Por Martin Hacthoun
Corresponsal jefe en Argentina
Aún falta finalizar y precisar los puntos del convenio -muy parecidos a los que Washington logró con los gobiernos aliados de Ecuador, Guatemala y El Salvador-, no obstante, el texto difundido la noche del 13 de noviembre evidencia grandes beneficios para el norteño país y pocos para Argentina, cuya industria e incluso sectores agrícolas se verán seriamente afectados.

Estados Unidos exige la liberalización del 70 por ciento del mercado argentino para sus productos y le abran las puertas a los minerales como las tierras raras y otros, y la Casa Rosada hoy bajo control del libertario Javier Milei y su equipo ministerial, le otorgan “al socio” lo que históricamente demandaba, desprotegiendo a la industria y al sector primario del país.
Jamieson Greer, representante comercial de la administración Trump, quien participó en las negociaciones, lo dejó claro. Dijo en Washington, sonriente, que el pacto brinda grandes beneficios a los productores norteamericanos; Pablo Quirno, el ejecutivo del JP Morgan y hoy canciller argentino, estaba a su lado.
El sindicalista Oscar Verón, molesto al releer el texto del arreglo comercial, manifestó a Prensa Latina: “Tal parece que estos funcionarios trabajan para el gobierno estadounidense, y no para el país y pueblo argentino”. “Hasta el capitalista argentino se verá afectado”, remató.

Un editorial del diario Página12 es duro contra la aceptación por la Presidencia de perjudicial pacto mercantil: “Catalogado por Milei como un paso para hacer grande a la Argentina nuevamente, el acuerdo alcanzado con Estados Unidos no resiste semejante calificación sin caer en el ridículo”.
“Los funcionarios argentinos fueron arrastrados a una mesa para rediscutir la relación económico-comercial bilateral y -haciendo gala de un supuesto trato preferencial motivado en la relación entre los mandatarios- terminaron firmando un texto desigual y asimétrico”, añade.
Y concluye: “Aunque las comparaciones históricas siempre son riesgosas, el fantasma de un nuevo pacto Roca-Runciman recorre la Argentina”.
El Pacto Roca-Runciman fue un controvertido acuerdo de comercio internacional celebrado el 1 de mayo de 1933 entre Argentina y el entonces Imperio británico.
Otros comentaristas como el dirigente político Sergio Ortiz señala, en declaraciones a Prensa Latina, que se trata de un texto publicado de modo unilateral y primero por la administración de Donald Trump en Washington, en inglés y sin versión oficial en español, todo un mensaje que muestra quién manda, aunque lo titulen “Declaración Conjunta”.
La letra del acuerdo marco fue discutida en secreto por funcionarios, casi todos argentinos que fueron ejecutivos en el consorcio bancario JP Morgan, sin consultar a otros actores institucionales nacionales, como la Unión Industrial Argentina, muy derechistas sus jefes que todavía no se han pronunciado, ni ofrecer estudios que permitan advertir en detalle su impacto.
Sigue un marco general que no recepta las especificidades de Argentina, situación evidente dada la similitud con los acuerdos anunciados el mismo día con El Salvador, Guatemala y Ecuador, que son economías sin base industrial.
En el caso argentino, desde Washington se informó que ambos países acordaron “un marco para profundizar la cooperación bilateral” con el objetivo de fortalecer y equilibrar la “alianza económica”.
Se hizo público luego de una reunión entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller Pablo Quirno, licenciado en Finanzas en Nueva York y quien fuera desde allí durante 17 años el ejecutivo representante del JP Morgan para América Latina.
Según la letra de este convenio marco, Argentina se compromete a brindar acceso preferencial sin aranceles a exportaciones estadounidenses, en tanto Estados Unidos deberá eliminar aranceles “sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico”. Pero no las menciona en el caso de las exportaciones argentinas de acero y aluminio.
A su vez, estipula facilitar inversión y comercio de minerales críticos, y brindar a Washington la potestad de tomar acciones comerciales bajo la Sección 232 que faculta al presidente para investigar si las importaciones de ciertos productos amenazan la seguridad nacional, y así suspenderlas e incluso emprender medidas punitivas.
En cuanto a la eliminación de Barreras No Arancelarias, este marco deja claro que Argentina no deberá exigir formalidades consulares a exportaciones estadounidenses y eliminará gradualmente la tasa de estadística para bienes provenientes del norteño país.
La Casa Rosada también deberá desmantelar las licencias de importación que restringían el acceso al mercado argentino, al que podrán entrar bienes estadounidenses o internacionales sin requisitos adicionales de evaluación de conformidad.
El gobierno argentino deberá reconocer los estándares federales de seguridad y emisiones para vehículos “Made in USA”, aceptar los certificados de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y autorizar la entrada de los dispositivos médicos y productos farmacéuticos norteamericanos.
Argentina podrá tener acceso al mercado agrícola, al ganado vivo de Estados Unidos, al de las aves de corral en el plazo de un año, y no pondrá restricciones al acceso a productos que usan ciertos términos de quesos y carnes, al tiempo que debe simplificar los registros para carne bovina, porcina y lácteos estadounidenses.
Respecto al comercio digital, Buenos Aires deberá facilitarlo reconociendo a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para transferencia transfronteriza de datos y reconocer las firmas electrónicas válidas bajo la ley norteamericana, entre otros puntos favorables al socio del Norte.
Adaptando la vieja frase de Los Tres Mosqueteros: Todo para uno y poco para los otros, tal parece significar la letra del acuerdo marco.
Ilustrando lo anterior: Mientras Estados Unidos exige la liberalización de sectores que representan cerca del 70 por ciento de lo que colocará en el mercado argentino (medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas), ofrece como contraparte un impreciso acceso para “ciertos recursos naturales indisponibles” y “ciertos insumos farmacéuticos no patentados”.
Desde hace un año y medio la balanza comercial con Estados Unidos registra un modesto superávit favorable a Argentina, aunque la tendencia histórica es el reverso de esa moneda: En la última década el déficit acumulado fue superior a los 29 mil millones de dólares. A pesar de ello, ningún punto del acuerdo tiende a un mayor equilibrio. Sobre los recursos naturales y bienes no disponibles que el gobierno norteamericano permitiría, no hay información. La Casa Rosada mantiene un gran silencio, un ocultamiento que molesta a economistas, industriales y el ámbito empresarial en general.
Se preguntan ¿a qué bienes se refieren? ¿En qué volumen? ¿Bajo qué criterios? No hay respuesta.
Tampoco se mencionan el acero y el aluminio, productos centrales en las exportaciones argentinas sobre los que Trump impuso fuertes aranceles. La letra del arreglo tampoco precisa ¿qué arancel van a afrontar? ¿Los vigentes antes del 2 de abril, que promediaban el 2,7 por ciento o el 10 por ciento que impuso el magnate estadounidense desde ese día?
Todavía hay muchas incógnitas sin aclarar.
El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, alertó que el convenio comercial golpea de lleno a la provincia de Buenos Aires. “Se suma a la política de ajuste y de destrucción del empleo que venimos viviendo. Es muy preocupante, realmente, recalcó en declaraciones a la prensa.
Costa aseveró que el alineamiento “va a comprometer mucho la industria, el desarrollo tecnológico, la posibilidad de agregar más valor” a la economía del país.
El economista y exsecretario de Comercio, Roberto Feletti, afirmó que el pacto “tendrá un impacto muy negativo” para Argentina que entrega su mercado interno a la potencia industrial norteamericana, y Washington le ofrece un mercado primario a sus productos minerales y un limitado sector de producción alimentaria. “Es muy triste”, acotó.
Feletti cuestiona: “Esta gente que viene y plantea estas aperturas importadoras destructivas, ahora ya formalizadas, ¿creen que pueden trasladarlas a un país que va a vivir sin producir? ¿Quién va a financiar las compras? ¿A qué se va a dedicar la población argentina, a brindar servicios personales? ¿En qué situación la colocan? ¿Por qué no defienden a sus productores?
Y se pregunta: ¿Cuál es el sentido de desenganchar a Argentina del bloque del Mercosur que había funcionado y había dado estabilidad económica, política y social durante mucho tiempo? ¿A dónde nos están llevando?”, “¿Se puede vivir en un país que no produce?”, insistió.
Para el comentarista y líder político cordobés Sergio Ortiz, “no es un acuerdo de iguales ni mucho menos, es un acuerdo entre la metrópoli y la colonia, entre el imperio y el virreinato, y hasta primero lo anunció la Casa Blanca”.
Un primer análisis indica que ese pacto, aunque todavía falta finalizarlo, “es muy disparejo, muy desigual; Estados Unidos va a poder inundar el mercado argentino de autos, medicamentos, dispositivos médicos, maquinarias, productos químicos y muchas otras mercaderías de valor agregado, en desmedro de la industria y productores nacionales”.
“Somete a Argentina a una competencia muy desigual ante una potencia desarrollada al que le entrega su mercado a su gran producción industrial”, señala Ortiz en declaraciones a Prensa Latina.
El exsecretario argentino de Economía, Feletti, consideró muy negativo que el Estado acepte un convenio de libre comercio el cual resulta desventajoso, “luego de 20 años de rechazo al ALCA”.
“Cuando uno negocia, acuerda mercados, qué produce cada parte, cómo se pueden complementar”, explicó el economista, y alerta: “en contraposición a este acuerdo en el que la Argentina entrega su mercado industrial a Estados Unidos para integrarse en un mercado primario, de productos minerales y del sector alimenticio, lo cual es triste”.
“Es triste para la historia, que supuso después del no al ALCA el refuerzo del Mercosur. Todo esto no se mide en lo que está pasando”, recalcó.
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