Por Manuel Robles Sosa

Corresponsal jefe en Perú

Aprobada por el Parlamento de mayoría afín al gobierno, la ley fue suscrita por la mandataria el 13 de agosto en el Palacio de Gobierno para la puesta en vigencia, en una ceremonia transmitida por televisión a todo el país.

“Que esta amnistía sea un mensaje de paz y no de divisionismo, es momento de voltear la página y cerrar este capítulo nefasto y sangriento que significó el terrorismo”, señaló Boluarte.

Se refirió así al conflicto interno (1980-2000) en el que hubo crímenes de Estado que la justicia supranacional, a la que está adscrito Perú, prohíbe amnistiar o indultar por ser imprescriptibles.

Sostuvo que la ley hace justicia a militares, policías y miembros de los llamados grupos civiles de autodefensa, y compartió los alegatos de los beneficiarios de la amnistía, según los cuales los amnistiados han sido perseguidos durante décadas por haber combatido al terrorismo.

La presidenta del Poder Judicial, Inés Tello, acusó a la presidenta de dar luz verde a una ley absolutamente inconstitucional, dijo que esta es “un insulto a las víctimas de violación de derechos humanos” y va contra las convenciones internacionales firmadas por Perú.

Advirtió que los jueces impedirán la libertad de autores de crímenes atroces y para ello ejercerán su deber de no aprobar decisiones que no se ajusten a los compromisos internacionales como el de no dar libertad a autores de delitos contra los derechos humanos.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó rotundamente la ley y señaló que “todo país libre y desarrollado se fundamenta en la justicia, el respeto de los derechos humanos y no en el ocultamiento del delito ni en la protección de quienes lo cometieron”, y criticó el desacato a la justicia supranacional.

Argumentó que la amnistía premia con impunidad a responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones, dejando a las víctimas y sus familias sin verdad ni justicia.

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú repudió la promulgación de la ley de amnistía por considerar que garantiza impunidad a los responsables o investigados mayores de 70 años que hayan cometido crímenes de Estado.

“Resulta especialmente agraviante, y elocuente de una radical carencia de espíritu democrático y humanitario, que la presidenta haya organizado una ceremonia especial para esta promulgación” en la que participaron beneficiarios de la amnistía, agregó.

El abogado Carlos Rivera señaló que la ley busca sentar un precedente de impunidad que beneficie a la mandataria, como parte de un acuerdo con la mayoría parlamentaria, de evitar que Boluarte sea sometida a investigaciones por muertes de civiles opositores a su ascenso a la Presidencia.

La excandidata presidencial Verónica Mendoza señaló que la ley pretende dejar impunes a asesinos, torturadores y violadores, y añadió que con la amnistía Boluarte cree que así asegura su propia impunidad.

La exministra de Cultura, Gisela Ortiz, sostuvo que el gobierno, al que califica como violador de derechos humanos que se mantiene por el apoyo del Congreso, ha amnistiado a autores de crímenes atroces y 0advirtió que “no nos callarán con leyes de olvido”.

Ortiz es hermana de uno de los estudiantes torturados y asesinados en julio de 1992 por el militar y clandestino Grupo Colina, cuyo jefe, Santiago Martin Rivas, está próximo a cumplir 70 años, cuando saldría de la cárcel por la amnistía.

La congresista Sigrid Bazán afirmó que Boluarte ha firmado la controvertida ley “con las manos manchadas” por los asesinatos durante su gobierno .

Liz Meléndez, directora del centro de defensa de la mujer Flora Tristán, comentó que lo más indignante de la amnistía es que fue celebrada por algunos de los condenados como si fuera un triunfo, mientras las víctimas siguen esperando justicia.

La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia señaló que durante más de cuatro décadas los criminales han evadido a la justicia mediante la fuga, la ocultación de pruebas y la dilación de procesos, y ahora son premiados con la impunidad

La periodista Josefina Miró Quesada comentó que “lo vil de la amnistía es que borra el delito: como si nunca hubiesen ocurrido y por eso es impulsada por negacionistas, para reescribir la historia”. La Sociedad Peruana de Constitucionalistas rechazó también la ley, que invoca la demora en las investigaciones de los casos de violación de derechos humanos, y dijo que este problema no puede justificar la amnistía, sino que debe solucionarse acelerando las pesquisas.

El diario La República comentó que la presidenta, en vez de preocuparse por el deterioro institucional del país, “parece más interesada en complacer a sectores duros de las fuerzas de seguridad” con el fin de que estos la protejan ante las denuncias de su responsabilidad en las muertes de manifestantes opositores.

El periodista Nicolás Lúcar, en su espacio diario de televisión, leyó el testimonio de un testigo de la matanza perpetrada en agosto de 1985 la localidad andina de Accomarca, cuya población fue exterminada por una compañía del Ejército al mando del subteniente Telmo Hurtado, condenado a prisión y potencial beneficiario de la amnistía.

El relato precisa que las tropas violaron a las mujeres y las asesinaron, y dieron muerte con ráfagas de ametralladora y granadas al resto de la población, en su mayoría niños y ancianos, encerrados en una choza.

Tras la lectura, Lúcar dijo que no es partidario de la cadena perpetua, pero es cierto que al mismo tiempo cree que “hay quienes merecen morir en la cárcel”.

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