Por Waldo Mendiluza

Corresponsal jefe en Francia

Para el flamante jefe de Matignon, designado por el presidente Emmanuel Macron el 9 de septiembre, construir un plan de presupuesto del Estado representa una prueba de fuego, y no cualquiera, si consideramos la suerte de sus dos antecesores recientes en el cargo.

El conservador Michel Barnier fue derribado en diciembre pasado por una moción de censura en la Asamblea Nacional, en la cual las oposiciones de izquierda y de extrema derecha volvieron a combinarse el 8 de septiembre, pese a sus distancias ideológicas, para negarle la confianza a François Bayrou, quien tuvo que renunciar un día después.

En ambos casos la causa de la caída fue el presupuesto, tildado de austeridad y de ataque al bolsillo de los franceses por los rivales políticos, sobre todo el proyecto presentado en julio por Bayrou, con las propuestas de ahorrar o recortar 44 mil millones de euros y de suprimir dos días feriados sin pagos adicionales para los trabajadores.

Consciente de su fragilidad, el hombre de confianza de Macron, integrante de todos sus gobiernos desde su llegada al Elíseo en 2017, prometió trabajar con las diversas fuerzas políticas y actores sociales y partir de “una hoja en blanco” en materia del presupuesto 2026.

Lecornu recibió a diversos partidos y sindicatos en rondas de consultas, sin que de momento parezca convencer a la oposición y a los trabajadores, quienes protagonizaron el 10 de septiembre una multitudinaria movilización nacional y ya anunciaron desde la Intersindical otra para el 2 de octubre.

La izquierda reclama al primer ministro la eliminación de la reforma del retiro, que extendió en 2023 la edad de jubilación de 62 a 64 años, compromiso social y un presupuesto que no ponga en la espalda de los más vulnerables el peso de la austeridad.

También exige, liderada por el Partido Socialista, el establecimiento de la Tasa Zucman, indicativa que busca gravar con un dos por ciento anual las grandes fortunas de Francia, las superiores a los 100 millones de euros.

Por su parte, Agrupación Nacional, organización identificada con la extrema derecha, demanda mano dura contra la inmigración, con medidas como la reducción de la Ayuda Médica del Estado, y una menor contribución financiera a la Unión Europea.

Sin embargo, los liderados por Marine Le Pen tienen mucho más en mente y reclaman una nueva disolución de la Asamblea Nacional, lo que conduciría a elecciones legislativas anticipadas, aupados por la ventaja que tienen en todas las encuestas.

LECORNU ADELANTA PRIORIDADES

A diferencia de su antecesor Bayrou, Lecornu no apela a un lenguaje alarmista para definir la compleja situación de las finanzas públicas en suelo galo, marcadas por un déficit y una deuda que están entre los peores de la Unión Europea (UE).

Según el Instituto Nacional de la Estadística y los Estudios Económicos (Insee), en el segundo trimestre del 2025 la deuda pública de Francia escaló hasta 115,6 por ciento del Producto Interno Bruto, un nivel sin precedentes.

Ante el escenario imperante, la calificadora de riesgos Fitch rebajó la nota de la deuda de AA- a A+.

Lecornu adelantó a finales de septiembre la prioridad de sanear las finanzas públicas, pero ofreció no elaborar un plan de presupuesto “de austeridad y retroceso social”.

Sin embargó, en sus declaraciones al diario Le Parisien atizó la polémica con la izquierda, al descartar aplicar la Tasa Zucman y suprimir la reforma de la jubilación.

El jefe de Matignon opinó que los empleos, las inversiones y la competitividad sufrirían con la tasa promovida por el economista Gabriel Zucman para gravar a las grandes fortunas bajo el argumento de la justicia fiscal.

De igual manera, consideró que retirar la reforma del retiro no resolvería los problemas del país.

Para tratar de aliviar la presión, el primer ministro anunció su intención de destinar el año próximo a los jubilados seis mil millones de euros adicionales y cinco mil millones para la salud.

Igualmente mencionó su deseo de no acudir al polémico artículo 49,3 de la Constitución, que permite adoptar leyes, incluidas las relacionadas con el presupuesto, sin el voto parlamentario, una medida que la oposición –dominante en la Asamblea Nacional- rechaza.

Las reacciones desde la izquierda no se hicieron esperar, con evocaciones a la intención de censurar al primer ministro, y el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, llamó a los otros partidos del sector a respaldar en la Asamblea Nacional la moción de censura que impulsan los insumisos.

Lecornu hace de (Emmanuel) Macron, aunque al menos es franco, escribió en X el varias veces candidato presidencial.

Por su parte, la principal figura de los ecologistas, Marine Tondelier, criticó las declaraciones del mandatario, por su rechazo a las demandas de la izquierda y su respaldo a las de la derecha.

Yo creo que está preparando activamente su censura, advirtió en la propia red social la diputada por Europa Ecología los Verdes.

También el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, subrayó que sin un cambio de postura, el primer ministro será censurado por la organización.

DESAFIANTE PANORAMA

Con tres semanas en el cargo, Lecornu lidia con una combinación de retos, que van desde las amenazas creíbles de la oposición, capaz de derribar a los últimos dos primeros ministros, y la presión sindical hasta la subida de tono de los agricultores, muy molestos por el avance del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur.

El 10 de septiembre, alrededor de un millón de personas salieron a las calles, de acuerdo con datos de la Confederación General del Trabajo, convocados por la Intersindical para protestar contra las políticas económicas, con el reclamo de eliminar la reforma de la jubilación y de un presupuesto que no ataque el bolsillo de los trabajadores.

Después de dialogar con el primer ministro, los sindicatos estimaron que sus reivindicaciones siguen desatendidas, por lo que pidieron a sus miembros regresar a la movilización el 2 de octubre.

Las patronales, encabezadas por el Movimiento de Empresas de Francia (Medef), también alertaron a Lecornu que actuarán si ven en peligro sus intereses, y anunciaron fijar líneas rojas el 13 de octubre en una reunión prevista en París.

Entretanto, la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores de Francia (Fnsea), la mayor organización del gremio, y los Jóvenes Agricultores se manifestaron el 25 de septiembre para exigir la marcha atrás del acuerdo UE-Mercosur y rechazar la cruzada arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

A principios de septiembre, la UE lanzó el proceso de ratificación de su Acuerdo de Libre Comercio con el Mercosur, bloque económico fundado en 1991, que integran en la actualidad Argentina, Bolivia (nuevo Estado parte), Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (suspendida de todos sus derechos).

Bajo la presión de los agricultores y de partidos políticos de diversos colores, el gobierno francés rechaza el acuerdo y trata de extender sus preocupaciones a otros países europeos.

Macron indicó a su aliado la prioridad de construir otro presupuesto en consulta con los diversos actores de la sociedad, antes de formar Gobierno, en un panorama tenso, que vaticina tiempos duros para Lecornu en las próximas semanas.

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