Por Orlando Oramas León

Corresponsal jefe en Uruguay

Resultan pronunciamientos, hechos y medidas reconocidas por el colectivo Madres y Familiares de los Detenidos Desaparecidos, que encabezaron la multitudinaria Marcha del Silencio en esta capital el pasado 20 de mayo.

Antes, el presidente Yamandú Orsi se reunió con una representación de los parientes de quienes siguen sin aparecer.

Para la edición 30 de esa marcha, reeditada en otras localidades del país, el Ministerio de Relaciones Exteriores desclasificó archivos de 10 casos emblemáticos del terrorismo de Estado practicado en aquellos oscuros años bajo el Plan Cóndor.

Por su parte la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente anunció la centralización de documentación al respecto del archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior.

Incluye la digitalización de expedientes de la Justicia Militar y el Supremo Tribunal Militar, depositados en el archivo de la otrora Dirección de Policía Técnica.

Constituye un esfuerzo del que participa también el Ministerio de Defensa, cuya titular, Sandra Lazo, dispuso la actualización del listado de exmilitares prófugos bajo imputaciones de delitos de lesa humanidad.

Lazo manifestó que hay una obligación ética de buscar más allá de lo que se conoce.

Según el conteo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, 197 personas fueron detenidas desaparecidas por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado.

Son apenas siete los restos de uruguayos encontrados en enterramientos clandestinos desde que comenzaron las excavaciones en 2005, durante el primer gobierno del Frente Amplio, a cargo del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF) de la Universidad de la República.

El GIAF actúa desde entonces por mandato de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

LOS ENCONTRADOS

Los primeros restos encontrados fueron los de Ubagésner Cháves Sosa el 29 de noviembre de 2005 en un sitio conocido como la Chacra de Pando.

Oriundo de Rivera, Cháves Sosa fue un obrero metalúrgico y militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Lo secuestraron en la calle hombres que se identificaron como integrantes de las Fuerzas Conjuntas el 28 de mayo de 1976. Se calcula que murió bajo torturas entre el 10 y 11 de julio de aquel año.

El 2 de diciembre de 2005 se encontraron los restos del segundo. Bajo una pista anónima los investigadores pudieron hallarlos en el Batallón 13 del Ejército. Más tarde se sabría que se trataba de Fernando Miranda.

Fue escribano, docente universitario y militante del PCU. Al momento de su secuestro vivía en Montevideo, estaba casado y tenía dos hijos. En noviembre de 1975 hizo un viaje a Punta del Este, del que tuvo que regresar porque recibió un llamado en el que le indicaron que personal policial lo había pasado a buscar por su casa. El 30 de noviembre quedó secuestrado.

En base a testigos, se sabe de su traslado al centro clandestino de detención y torturas conocido como “300 Carlos”, donde sufrió torturas y murió poco después.

Un tercer hallazgo se dio en 2011 en el Batallón de Infantería número 14, en Toledo, departamento de Canelones. Eran los restos del maestro Julio Castro.

El educador estaba casado y tenía dos hijas. El 1 de agosto de 1977 fue secuestrado por dos hombres. Lo llevaron a la fuerza al centro de tortura conocido como La Casona de Millán. Tras encontrarse sus restos, se comprobó que lo ejecutaron de un balazo.

El cuarto hallazgo del GIAF ocurrió en marzo de 2012, también en el Batallón 14. Allí estaba enterrado Ricardo Alfonso Blanco.

Militante del Partido Comunista Revolucionario, fue secuestrado en su almacén en Montevideo, en enero de 1978, por personas que se identificaron como pertenecientes a las Fuerzas Conjuntas.

Tras su detención, fue trasladado a La Casona de Millán y a La Tablada, donde le sometieron a torturas. Testigos lo vieron con vida por última vez a mediados de febrero.

El quinto hallazgo tuvo lugar en 2019, en el Batallón 13 de Infantería en esta capital, y la osamenta correspondía a Eduardo Bleier. Era odontólogo, estaba casado y tenía cuatro hijos.

Responsable de las finanzas del PCU, Bleier fue secuestrado en la vía pública el 29 de octubre de 1975 y llevado, según testigos, a La Casona de Punta Gorda y también al “300 Carlos”.

Sus compañeros lo vieron con vida por última vez entre el 6 y el 10 de febrero de 1976. Según recuerdan, en las sesiones de tortura Bleier era doblemente torturado por su condición de comunista y judío.

Amelia Sanjurjo fue la sexta y la única mujer del grupo encontrada en todos estos años. Desapareció el 2 de noviembre de 1977, cuando tenía 41 años y cursaba un embarazo.

Se supo de su secuestro, en la vía pública, en medio de un operativo de Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Fue llevada a La Tablada.

El 28 de mayo de 2024 se informó la identificación de los despojos encontrados el 6 de junio de 2023 en el Batallón de Infantería 14, todo un cementerio clandestino.

La coordinadora del equipo de antropólogos de la Inddhh, Alicia Lusiardo, dio cuenta el 14 de julio último del hallazgo de otro enterramiento en ese predio militar. Se confirmó que la víctima era Luis Eduardo Arigón, sindicalista y militante del PCU, secuestrado en 1977.

Los restos de Arigón estaban a 170 metros de donde fueron hallados los de Sanjurjo y alrededor de 200 metros de los de Julio Castro y Ricardo Alfonso Blanco.

“Sabemos que la temporalidad sigue siendo un factor de interés para la exploración de este lugar”, subrayó Lusiardo.

“Entre esa detención de Arigón y la de Amelia Sanjurjo, por ejemplo, hay dos detenciones de personas que son vistas después en La Tablada y cuyos cuerpos no han aparecido en ninguna de las excavaciones que se han hecho”, especificó.

Los forenses siguen buscando en terrenos del Batallón 14 de Toledo, Canelones.

arb/OOL