Por Jorge Petinaud

Corresponsal jefe en Bolivia

Pese a que la división del bloque nacional popular boliviano indica que la votación de este domingo 17 de agosto dará como resultado, tras 20 años de hegemonía política de la izquierda (con el paréntesis del golpe de Estado de 2019), un balotaje con uno y hasta dos representantes de la derecha neoliberal, la intención del reporte evidencia el propósito de influir en el resultado de los comicios.

El departamento que encabeza el ultraderechista secretario de Estado, Marco Rubio, censura en ese documento lo que denomina la violación de los derechos fundamentales y señala que en este terreno la situación no cambió en el último año.

Según el texto de Washington, “entre los problemas importantes de derechos humanos se incluyen informes creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; arresto o detención arbitrarios (…)”.

Menciona, asimismo, “graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, incluida violencia o amenazas de violencia contra periodistas”.

Finalmente, el denominado “Resumen Ejecutivo” se atribuye el derecho de opinar que “el Gobierno (de Bolivia) no tomó medidas creíbles para identificar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”.

LA POSICIÓN DE BOLIVIA

De su lado, en un comunicado circulado a la prensa el mismo 15 de agosto, la Cancillería boliviana rechazó “categóricamente” el contenido y las conclusiones del denominado Informe de Derechos Humanos 2024.

“Este documento, elaborado sin consulta ni consentimiento alguno de nuestro país, carece de rigor, objetividad y validez, y se enmarca en una visión unilateral e intervencionista que desconoce la realidad boliviana y nuestras instituciones democráticas”, afirma el comunicado.

Denuncia el Ministerio de Relaciones Exteriores que en un momento en que Bolivia vive en democracia, “a pesar de que se la pretendió destruir desde distintos frentes y a días de celebrarse las elecciones generales, resulta evidente que este informe pretende incidir en la política boliviana (…)”.

Precisa que, de esa forma, Washington pretende erosionar la confianza ciudadana en las instituciones bolivianas, utilizando afirmaciones arbitrarias y carentes de fundamento.

Sostiene la Cancillería que Bolivia mantiene claros sus principios constitucionales, su compromiso con los derechos humanos y su apego a los mecanismos internacionales legítimos, construidos sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

Recuerda la diplomacia boliviana que uno de los más importantes ejemplos en ese sentido es el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde Bolivia este año destacó importantes avances en este tema.

Concluye el Ministerio de Relaciones Exteriores que el Estado Plurinacional de Bolivia reafirma que seguirá trabajando con la comunidad internacional sobre la base del diálogo respetuoso, la cooperación genuina y el estricto apego al derecho internacional.

La Cancillería rechaza cualquier intento de instrumentalizar la agenda de derechos humanos con fines ajenos a su propósito esencial.

PLAN B

En este contexto, en entrevista concedida a Prensa Latina, el politólogo boliviano Hugo Moldiz denunció que está en marcha un Plan B golpista de la derecha en previsión de un resultado favorable a la izquierda este domingo, con el pretexto de un supuesto fraude.

“Hay una estrategia imperial de carácter continental, cuya receta la aplican en gran parte de los países latinoamericanos”, aseguró Moldiz.

Describió que esa fórmula tiene que ver con posicionar a los candidatos afines a los intereses de Estados Unidos, los de la derecha, como los favoritos, lo cual tiene un segundo objetivo claro: que, ante un eventual crecimiento o victoria del campo popular, inmediatamente se saque la bandera del fraude electoral.

“Ambas tácticas se complementan -advirtió el también exministro de Gobierno (2015)-, y tienen por objetivo, ciertamente, conquistar territorios, en este caso países, en una estrategia de carácter continental”.

Subrayó que, en el caso de Bolivia, esta plataforma denominada Cuidemos el Voto, que aparece como iniciativa ciudadana, constituye una clara articulación de la ultraderecha venezolana, cubana y boliviana, y detrás está el tristemente célebre ametrallador de El Alto como ministro de Defensa (2003), Carlos Sánchez Berzaín.

“Ante esto, en mi opinión, la izquierda debe tener sensación del peligro, percibir la amenaza, lo cual no está sucediendo, como debemos señalar con absoluta sinceridad”, sostuvo.

Opinó Moldiz que, a los candidatos del bloque popular nacional, solos, no les alcanzan los números.

Las encuestas los muestran con una presencia electoral muy baja, comentó. “Yo creo que es mayor la intención de voto de lo que aparece en estos sondeos, pero al mismo tiempo se ve que resulta insuficiente, para tampoco llamarnos al engaño”.

Significó que es cierto que hay un gran número de indecisos, que por una lectura más o menos comparada con elecciones del pasado siempre han existido, y que al final terminaron inclinando su votación a favor del campo popular.

“Cuál es la diferencia ahora -aclaró Moldiz-, que ese ciudadano X o Y, hoy tiene un dilema muy grande que no existió en comicios pasados: su espíritu es nacional popular y existen dos fuerzas que tienen su origen en el Movimiento al Socialismo: Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo”.

Dijo Moldiz a esta agencia de noticias que “este es un dilema que los candidatos del progresismo deben responder con una sola actitud: la unidad”.

BRECHA DIGITAL Y EXCLUSIÓN

La plataforma feminista Revuelta Malcriada denunció en sus redes sociales que el proyecto presentado como “iniciativa ciudadana” Cuidemos el Voto constituye un mecanismo de deslegitimar los comicios bolivianos.

Revuelta Malcriada afirma que, aunque Cuidemos el Voto se presenta como una iniciativa “desde la ciudadanía para garantizar transparencia electoral”, por sus financiadores, vínculos políticos y metodología, revela un proyecto alineado con la estrategia de injerencia de Estados Unidos en Bolivia.

Las activistas, que se definen como un colectivo antipatriarcal, antifascista y anticapitalista”, advierten que Cuidemos el Voto propone sistemas de monitoreo electoral en tiempo real, basados en tecnología digital (aplicaciones, redes sociales y conteo rápido).

Subrayan que, sin embargo, estas metodologías excluyen a gran parte de la población boliviana, especialmente en zonas rurales e indígenas.

Indican que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (2023), el 40 por ciento de la población rural carece de acceso estable a internet, mientras que la Cepal (2022) reporta que el analfabetismo digital alcanza 68 puntos porcentuales en comunidades indígenas.

Tal realidad es particularmente crítica en regiones como Potosí y Oruro, donde la dispersión geográfica y la pobreza limitan cualquier sistema de monitoreo en tiempo real.

“La exclusión sistémica del voto campesino facilita las narrativas de ‘fraude electoral’ cuando ya se sabe que los resultados rurales tienden a cambiar la tendencia del cómputo de los centros urbanos”, precisan.

Opinan las integrantes de Revuelta Malcriada que esta estrategia de “llamarle fraude a ese voto no captado previamente por las encuestadoras serviles, ya fue utilizada en procesos anteriores, como durante 2019, para deslegitimar victorias contrarias a los intereses de la derecha en zonas históricamente marginadas”.

OPERACIONES DE DESESTABILIZACIÓN

Denuncia Revuelta Malcriada que el proyecto Cuidemos el Voto 2025 forma parte de operaciones de desestabilización al combinar tácticas convencionales con ciberguerra, donde el Comando Cibernético (Cybercom) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos podrían desempeñan roles clave.

Acotan que estas agencias, históricamente vinculadas a escándalos de espionaje global, focalizan ahora sus recursos en Bolivia mediante ciberataques que buscan interrumpir el funcionamiento de un servicio en línea y operaciones de influencia diseñadas para debilitar infraestructuras estatales y viralizar narrativas de “fraude electoral”.

Vasos comunicantes entre el golpe de Estado de 2019 y Cuidemos el Voto surgen en Bolivia a través del nombre de Jhanisse Vaca, principal promotora de esta “iniciativa ciudadana”, quien fue parte de la acción golpista contra el expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Cofundadora de la plataforma Ríos de Pie, parte activa de las revueltas golpistas de 2019, Vaca también trató infructuosamente en los comicios generales de 2020 de impulsar un “solo frente de oposición” en contra del Movimiento al Socialismo.

Ahora, como una de las voceras más sobresalientes de Cuidemos el Voto, afirma que movilizan a más de 30 mil voluntarios, respecto a lo cual Revuelta Malcriada pregunta, ¿en cuántas mesas ?, y ¿en cuántos recintos?

“(…) Su página web no publica datos desagregados por territorio sobre la ubicación real de estos voluntarios, violando principios de transparencia que tanto les gusta demandar. Esta omisión es estratégica, claro está (…)”, denuncia Revuelta Malcriada.

Agrega que Vaca y sus seguidores saben que sus voluntarios se concentran en las áreas urbanas del eje central del país.

Subraya que “(…) aunque prometen incluir áreas de ‘difícil acceso’, delegaron esa tarea a “gente local ya organizada” sin mecanismos de verificación, lo que invisibiliza a municipios indígenas con baja conectividad y con bajos vínculos con las asociaciones de derecha, que son las que empujan esta iniciativa en el país.

Cuidemos el Voto exige a los voluntarios enviar fotografías de actas electorales con metadatos de ubicación (GPS), número de mesa y hora exacta, para almacenarlos en servidores con el sistema blockchain gestionado por empresas extranjeras no identificadas, advierten las activistas feministas.

Las denunciantes enumeran un listado de decenas de organizaciones aliadas de esta iniciativa según consta en su página web, que forman parte de la derecha continental más recalcitrante.

arb/jpm