo, de humo y el uso de armas de fuego.

Se está enfrentando al pueblo uniformado, con pueblo que protesta.

Mientras tanto, Consejo Nacional Electoral realizó para el domingo 16 de noviembre del 2025 una convocatoria a un referéndum, con preguntas que en nada van a paliar y combatir la violencia criminal imperante en país, generadora de 26 muertes violentas diarias por cada 100 mil habitantes.

Ergo, el régimen no duda en tachar de terroristas a los luchadores/as sociales, que defienden sus derechos colectivos.

Las comunidades, ayllus, cabildos, comunas vienen de una raigambre originaria en defensa de los derechos colectivos, de derechos del pueblo contemplados en Constitución, la cual contempla que el “Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Fuente: Constitución del Ecuador 2008).

Criminalización de la resistencia y protesta social

El régimen ha bloqueado las cuentas bancarias de los dirigentes de los pueblos, como un mecanismo de retaliación y conculcación de derechos. Sigue profundizándose la persecución política selectiva, con todo el desmadre y parafernalia libertaria autoritaria.

Esto desnuda el pleno auge del Plan Cóndor 2.0, Guerra Cognitiva, psicológica:

Existen lógicas y dinámicas de resistencia comunitaria enraizadas en la vida comunitaria, pues ellas cultivan la mayoría de la canasta alimenticia, que hoy va rumbo a los mil dólares, lo cual encarece el costo de insumos para la producción agrícola, concomitante de provisión alimentaria.

Ecuador sin seguridad alimentaria, convertido en Estado de Guerra, cumple los acuerdos del 15 de mayo de 2024, que Noboa firmó 43 con el FMI, en el período que le faltó por cumplir a Guillermo Lasso, es decir, antes del segundo proceso electoral presidencial, que ejerce hace cerca de 22 meses.

A pesar de que la Constitución garantiza la soberanía alimentaria, se encarece la canasta familiar, inaccesible para las clases subalternas, sin embargo, los pueblos vienen fomentando la preservación de la soberanía alimentaria, mediante el intercambio comunitario de semillas, una producción orgánica, amigable con el biocéntrico derecho constitucional de la naturaleza.

La represión militar-policial al realizar el balance de los dos días del “Paro Nacional” ha sido muy violenta, generando más de 60 personas detenidas, varias heridas, otras desaparecidas.

Para nadie es desconocido, que la fuerza pública es muy eficiente reprimiendo al denominado enemigo interno. Empero, completamente ineficiente en el uso de la fuerza frente a la violencia criminal, que ha generado varias víctimas mortales y heridas, en un Centro de Privación de Libertad.

Nueva Constituyente regresiva en materia de derechos

Este es un régimen autoritario y autocrático, que está rompiendo el orden constitucional, que no tiene ningún respeto a la institucionalidad, a la Constitución, al Derecho Internacional y le da la espalda al pueblo ecuatoriano, con un clima y arena de violencia, no solucionado.

Con la Constitución de Montecristi del 2008, se implementó el Conflicto Armado Interno, se amedrenta, se quiere disciplinar a un pueblo que tiene derecho a protestar, a la resistencia social.

Las violaciones de derechos humanos se cometen a la luz del día, con un quemeimportismo de la comunidad internacional.

Organizaciones de derechos humanos, han denunciado estas violaciones.

Hacemos un llamado al sistema interamericano de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de ONU Derechos humanos, a que se observe al régimen de Noboa.

Es fundamental defender el mandato constituyente de Montecristi, se pretende mediante fakes y narrativas palaciegas, que esta es una Constitución correísta, nada más absurdo, para desmantelar a una de las mejores del mundo, que es garantista de derechos.

Consolidación del proyecto oligárquico-imperialista

El objetivo es la profundización de las tremendas brechas de injusticia social, de empobrecimiento.

Desmontar y desaparecer la Constitución del 2008, es el objetivo y fin en mente de una oligarquía autoritaria, plutocrática, corporativ,a que no es correísta, ya que tuvo la máxima participación del poder ciudadano.

La Constitución del 2008, fue expresión de una construcción muy amplia, de organizaciones, de ciudadanía, de colectivos tejidas/os de diversidades socioculturales, socio populares, posteriormente votada y aprobada mayoritariamente.

Hablemos claro esta Constitución les impide la concentración de riqueza y de poder, de ejercer un régimen fáctico, que amenaza, que reprime, que tiene militarizado al Ecuador. La guerra cognitiva, psicológica, del miedo, no va a poder detener a un pueblo levantado en la defensa del principio constitucional que garantiza la soberanía alimentaria, la defensa de derechos constitucionales.

A pesar de la criminalización de la protesta social, de todos los embates, parafernalia y eufemismos de violencia militar-policial, no va dejar de levantar su voz, de defender el agua para la vida y el derecho humano de vivir en paz.

A esta estructura de poder oligárquica, corporativa, familiar le estorba e incomoda la garantía de derechos. Por ello, la Constitución del 2008 se configura como una gran amenaza para su estructura de poder.

Ecuador laboratorio regional estadounidense de injerencia

Ecuador es un laboratorio de asedio e injerencia regional, cabeza de playa en la construcción de que construye falsos positivos, que viene siendo observado por el sistema interamericano de derechos humanos y otras organizaciones de carácter nacional e internacional. En sendos informes han denunciado las recurrentes vulneraciones de derechos, el régimen pretende proscribirlos.

A propósito, el denominado “Plan Fénix”, que no tiene sustento, ha venido violentando los mecanismos y protocolos requeridos, como es el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que precautela el debido proceso en materia jurisprudencial, a raíz de la declaración mediante decreto ejecutivo de Conflicto Armado Interno (CAI), que jamás pudo sustentarse en derecho ante la Corte Constitucional.

La presencia de los militares y control del sistema penitenciario ha evidenciado las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de personas privadas de la libertad y de detenidas que han terminado en desaparición forzada.

En Ecuador la fuerza pública es muy eficiente en reprimir al denominado enemigo interno, que es el pueblo, expresado en clases subalternas, organizaciones sociales y populares, en pueblos y nacionalidades originarios/as, en diversidades socioculturales, sexogenéricas, ecologistas, ambientalistas, levantadas en el “Paro Nacional” que acude a su tercer día.

Pueblo uniformado, reprimiendo a pueblo empobrecido. Una fuerza pública, completamente impotente e inoperante frente a la violencia criminal.

Tenemos miedo, no podemos negarlo, ni tampoco tapar el sol con un dedo, como expresa un gran refrán popular. No podemos cerrar los ojos frente al tenaz desmadre neoliberal, libertario de tinte neocolonial y neofascista.

Ya empezaron a reprimir a los pueblos kichwas de la provincia de Imbabura, situada al norte del Ecuador, convertida en el epicentro de este “Paro Nacional”. A no dudar, a las personas detenidas se formulará cargos como terroristas, pero eso no va a detener la resistencia social y popular.

Ergo, es importante puntualizar que con el dinero del pueblo se paga los emolumentos mensuales de los represores obedientes al envallado presidente quien trasladó la sede del gobierno a Latacunga, Provincia de Cotopaxi, situada en la sierra central, columna vertebral de la nacionalidad kichwa del Ecuador y que ahora ha acudido a Otavalo, que está completamente militarizada, con tanquetas militares, a fin de elevar la temperatura de la protesta, a la que ha tildado de “mafias de siempre financiadas por narcoterroristas”.

Queremos recordarles, que las violaciones cometidas a los derechos humanos, no prescriben, ya que el país es garante y suscriptor de instrumentos internacionales en esa materia. Más aún cuando es un Estado laico, constitucional, de derechos, plurinacional e intercultural, garantista de los derechos colectivos.

Militares han cometido una flagrante violación de derechos humanos en la comunidad de Pijal, perteneciente a la Parroquia de González Suárez, San Rafael, Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura, mediante el flagrante allanamiento de domicilios por policías y militares, sin exhibir boleta de detención constitucional. Esto evidencia el pleno auge de un régimen autoritario, que no escatima en lo mínimo el cometimiento de la vulneración de derechos humanos, de criminalizar la protesta social y rotularlos como terroristas.

Este es un régimen, que está naturalizando teñir de sangre la poca democracia que queda con necrofilia y necro poder, parafraseando al camerunés Achillé Mbembe.

El “Paro Nacional” sistemáticamente va tejiendo respaldo e inconformidad en el pueblo ecuatoriano.

“No nos da la gana de ser una colonia estadounidense y no queremos ser un país con bases militares norteamericanas”, expresan algunas consignas.

Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, sembrando justicia social.

rmh/leg

*Formación académica en antropología, derecho, geopolítica. Analista político. Mediador de conflictos sociales. Secretario Ejecutivo Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU). Fundador Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA). Quito, Ecuador. Columnista de Correo del ALBA. Colaborador con artículos en: Ruta Crítica, Revista Virtual Partido Comunista de Brasil (PCB) y otros.