Por Zeus Naya

Corresponsal jefe en Guatemala

Ante el evidente malestar social por el notable monto pagado por primera vez el último día de febrero pasado, la abogada y notaria expresó que ya no parecen ni actúan como legisladores, sino tal cual una banda de ladrones.

Estos últimos seguramente tendrán sus propios códigos de honor y el parlamento nacional no parece tener siquiera eso, subrayó la máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea en declaraciones exclusivas a Prensa Latina.

Antes, por lo general, los congresistas negociaban sobre la base de sus propios intereses, pero siempre con algunos límites para no perjudicar a la población en temas importantes para ellos, remarcó.

Esos términos -acotó- los han perdido totalmente en el presente, así como cualquier cuidado de lo que piense la ciudadanía en torno a ese actuar.

Sobre el Derecho del Trabajo, ejemplificó, los empleados tienen formalmente reconocidos aquellos que se les incluyeron en la Constitución de 1945 y otros en la de 1985.

Esos mínimos de dignidad -amplió Amézquita- se mantienen vigentes en lo substancial, sin nueva legalidad que fuera de igual importancia y hasta las últimas dos legislaturas ningún diputado se atrevió a plantear eliminarlos.

Los actuales proponen esto desde los salones del Hemiciclo, además de que hay que privatizar la Seguridad Social, que se debe dar muerte civil a cualquier demandante al Estado por violación de sus derechos fundamentales, describió.

En tal sentido, la experta explicó que a quien haga esto se le prohibirá el acceso al empleo en instituciones públicas, ya no serán contratados mediante servicio cívico para sustraerlos de las protecciones al trabajo y ahorrarse costos.

En estos momentos discuten cómo llevar el embargo de los salarios a más del 80 por ciento para ponerlo a disposición de los bancos del sistema, advirtió.

Así, cuando el pago que se les entrega es de miseria, de hambre, que no supera el umbral de pobreza, aseveró la asesora y dirigente del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco.

CONTEXTUALIZACIÓN

A pesar del esfuerzo por volver a ser un bloque reconocido en el Congreso, el oficial partido Movimiento Semilla (con solo 23 diputados de 160) sigue desde enero de 2024 sin poder acceder a la presidencia e integrar comisiones de trabajo, entre otras prerrogativas.

Analistas locales confesaron a esta agencia que esperaban un cambio en la forma de dirigir el Legislativo y normativas encaminadas a atacar la corrupción, el saqueo de las arcas públicas y más en favor de los problemas de la población.

Sin embargo, señalaron, los parlamentarios evidencian únicamente que les interesa continuar con los privilegios de cargo, a partir de lo cual realizan alianzas para profundizar el robo mediante acuerdos oscuros.

De ahí -precisaron- el salario aprobado a fines de noviembre de 2024, un salto de 29 mil 150 quetzales (casi tres mil 800 dólares) a 51 mil 939 (cerca de siete mil dólares), lo cual entra contradicción con la realidad del país.

La Alianza por un Congreso Eficiente instó a los diputados de Guatemala a reconsiderar el aumento, lo cual garantizaría sostenibilidad y coherencia presupuestaria.

En relación con equiparar ese sueldo con el de los magistrados de Corte de Apelaciones, las organizaciones de la sociedad civil que conforman esa entidad apuntaron que las calidades requeridas para ser legislador no son equiparables.

Un juez debe cumplir con exigencias académicas, experiencia profesional, contar con evaluación del desempeño y está sujeto a una jornada completa de trabajo, expusieron mediante un comunicado.

Autoridades de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán llegaron al Congreso para reiterar su rechazo y entregaron un memorial en el cual tildaron de abuso de poder y falta de sensibilidad lo ejecutado.

El incremento en los ingresos de los parlamentarios es una decisión injustificada en una nación donde miles de personas luchan diariamente por acceder a servicios básicos como educación, salud y empleo digno, aseguraron.

La acción de esos indígenas se produjo un día después de una movilización en las afueras del Hemiciclo y antes de que otros representantes de pueblos originarios enfatizaran que los legisladores se burlaron de la ciudadanía.

La Corte de Constitucionalidad también intervino en el tema y estableció que el alza salarial de los diputados debía ser confirmado o rechazado por el pleno del Congreso, por lo cual muchos esperan que cancele la decisión.

DETERIORO DEL CONGRESO

A juicio de Amézquita, existe un deterioro progresivo del sistema democrático en este territorio centroamericano, más marcado en el Legislativo en los últimos ocho años.

Mencionó que los partidos, todos, no afilian ni siquiera al nueve por ciento de la población empadronada del país, esto sin contar que dentro de los miembros parece se encuentran fallecidos, como sacó la Fiscalía en el caso Semilla.

Esto implica que la ciudadanía no siente identidad con esas estructuras políticas, no se ve representada por ellos, por su plan de gobierno y la ideología que propugnan, argumentó.

Es un problema de falta de credibilidad, porque tales agrupaciones cuentan incluso con financiamiento estatal para funcionar, comentó la entrevistada.

Asimismo, añadió, los diputados de los últimos parlamentos se prestaron a hacer negocios con el Gobernante de turno y corrompieron el voto del pueblo. Cobraron esas alianzas con la distribución del presupuesto del Estado, el reparto de plazas y de obras públicas, entre otras, realzó la abogada y notaria.

De hecho, opinó, se llegó a tal grado de descomposición que las negociaciones se hacen en el pleno y sin recato alguno, desde una perspectiva que desafía la dignidad de la población.

Esta, lamentó, hasta ahora no enfrentó con contundencia ese desafío que imponen los diputados y por eso es que estos continúan haciendo lo que quieren, sostuvo la experta.

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