Por Juan Carlos Díaz Guerrero

Corresponsal jefe en Venezuela

La convocatoria del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz a jurisconsultos, académicos y expertos de 35 países de todos los continentes fue otra estocada magistral del Gobierno venezolano no solo en la defensa de la República, sino también de América Latina y el Caribe, la humanidad y del Derecho Internacional Público.

El jefe de Estado ponderó que en medio de las amenazas, guerra psicológica y acechanzas que penden sobre esta nación sudamericana, “se levantara un movimiento tan poderoso de juristas en el mundo”, como parte de la expresión de solidaridad que se alza entre los pueblos, en su profundidad, a lo largo y ancho de planeta.

Esta cita se desarrolló en un contexto encrespado proveniente de las amenazas de agresión por parte de Estados Unidos que, como la época de corsarios y piratas y de las cañoneras, pretende invadir a Venezuela para apoderarse de sus enormes riquezas naturales a través de la fuerza.

Bajo lo que ha sido calificado como un “inusual, extraordinario y extravagante” despliegue de fuerzas y medios en aguas del Caribe -no visto en 100 años en la región-, el Pentágono retomó la nunca olvidada Doctrina Monroe y emplazó a pocas millas de las costas venezolanas una poderosa fuerza destructiva.

Esta incluye más de una decena de buques de guerra, entre ellos, su más moderno portaaviones, un submarino, aviones de vigilancia y ataque, y más de 15 mil efectivos movilizados en tierra y en el mar, según fuentes periodísticas.

En medio de las crecientes tensiones y de la posibilidad de una conflagración armada de imprevisibles consecuencias, el secretario de Guerra de la Casa Blanca, Pete Hegseth, anunció la denominada Operación Southern Spear (Lanza del Sur), que previamente había sido comunicada por la Armada estadounidense en enero de 2025.

Ese poderío militar llegó a la región caribeña bajo el cuestionado pretexto de Washington de combatir el narcotráfico, acerca del cual no ha mostrado ni una sola prueba convincente sobre Maduro y su Gobierno, mientras ejecuta, sin evidencias también, ataques extrajudiciales contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.

JURISTAS DEL MUNDO POR LA PAZ

Al llamado del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, que cumplirá cuatro meses de instaurado, acudieron un centenar de juristas del más alto nivel procedentes de Alemania, Argelia, Argentina, Barbados, Benín, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España y Grecia.

También de Guatemala, Haití, Honduras, Irán, Iraq, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Democrática del Congo, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Túnez, Uganda y Uruguay, más el país anfitrión.

Maduro significó que “eran 100 juristas levantando la bandera profundamente humana del Derecho Internacional”, y recordó los siglos en que fue impuesto el derecho del más fuerte y se desconoció la existencia a la vida de pueblos enteros.

Los expertos internacionales llegaron a Caracas para reflexionar, debatir, realizar propuestas y, sobre todo, defender con los elementos de juicio el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, dos pilares que en las últimas ocho décadas sirvieron para evitar que la humanidad sucumbiera en el caos.

Por eso, el dignatario bolivariano alertó que hoy por hoy esa Carta está sufriendo “los embates como en el tiempo de Adolf Hitler y Benito Mussolini, y se pretende sea flagelada y desconocida, así como todo el Derecho Internacional”.

Ahí, acentuó, están incluidos los que deberían ser los garantes mundiales como el Consejo de Seguridad, el Secretario General de la ONU, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.

A juicio de Maduro, todas esas instancias están siendo “vapuleadas, inutilizadas e inexistentes” y remarcó que “estamos en un momento de peligro donde la garantía de la paz la deben dar los pueblos por encima de cualquier cosa”.

El coordinador del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, al inaugurar la reunión exhortó a los presentes a “acompañar nuestra denuncia y verdad”.

“Ayúdennos a mantener esa libertad y esa paz”, subrayó Rodríguez, y persuadió a buscar una voz conjunta en el trabajo de defender la ley que “es una forma de defender la soberanía y la paz”.

Denunció que el poderío militar estadounidense desplegado en el Caribe y los medios de comunicación y las redes sociales, que instalaron realidades virtuales “absolutamente distintas a la verdad y cotidianidad” de la vida de 30 millones de compatriotas.

La instalación de esas “mentiras, calumnias y falsedades” por el Gobierno de Estados Unidos no persiguen otro propósito que violar el derecho, las leyes y las Convenciones Internacionales, remarcó.

Esas calumnias y mentiras, y sus ulteriores consecuencias, no persiguen otro objetivo que la “forma máxima de agresión para promover en Venezuela un cambio de régimen” y sustituir al gobierno constitucional legítimamente constituido a través de más de 30 procesos electorales, declaró el diputado.

El ministro venezolano para Relaciones Exteriores, Yván Gil, advirtió que la amenaza que se cierne hoy no es solo contra Venezuela, sino “en contra de la humanidad entera y del sistema de las Naciones Unidas”.

La República Bolivariana es el centro de la agresión del imperialismo por controlar los recursos petroleros, pero lo que se está configurando, opinó, “es una agresión en contra de la humanidad” y el sistema de la ONU que estableció las bases fundamentales como la paz, seguridad internacional, cooperación, derechos humanos y el desarrollo.

Hoy “está en juego la estabilidad y la paz mundial”, por lo que se requiere la movilización de los juristas, las sociedades enteras y de los pueblos por la gravedad de lo que implica la agresión de un país libre y soberano como Venezuela, insistió.

También la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, resaltó que el Derecho Internacional es uno de los pilares fundamentales que concibió la humanidad para “trascender la anarquía y construir un mundo basado en la justicia, la equidad y la paz”.

Esos principios, dijo, a pesar de los incesantes ataques y la amenaza imperial en los últimos 26 años “han sido enaltecidos en Venezuela”.

DESNUDEZ IMPERIAL Y PROPUESTAS

Voces provenientes de Argentina, Cuba, Portugal y la República Bolivariana desnudaron en sus intervenciones el actuar ilegal de Estados Unidos contra el Derecho Internacional y los preceptos que rigen la convivencia pacífica entre pueblos y gobiernos.

La presidenta de la Asociación Americana de Juristas de Argentina, Claudia Rocca, expuso que Estados Unidos utiliza la excusa del narcotráfico para legitimar su injerencia en otros países y realizar una agresión militar directa porque “el pretexto de los derechos humanos no lo puede utilizar por ser el Estado que más lo vulnera, junto con el sionismo israelí”.

La vicepresidenta segunda continental de la Asociación Americana de Juristas mencionó algunos de los delitos recogidos en el Derecho Internacional como los contenidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), el cual contempla como violación en su Artículo cinco, orden cuatro, el “delito de agresión”.

“No podemos dejar nos arrebaten el orden internacional y el derecho a la convivencia pacífica entre los Estados y el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos”, afirmó, y propuso bajo aplausos, presentar una denuncia ante la CPI contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El vicepresidente de la Sociedad Científica de Derecho Internacional de Cuba, Freider Santana, consideró por su parte el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe como una fragrante agresión de carácter imperial que vulnera el orden jurídico internacional.

Contextualizó que el encuentro tuvo lugar en “un momento grave para la paz, seguridad y autodeterminación”, ante el reciente y creciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe”.

El rector de la Universidad de Oriente mencionó entre las violaciones el “principio de prohibición del uso de la fuerza y de la amenaza del uso de la fuerza, y la erosión del principio de igualdad soberana”.

Para el experto cubano, la presencia de buques de guerra, aviones de patrulla marítima y otros activos militares en las inmediaciones de zonas económicas exclusivas de los países del Caribe, constituye “un acto de injerencia y coerción ilícita”, además de intromisión en los asuntos internos.

Esa postura militar “busca coaccionar las decisiones políticas de los gobiernos soberanos, influir en sus alianzas internacionales y disuadir opciones políticas que Washington considera contrarias a sus intereses”, valoró.

El doctor en Ciencias afirmó que Estados Unidos actúa como si su poderío le confiriera “un estatus superior”, con lo cual viola la igualdad jurídica de todos los Estados, y expresó que esa proyección de fuerza militar “es la antítesis de la solución pacífica de controversias”.

En lugar de acudir a la negociación o los buenos oficios, indicó, el gobierno estadounidense recurre a la demostración de fuerza como instrumento de política exterior, que socava ese principio fundamental, expresó.

La presidenta de la Asociación de Juristas Demócratas de Portugal, Madalena Santos, habló sobre los “peligros concretos graves sobre la región latinoamericana y caribeña, en particular sobre Venezuela”, y afirmó que la solidaridad internacional es inseparable de la paz, la soberanía de los pueblos y la justicia social.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, señaló que desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 y con todo lo ocurrido durante la presidencia de Nicolás Maduro, en los últimos 26 años, revela claramente “la extinción” del Derecho Internacional Público y de los Derechos Humanos como fue concebido, construido y redactado.

Afirmó que los imperios, el estadounidense en el caso venezolano, destruyó el Derecho Internacional.

CONCLUSIONES Y ACCIONAR INMEDIATO

Puede tildarse el Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional por la Soberanía y la Paz de provechoso, si se tiene en cuenta la propuesta de 10 acuerdos que Maduro pidió fueran llevados de “inmediato a la práctica” y engloban “el tamiz y la fuerza” con que fueron diseñadas y desarrolladas en función de la seguridad y la paz del Caribe.

En las conclusiones los participantes exigieron a Estados Unidos cesar sus operaciones militares en el mar Caribe y las amenazas contra América Latina y el Caribe, y el respeto irrestricto del Derecho Internacional, los tratados bilaterales y multilaterales, y la Carta de Naciones Unidas como “única vía para la resolución pacífica de las controversias”.

Convocaron a la comunidad de juristas de América Latina y el Caribe y de todos los que integran las Naciones Unidas “a vigilar y denunciar ante las instancias correspondientes” las violaciones al Derecho Internacional que pongan en peligro la estabilidad de la región y del mundo.

Asimismo, expresaron la “debida preocupación y rechazo” frente a las recientes ejecuciones extrajudiciales fuera de todo ámbito de derechos ocurridas en el mar Caribe por la acción unilateral de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Manifestaron que estas resultan, en todo sentido y en todas sus partes, “como violatorias de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional”.

En otra conclusión llamaron a conformar “una liga amplia de juristas en defensa del Derecho Internacional”, con la finalidad de evaluar “los medios necesarios para presentar formalmente una denuncia ante instancias internacionales competentes” por la amenaza estadounidense en el Caribe.

Demandaron reactivar con fuerza el multilateralismo regional por las graves amenazas de Estados Unidos, así como a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para que “cumpla con la proclama de enero de 2014, en la que fue declarada la región como Zona de Paz”.

De otro lado, exhortaron a los gobiernos del mundo a asumir una posición clara y de condena ante la violación del Derecho Internacional y la escalada de violencia en Venezuela y la región, y “organizar actividades de sensibilización y debates públicos sobre las graves amenazas que se ciernen en el Caribe”.

Ratificaron, por último, ante el mundo, que la paz duradera solo puede construirse sobre cimientos de justicia social, equidad y respeto pleno a los Derechos Humanos y al derecho internacional.

arb/jcd