Por Glenda Arcia
Corresponsal jefa en Argentina
Son pocos los medios locales de prensa que publican información sobre las audiencias celebradas cada miércoles desde el 26 de junio y en algunos casos lo hacen solo para cuestionar el accionar de la custodia de la exmandataria, sin ahondar en aspectos fundamentales y en el impacto de ese suceso.
Durante las últimas semanas y ante las múltiples interrogantes sobre lo ocurrido, más de 80 intendentes de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, senadores, diputados y otros dirigentes peronistas iniciaron una campaña contra la impunidad y repitieron la pregunta que muchos se hacen desde el 1 de septiembre de 2022: ¿Quién mandó a matar a Cristina?
EL ATENTADO
Ese día, cerca de las 21:00, hora local, un hombre llamado Fernando Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de la entonces vicemandataria y titular del Senado cuando ella saludaba a personas reunidas en las afueras de su domicilio, en el capitalino barrio de Recoleta.
Desde hacía varios días, miles de ciudadanos llegaban hasta ese lugar para brindarle su apoyo, extenderle sus manos o pedirle que firmara libros, en un contexto marcado por una fuerte persecución judicial en su contra.
Aunque Sabag apretó el gatillo, el arma -que contaba con cinco balas- no se disparó y el individuo fue detenido por ciudadanos que lo entregaron a la Policía Federal (PFA).
Durante registros en su casa en la zona de San Martín, la PFA halló 100 balas y una laptop, la cual fue analizada junto a su teléfono móvil, cuya información se borró en manos de los peritos por una razón desconocida.
Reportes oficiales indican que la pistola estaba apta para el disparo y fue usada poco antes del ataque, pero el mal empleo por parte del agresor evitó que el proyectil entrara en la recámara y saliera.
El domingo 4, oficiales de la Unidad de Investigación Antiterrorista arrestaron a su novia, Brenda Uliarte, y ambos fueron considerados por la jueza María Eugenia Capuchetti como coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa.
Además, enfrentan cargos por portación de arma de guerra sin autorización legal, acopio de municiones, tenencia de documento de identidad ajeno y falsificación.
También fue detenido un hombre llamado Gabriel Carrizo por su papel en la organización y ejecución de los hechos.
Tras conocerse lo sucedido, las calles de Argentina se llenaron de integrantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas que se movilizaron para repudiar el ataque, exigir el fin de los discursos de odio y el respeto a la vida en democracia.
EL JUICIO
Tras numerosas denuncias de Fernández y sus abogados sobre las irregularidades cometidas en el proceso investigativo, el juicio sobre el caso tuvo su primera audiencia el 26 de junio de este año en el Tribunal Oral Federal 6, en esta ciudad.
Yo quería matar a Cristina y ella (Uliarte) quería que muriera, admitió Sabag ante los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.
Gatillé una vez, no dos, y no volví a recargar al arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan. La distancia fue prudencial para poder llegar. Estaba a 30 centímetros, dijo.
El sujeto intentó desligar a Uliarte y Carrizo del hecho, afirmó ser “apolítico” y que actuó por fines personales: “Son cuestiones de incomodidad con lo establecido. No hay que buscar una justificación por la cual se cometió el acto”.
Soy el resultado de muchas fallas de la justicia. Traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron, añadió. Además, aseguró que no tenía relación con la organización ultraderechista Revolución Federal ni recibió dinero para perpetrar el atentado.
También señaló que intentó matar a Fernández “por muchas cosas, porque llevó a Argentina a la inflación”.
Un día después, Marcos Aldazabal, uno de los abogados de la expresidenta, aseveró que Sabag sabe lo que hizo y sus consecuencias.
Aldazabal explicó que, con las declaraciones del individuo, quedó desmontada “la narrativa de que era un loquito” quien trató de asesinar a la exjefa de Estado.
Es una persona que sabe lo que está diciendo. Tiene un vocabulario amplio y respondió todas las preguntas. Entendía todo y es muy consciente de lo que hizo. Parece inteligente y centrado, comentó.
Fue muy explícito al mostrar cómo la persecución judicial contra Fernández –impulsada con algunos medios de comunicación– fue lo que lo llevó a pensar que ella era la generadora de todos los problemas del país y había que matarla, añadió.
Casi dos meses después, el 14 de agosto, Fernández denunció ante ese mismo tribunal que “el partido judicial protege a quienes tuvieron que ver con el atentado.
“Tenemos sentados acá a los autores materiales, pero no a los ideólogos ni financiadores del hecho. Hay una deuda que saldar con la democracia y con quienes creen que la política debe ser un instrumento para cambiar la vida de la sociedad y no un refugio para quienes pretenden matar y estigmatizar”, aseveró.
Sería muy ingenuo pensar que esas tres personas idearon todo, afirmó la expresidenta e insistió en la necesidad de investigar la implicación de Revolución Federal y el partido Propuesta Republicana, la presunta relación del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman con el hecho y los vínculos de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la eliminación de datos de celulares de varios testigos.
Recordó que poco antes del atentado Milman presentó un proyecto criticando su custodia, donde se refirió a la posibilidad de que alguien intentara matarla para presentarla como una víctima.
El documento termina con una frase: Sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina. Después nos enteramos que una persona lo escuchó decir: “Cuando la maten estaré camino a la costa”. Los celulares de sus secretarias fueron borrados por el actual director de Tecnología del Ministerio, en el estudio de Bullrich, denunció.
Asimismo, señaló que la instrucción de Capuchetti fue “un desastre absoluto” y dijo que nunca se intentó dar con los autores reales ni hubo un proceso imparcial.
El partido judicial y los medios hegemónicos de comunicación fueron factores fundamentales en la exacerbación de la violencia. Hoy no hay golpes militares. Se cambió de metodología. En épocas de odio y de redes, ya no es necesario desaparecer ni matar a nadie, aunque en algún caso parece que sí. Lo que articula todo esto es el poder económico concentrado, indicó Fernández.
La exmandataria relató que antes del ataque ocurrieron sucesos como el lanzamiento de piedras a su despacho en el Senado, la colocación de carteles culpándola de las muertes durante la pandemia de la Covid-19, las mentiras y difamaciones del fiscal Diego Luciani y la colocación de vallas alrededor de su casa.
Todo eso contribuyó a un clima que llevó al intento de asesinato fallido. La Policía de la ciudad fue muy agresiva con los peronistas y muy cuidadosa y permisiva con quienes venían a insultarme. Hizo también tareas de inteligencia y está comprobado, aseveró.
Afortunadamente no vi el arma. Cuando una mujer ejerce el poder y no lo hace en la orientación que quieren los sectores concentrados, se genera mucha más resistencia y violencia. No se me ocurrió nunca que en la Argentina democrática pudiera haber un atentado. Me quitaron la proximidad que tenía con la gente y eso afecta, apuntó.
Fernández contó que su familia fue gravemente afectada y su nieta tuvo tratamiento psicológico porque temía que la mataran.
Por otra parte, indicó que hay una invisibilización del proceso judicial, salvo cuando se intenta responsabilizar a su custodia.
Es ridículo, pero debo demostrar que no tengo la culpa de que intentaran matarme. Trato de no ver la imagen del ataque, aunque a veces se repita mucho en los medios de comunicación. Es difícil. Dios y la virgen no permitieron que saliera el tiro y después los militantes no dejaron que volviera a montar el arma, cargarla y dispararme, dijo.
Según la periodista especializada en temas judiciales Irina Hauser, “la investigación, delegada por Capuchetti al fiscal Carlos Rívolo tras dos recusaciones de la querella, se cortó en tres detenidos y no avanzó en vinculaciones políticas ni económicas o financieras”.
El caso no fue tratado como un hecho de violencia política ni descrito en un contexto de agresiones crecientes por grupos de ultraderecha y por dirigentes que repetían la idea de exterminar al oponente, comentó.
Por su parte, el politólogo Atilio Borón afirmó que nada fue casual: “la mesa estaba servida para la aparición del magnicida y quienes cargaron las balas en la pistola de Sabag fueron los profetas del odio”.
Además, el desarrollo del juicio y su silenciamiento por los grandes medios de comunicación tiene lugar en un contexto marcado por el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en este país (1976-1983), la difamación de dirigentes peronistas y luchadores por los derechos humanos, las acciones contra la educación y la salud públicas, los ataques a los jubilados, pensionados y pobres.
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