Por Adriana Robreño
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Ecuador
Desde que comenzó el año ya se perfilaba turbulento, pues habría elecciones regionales y locales en febrero y el entonces mandatario aprovechó para proponer una consulta popular para modificar la Constitución que en su opinión contribuiría a resolver los problemas de seguridad ciudadana y la institucionalidad.
Sin embargo, la oposición, encabezada por la Revolución Ciudadana (RC) arrasó en los comicios al ganar nueve prefecturas, unas 60 alcaldías y cientos de puestos en juntas parroquiales, incluidos los gobiernos de Quito y Guayaquil, las principales ciudades del país.
Lasso sufrió así una derrota contundente luego de que la ciudadanía rechazara las ocho preguntas del referendo y eso constituyó un golpe político del cual no se pudo recuperar.
A partir de ese momento, debilitado por ese resultado y golpeado ante denuncias de supuesta corrupción en empresas públicas, el presidente fue aludido en acusaciones de presuntos nexos con el narcotráfico en una trama a través de su cuñado Danilo Carrera y un amigo, Ruben Cherres, asesinado poco después.
Con esos argumentos, la oposición comenzó un proceso de juicio político en el legislativo para destituir a Lasso, aunque tras la revisión del caso por la Corte Constitucional, sólo pudo ser acusado por presunto peculado (malversación) en contratos de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
MUERTE CRUZADA Cuando la Asamblea Nacional (Parlamento) estaba a punto de votar la posible destitución del gobernante, él invocó la “muerte cruzada”, mecanismo previsto en la Constitución, pero nunca antes aplicado.
Mediante el decreto 741, Lasso dio paso a la medida un día después del inicio del juicio político en su contra.
Tras la disposición, varios exasambleístas, movimientos sociales y sindicales presentaron ante la Corte Constitucional (CC) más de cinco recursos para impugnar la decisión, catalogada como inconstitucional por no cumplir con los requisitos que justifiquen su aplicación.
Sin embargo, el órgano de justicia decidió por unanimidad desestimar los pedidos para revocar la decisión del jefe del Ejecutivo.
Pese a que el mecanismo lo consideraron un recurso fraudulento en el contexto en que fue aplicado, muchos analistas y políticos estimaron esperanzador el hecho de que la vía electoral solucionaría la salida definitiva de Lasso del poder.
De esa forma, el jefe de Estado disolvió el Parlamento, adelantó su salida del cargo y anticipó elecciones generales, sufragios realizados en dos vueltas, el 20 de agosto y el 15 de octubre, que conllevaron a la victoria del candidato de derecha Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN).
INSEGURIDAD AL ALZA
Guillermo Lasso finalizó su mandato con un saldo alarmante en términos de inseguridad, marcado por un aumento de asesinatos, secuestros, cárceles amotinadas y una transformación en la naturaleza del crimen en Ecuador.
Durante los primeros 10 meses de 2023 se registraron alrededor de seis mil asesinatos en el territorio nacional y probablemente al cierre del año se confirmen más de siete mil muertes violentas, una cifra nunca antes vista.
La crisis carcelaria se agravó también, con masacres que, aunque comenzaron durante el gobierno de Lenín Moreno, continuaron durante el mandato de Lasso con un saldo de más de 400 reos muertos en prisión.
Para frenar esos números, el jefe del Ejecutivo una y otra vez decretó estados de excepción, pero sin resultados palpables en la disminución de la violencia.
Según la tesis gubernamental, esa situación se debe a la cada vez mayor incautación de drogas y los golpes contra el narcotráfico, aunque expertos consideran que la pobreza, así como la falta de empleo y oportunidades, fomentan la vinculación de los jóvenes a los grupos delincuenciales.
En su plan de trabajo, el presidente Lasso prometía proteger la vida y el bienestar de los ciudadanos, pero Ecuador es uno de los 10 países con mayor criminalidad y las ciudades costeras de Durán y Guayaquil entraron en la lista de las más violentas del mundo.
En ese contexto se inserta la violencia política, con casos que estremecieron al país este 2023, como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y del alcalde de Manta Agustín Intriago.
ECONOMÍA EN NÚMEROS ROJOS
En el ámbito económico al banquero-presidente tampoco le fue bien en el año que está por concluir, al dejar el cargo con un país en números rojos.
Lo que sí se puede decir que cumplió el mandatario fue el aumento del salario mínimo, el cual pasó de 400 dólares al inicio del mandato a 450, un incremento de 25 dólares por año, aunque su idea era llegar a 500.
Sin embargo, más de la mitad de los trabajadores se encuentran en la informalidad, es decir, no cuentan con las garantías establecidas en la ley, como ser remunerados con al menos el salario básico.
Líderes de municipios y parroquias rurales del país andino demandaron a Lasso las asignaciones pendientes para las administraciones locales.
Por otro lado, está el riesgo de caer en default o impago de obligaciones contraídas con organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque el déficit fiscal está al alza, los atrasos en el sector público se acumulan y el dinero escasea frente a múltiples necesidades.
El FMI proyectó un déficit fiscal de cinco mil millones de dólares, casi cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), al cierre de este año.
En octubre, ese organismo recortó la proyección de crecimiento del país sudamericano para 2023 a 1,4 por ciento, en vez de 2,9 por ciento vaticinado a principios de año, mientras que la perspectiva para 2024 también disminuyó a 1,8 por ciento.
EL REGRESO DE LOS APAGONES
A eso se suma que el mandatario saliente dejó a su sucesor, Daniel Noboa, una crisis energética, con un déficit de generación eléctrica que provocó desde finales de octubre apagones después de 14 años sin ese tipo de eventos.
El Ministerio de Energía y Minas argumenta que la crisis eléctrica persiste por la escasez de lluvias y porque las reservas en los embalses de las centrales hidroeléctricas no han llegado a niveles óptimos.
Los apagones traen consigo no sólo malestar entre los ciudadanos, sino pérdidas económicas millonarias, advirtieron diferentes gremios que culpan a Lasso y su Ejecutivo por no adoptar medidas oportunas para evitar los racionamientos.
Una encuesta de Perfiles de Opinión, publicada en noviembre, señaló que el exgobernante -que prometió resolver los problemas del país en 100 minutos- se despidió con apenas 12,29 por ciento de aprobación.
En esas circunstancias dejó el poder el 23 de noviembre y para los ecuatorianos comenzó un periodo lleno de expectativas con Daniel Noboa al frente del Ejecutivo, un joven también de tendencia conservadora, heredero de una de las familias más ricas del país.
Las críticas al flamante mandatario son evidentes a un mes de su llegada al Palacio de Carondelet, pues los ecuatorianos reclaman medidas urgentes y concretas contra la inseguridad, y su proyecto económico urgente es una reforma tributaria que favorece a grandes grupos económicos.
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