Por Mariela Pérez Valenzuela
Corresponsal jefa en República Dominicana
Solo en 2024 se reportaron 3,066 casos, una magnitud que refleja no solo la persistencia de este delito, sino también las profundas vulnerabilidades que enfrentan miles de niños y adolescentes en el país.
Detrás de estos datos, autoridades, expertos y organizaciones coinciden en una conclusión preocupante: el país enfrenta una crisis de violencia sexual infantil sostenida, alimentada por el silencio, el subregistro y la desprotección social. Su dimensión no se limita a las estadísticas oficiales. Organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estiman que millones de niños en el mundo han sido víctimas de ese delito, y advierten que una proporción significativa nunca llega a informarse.
En el caso dominicano, especialistas hablan de una “cifra negra” considerable, especialmente en contextos de pobreza, dependencia económica y miedo a la exclusión social.
Los patrones identificados en los expedientes y testimonios muestran una constante: el agresor suele formar parte del entorno cercano del afectado, un elemento que agrava la complejidad del conflicto, al dificultar la denuncia y perpetuar el mutismo dentro de los hogares.
Para Carlos Carrera Cordón, representante de Unicef en la República Dominicana, “muchas situaciones no se notifican debido al temor, la estigmatización o porque el perpetrador forma parte del entorno cercano”, siendo este uno de los modos más preocupantes de vulneración de derechos.
A ello se suman factores estructurales como la violencia intrafamiliar, la disciplina brusca en el hogar -que afecta a más de la mitad de los adolescentes según estudios recientes- y la precariedad económica de muchas familias, donde la dependencia del autor del hecho actúa como un freno a la acusación.
Expertos también alertan sobre el impacto de modalidades como el “grooming”, en la que un adulto establece contacto con un menor por redes sociales para ganarse su confianza, manipularlo y, eventualmente, violentar su integridad.
RESPUESTA ESTATAL EN GRAN MEDIDA REACTIVA
Aunque el país ha fortalecido su marco legal y contempla penas de hasta 30 años de prisión para delitos sexuales contra la infancia, la respuesta del Estado sigue siendo, en gran medida, reactiva.
Las autoridades reconocen limitaciones en la capacidad de persecución, la lentitud de los procesos judiciales y la necesidad de mejorar los mecanismos de defensa y seguimiento de las víctimas.
Otro elemento crítico es la debilidad de los sistemas de atención y registro. De miles de reportes, solo una fracción ha sido atendida mediante mecanismos especializados como las cámaras Gesell, diseñadas para evitar la revictimización.
A juicio de especialistas, esta brecha evidencia la distancia entre la magnitud del problema y el potencial de respuesta del sistema de justicia.
Más allá del ámbito institucional, el fenómeno también expone una dimensión cultural profunda.
Sociólogos y psicólogos señalan que persiste una tendencia a normalizar la violencia, culpabilizar a los sobrevivientes o minimizar las señales de atropello, lo que refuerza el ocultamiento de los hechos y dificulta la intervención temprana.
En este contexto, la Unicef y otros organismos insisten en la necesidad de una estrategia integral que combine educación sexual desde edades tempranas, fortalecimiento gubernamental, justicia especializada, prevención comunitaria, sistemas de alerta accesibles y seguros, y mayor inversión en la protección.
En palabras de expertos, se trata de una responsabilidad colectiva que exige una respuesta sostenida del Estado y de toda la sociedad.
Mientras no se cierre la brecha entre las denuncias, la precaución y la justicia efectiva, miles de niños y adolescentes seguirán expuestos a ataques que, en muchos casos, ocurren en el lugar que debería ser más seguro: su propio entorno familiar.
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