Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefe en Brasil

La escalada se concretó el 22 de julio, cuando Washington inició la aplicación de una tarifa adicional del 25 por ciento para miles de productos brasileños, tras concluir una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos.

Apenas dos días después, el conflicto ganó una nueva dimensión con el anuncio de otra sobretasa del 12,5 por ciento para parte de las exportaciones brasileñas, bajo el argumento, rechazado por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, de que Brasil no impide adecuadamente la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

UNA GUERRA COMERCIAL CON NUEVAS FRONTERAS

La combinación de ambos gravámenes provocó que miles de productos pasaran a enfrentar una carga arancelaria total del 37,5 por ciento para ingresar al mercado estadounidense, una de las más elevadas aplicadas actualmente por Washington a uno de sus socios comerciales.

Según la Confederación Nacional de la Industria (CNI), citada por Agencia Brasil, tres mil 985 productos brasileños quedaron sujetos a ese arancel acumulado, mientras otros 75 pasarán a pagar únicamente el nuevo gravamen del 12,5 por ciento. En conjunto, las medidas afectan

exportaciones valoradas en unos 12 mil 400 millones de dólares.

La organización empresarial calcula que miles de productos brasileños quedarán sometidos a algún tipo de sobretasa adicional, con mayor impacto en sectores industriales como calzado, madera, maquinaria y azúcar.

También sostuvo que la legislación brasileña sobre trabajo forzoso es reconocida internacionalmente y no justifica las conclusiones del Gobierno estadounidense.

Una cronología publicada por el portal G1 muestra que la estructura arancelaria aplicada a Brasil se volvió considerablemente más compleja.

Tras las nuevas medidas, ahora conviven productos completamente exentos de arancel, otros gravados con el 12,5 por ciento, algunos sujetos al 25 por ciento, miles que acumulan tasas de 37,5 por ciento y sectores, como acero y aluminio, que continúan pagando gravámenes específicos del 50 por ciento.

Para especialistas consultados por ese medio, el resultado es un escenario mucho más difícil para los exportadores brasileños, obligados a verificar individualmente el tratamiento tributario de cada mercancía antes de ingresar al mercado estadounidense, lo que incrementa la incertidumbre y los costos para las empresas.

La ofensiva de Washington no se limitó al comercio de bienes. El mismo día del anuncio de la sobretasa del 12,5 por ciento, 20 congresistas republicanos solicitaron a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos adoptar nuevas medidas de presión contra Brasil por una propuesta legislativa que regula los mercados digitales.

Según informó SBT News, la iniciativa cuestiona el Proyecto de Ley 4.675/2025, que amplía las facultades del Consejo Administrativo de Defensa Económica para actuar frente a prácticas anticompetitivas de las grandes plataformas tecnológicas, siguiendo una línea similar a la regulación adoptada por la Unión Europea.

De prosperar ese reclamo, el diferendo entre ambos países podría ampliarse hacia el ámbito regulatorio y tecnológico, incorporando la legislación brasileña sobre plataformas digitales como un nuevo punto de fricción.

Anteriormente las críticas estadounidenses ya habían alcanzado al sistema de pagos Pix y a otros aspectos de la política económica brasileña.

Diversos análisis recientes coinciden en señalar que la ofensiva de la administración de Donald Trump resulta difícil de explicar únicamente desde la balanza comercial.

Un reportaje del portal G1 recordó que Estados Unidos mantiene desde hace décadas un superávit comercial con Brasil tanto en bienes como en servicios, situación que contradice el argumento tradicional utilizado para justificar barreras destinadas a corregir déficits comerciales.

La profesora Cristina Pecequilo, de la Universidad Federal de São Paulo, afirmó a ese medio que las tensiones comerciales responden también al nivel de autonomía que Brasil busca en política exterior.

A su juicio, el Ejecutivo de Trump utiliza el comercio como instrumento de presión en ámbitos relacionados con los organismos multilaterales y las alianzas que Brasil mantiene con otros países emergentes.

Por su parte, el economista Tomás Marques declaró a G1 que las nuevas tarifas no buscan corregir un déficit comercial inexistente, sino reorientar los flujos comerciales y fortalecer la competitividad estadounidense mediante el uso de los aranceles como herramienta de

política económica.

SOBERANÍA EN JUEGO

El día de la entrada en vigor del arancel del 25 por ciento, el Partido de los Trabajadores (PT) lanzó la campaña nacional “Brasil no se entrega”, presentada como una movilización en defensa de la soberanía, los empleos, la economía nacional y el derecho del país a decidir su propio destino sin interferencias externas.

La iniciativa también reivindica la protección del sistema de pagos Pix, de la industria brasileña y de recursos considerados estratégicos, como los minerales críticos y las tierras raras.

El oficialismo sostiene que las presiones estadounidenses trascienden el comercio y buscan condicionar decisiones soberanas sobre el desarrollo económico y tecnológico del país, lo cual genera alarmas adicionales ante la cercanía de las elecciones generales de octubre próximo.

Desde el Gobierno, la respuesta ha sido enérgica: el Ejecutivo anunció que iniciará los procedimientos para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad Económica y recurrirá al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio.

La administración de Lula considera que las medidas estadounidenses son arbitrarias, carecen de fundamento jurídico suficiente y se apoyan en argumentos ajenos a las normas del comercio internacional.

Al mismo tiempo, la estrategia oficial combina el diálogo diplomático con acciones de apoyo a las empresas afectadas y la búsqueda de mercados alternativos para reducir la dependencia del mercado estadounidense.

La CNI también se pronunció a favor de profundizar las negociaciones bilaterales. Su presidente, Ricardo Alban, sostuvo que resulta indispensable preservar el diálogo entre ambos gobiernos mientras se adoptan decisiones de corto plazo para amortiguar los efectos sobre los

sectores más perjudicados por las nuevas tarifas.

El 24 de julio, durante una visita a la empresa Avibras, en el estado de São Paulo, Lula reforzó el discurso de defensa de la soberanía nacional, al afirmar que Brasil debe mantener unas Fuerzas Armadas preparadas en materia de armamento, conocimiento científico y tecnología para garantizar que “nadie meta la nariz en este país”.

Además, el mandatario señaló que esta nación posee activos estratégicos, como la Amazonia, los minerales críticos y las reservas de tierras raras, que refuerzan la importancia geopolítica del país y obligan a preservar la capacidad nacional para decidir sobre su aprovechamiento.

El endurecimiento de las tensiones comerciales confirmó, según diversos análisis publicados en la prensa brasileña, que la relación bilateral atraviesa una fase de creciente complejidad.

Más allá de los efectos inmediatos sobre el intercambio comercial, la sucesión de medidas y contrapropuestas revela que el diferendo entre Brasil y Estados Unidos ha adquirido una dimensión geopolítica más amplia.

arb/mar