Por Manuel Robles Sosa

Corresponsal jefe en Perú

El escrutinio de medios de prensa convencionales y que se difunden por Internet llamaron la atención sobre la presencia de quienes podrían usar la posición privilegiada que asumen para hacer negocios, lo que en un caso, el de la salud, parece plantearse abiertamente.

Los encargados de la transferencia fueron nombrados por la mandataria, que confió la jefatura de la comisión dedicada a la tarea al empresario Marco Vinelli, quien, al menos hasta la campaña electoral, era gerente general de la empresa agroexportadora Allpu.

Además, según el semanario Hildebrandt en sus Trece, figura aún en los registros públicos y el de contribuyentes al fisco como gerente general de las empresas agroexportadoras Agro Cañete, Agro Cañete II y Cerro Bravo, como todas las del rubro beneficiarias de un régimen tributario especial.

AGROEXPORTADORES

Vinelli cumplió un papel destacado en la campaña electoral y fue designado por la entonces candidata del partido Fuerza Popular, como jefe de su equipo técnico que participó en el debate por el balotaje del 7 de junio frente al del candidato progresista, Roberto Sánchez.

El empresario es objeto de investigaciones de la Fiscalía -cinco, según el semanario citado- por presuntos malos manejos de fondos como titular de Agrorural, organismo de promoción del desarrollo rural de menor escala, cargo que tuvo entre junio de 2015 y octubre de 2026.

Fujimori respondió a las revelaciones de la prensa ratificando su confianza en el importante colaborador, con el argumento de que “es un profesional competente que goza de integridad” y minimizó las pesquisas al señalar que son frecuentes las investigaciones a funcionarios públicos y que él ya había respondido a los cargos en su contra.

El rubro en el que está especializado Vinelli como empresario, la agroexportación, se encuentra además presente en la comisión de transferencia del sector estatal agrario a través de los empresarios Jorge Barrenechea y Erick Iriarte.

Iriarte es director de la firma Pepas Tropicales, importante exportadora de espárragos, palta (aguacate) y mandarina a países de América Latina, Europa y Estados Unidos; mientras Erick Iriarte fue gerente general de la empresa Agrícola, Chilesa, actualmente suspendida.

Las grandes empresas agroexportadoras fueron beneficiadas por una rebaja del impuesto a la renta de 29,5 a solo 15 por ciento, con fines de promoción de las exportaciones, vigente hasta 2020.

El régimen de excepción se justifica en la necesidad de promover el crecimiento del sector agroexportador y logró resultados, hasta el punto que en 2000 las ventas al exterior sumaron más de 643 millones de dólares.

En 2021 el sector entró en un régimen tributario menos conveniente pero la producción siguió aumentando y el año pasado la cifra ascendió hasta alcanzar a cuatro mil 767 millones de dólares.

Pese a ello, el impuesto a la renta de solo 15 por ciento se restableció este año con una vigencia hasta 2035 y la norma fue impulsada por la bancada congresal del partido fujimorista Fuerza Popular y grupos aliados, contra la oposición del Ministerio de Economía y Finanzas, según el cual no era conveniente.

La prensa bautizó la norma original como “Ley Chlimper”, por el empresario José Chlimper, dedicado a la agroexportación y promotor de la legislación de 2000, año en el que fue ministro de Agricultura hasta el fin del decenio de gobierno de Alberto Fujimori, padre de la hoy presidenta electa y, según versiones periodísticas, también impulsor de la nueva legislación.

El analista y exconsejero presidencial Julio Schiappa afirmó que Chlimper, el también empresario Jaime Yoshiyama y Vicente Silva (los tres con posiciones importantes en el gobierno de Fujimori padre), integran actualmente un “gabinete en la sombra” que recomienda a la presidenta aspirantes a ministros.

Los tres mencionados fueron también acusados en el proceso por lavado de activos, con aportes electorales a Keiko Fujimori, archivado por el Tribunal Constitucional porque cuando se registraron los hechos imputados, recibir esas contribuciones no era delito.

GRUPO INTERCORP

También forma parte de la comisión de transferencia, en el sector de Relaciones Exteriores, el abogado Carlos Saco-Vértiz, cercano colaborador del magnate Carlos Rodríguez-Pastor, dueño de uno de los más importantes grupos empresariales de Perú, Intercorp.

Es especialista de empresas nacionales y extranjeras en derecho corporativo, bancario, financiero, fusiones y adquisiciones, seguros, mercado de capitales y aeronáutico, mas no en relaciones internacionales, lo que genera extrañeza.

El grupo Intercorp, creado en torno al banco Interbank, posee cadenas de supermercados, tiendas, farmacias, salas de cine, restaurantes de comida rápida, grandes centros comerciales, tiendas por departamentos, escuelas privadas y loterías y casas de apuestas, entre otros negocios.

Durante las investigaciones a Keiko Fujimori y su entorno sobre lavado de activos con fondos ocultos proporcionados por fuentes privadas y foráneas -que derivaron en procesos anulados por el Tribunal Constitucional en 2025-, Interbank admitió haber aportado a la campaña fujimorista con 178 mil 500 dólares.

Los abogados del banco alegaron que la contribución no fue política sino se hizo efectiva a través de la Confederación de Empresarios y fue destinada a una campaña favorable al modelo económico neoliberal vigente, en el marco de la contienda electoral.

CABILDEO EN LA SALUD

El caso más claro de potencial conflicto de intereses es el de la designación del gerente general de la Asociación de Clínicas Privadas del Perú (ACP), Hernán Ramos Romero, como jefe del equipo de transferencia del importante Seguro Social de Salud (EsSalud).

En una entrevista televisiva difundida el 29 de junio, Ramos propuso que los hospitales de EsSalud -que se mantienen con aportes de trabajadores del Estado y de las empresas privadas- y eventualmente los estatales, contraten los servicios de clínicas privadas en la primera línea de atención.

En la red X, el espacio periodístico “Sinvergüenzas” señaló que, si bien puede ser pertinente que el Estado tenga que ver con las clínicas privadas, la comisión de transferencia de EsSalud debiera estar en manos de un profesional de perfil neutral o “claramente enfocado en lo público y en políticas que prioricen al paciente” y no en los negocios de las clínicas privadas.

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