Por Ivette Fernández

Corresponsal jefa en Colombia

Una de las negociaciones que muestra mayores progresos tiene lugar con los llamados Comuneros del Sur, una estructura que en mayo del pasado año se separó del Ejército de Liberación Nacional (ELN) e inmediatamente comenzó un proceso de pláticas con vistas a su desmovilización.

El 5 de abril, el presidente Gustavo Petro asistió a una ceremonia en la que se firmaron dos acuerdos con ese grupo insurgente.

El primero de ellos reconoce el papel fundamental de las comunidades afectadas por el conflicto y sienta las bases para un proceso de reparación simbólica y reconocimiento histórico en el departamento de Nariño, en el suroeste del país, donde operan los guerrilleros.

En tanto, el otro está orientado a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en cinco mil hectáreas de diez municipios.

A modo de conclusión del evento, el mandatario dio la orden de destruir más de 500 artefactos explosivos entregados por el Frente Comuneros del Sur, como una manifestación de la voluntad de esa estructura con su desmovilización y con la paz.

Otro de los procesos de negociación es el desarrollado con el grupo EMBF, cuya sigla responde a la unión de los bloques comandante Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio comandante Gentil Duarte y frente comandante Raúl Reyes.

Esta facción en armas se separó del autodenominado Estado Mayor Central, que es a su vez una estructura residual de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

En una reunión extraordinaria celebrada con la delegación gubernamental, el EMBF convino en varias cuestiones con su contraparte.

Una de ellas busca contribuir a la reconversión económica en la cual las comunidades e instituciones responsables de la política de drogas acuerden un plan sostenible para superar la producción de coca, pasta base y cocaína en Parques Nacionales Naturales y en el norte amazónico, con prioridad en municipios de Catatumbo (noreste) y Caquetá (sureste).

También se abordó la necesidad de elaborar un plan marco para la construcción de una ruta definitiva hacia la paz, para lo cual se trabajará en la definición de una visión estratégica conjunta.

Los asistentes al encuentro reconocieron además la necesidad de hacer ajustes al funcionamiento del mecanismo de negociaciones para acelerar el proceso de pláticas.

Un tercer grupo que parecer avanzar en el proceso de conversaciones es la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB), conformada por los Comandos de Frontera y una escisión de la Segunda Marquetalia.

Según trascendió al cierre del cuarto ciclo de diálogos con el Gobierno, las partes acordaron proceder a la sustitución de 30 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito: 15 mil en Nariño y 15 mil en Putumayo (sur).

El grupo armado, por su parte, se comprometió a no reclutar menores de 18 años, no utilizar minas antipersona, garantizar acceso a servicios médicos y respetar bienes civiles.

Adicionalmente, se decidió elaborar una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo definitivo al cual serán incorporados los avances que se alcancen en cada una de las comisiones instaladas sobre los temas de justicia y seguridad en los territorios, así como transformaciones económicas y sociales.

ASUNTOS POR RESOLVER

Pese a que comúnmente se habla en singular del conflicto armado en Colombia, lo cierto es que las confrontaciones son más de una.

Organizaciones humanitarias como la Cruz Roja alertan que en el territorio sudamericano existen al menos ocho conflictos distintos, a lo cual contribuyeron las escisiones internas de grupos ya existentes, algunos de los cuales optaron por dialogar con el Gobierno, mientras que otros descartaron esa opción.

El representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz, relató ante el Consejo de Seguridad el 22 de abril, el escenario que hoy enfrentan muchas de las comunidades del país, que ven convertidos sus asentamientos en escenarios de disputa.

“Desafortunadamente, en algunas de las zonas donde antes ejercieran su dominio las extintas FARC-EP, la situación se ha degradado de manera progresiva con la llegada de actores armados -nuevos o que ya existían-, aprovechándose de la presencia limitada del Estado y buscando el control de las economías ilícitas”, describió.

El funcionario remarcó en su presentación que, con vistas al futuro, resulta fundamental priorizar aquellos procesos de diálogo con los actores que demuestren una real voluntad de paz y que puedan tener resultados tangibles para beneficiar a las comunidades.

Es justamente esa premisa la que alienta al Gobierno a mantener las negociaciones con los grupos mencionados.

Sin embargo, esas conversaciones aún tienen pendiente la resolución de cuestiones peliagudas.

Una de estas, por ejemplo, tiene que ver con la autorización de la Corte Suprema de Justicia de extraditar a Estados Unidos a Gabriel Yepes, alias HH, quien comanda el Frente Comuneros del Sur, el grupo con el que más avanzadas están las negociaciones.

Sobre el mentado cabecilla permanecían suspendidas todas las órdenes de captura en su contra hasta mediados de abril, incluidas las de extradición.

Para que la orden del tribunal quede en firme, esta tiene que recibir en última instancia el visto bueno del presidente.

Una situación similar ocurre con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Los diálogos entre el Gobierno y ese grupo estuvieron brevemente suspendidos tras la detención de uno de los voceros de la estructura armada el pasado 12 de febrero por una orden de extradición.

Andrés Rojas, alias La Araña, fue apresado justo mientras se desarrollaba la conclusión del tercer ciclo de pláticas en Bogotá.

La operación fue realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes alegaron la vigencia de una circular roja de Interpol en contra del detenido por presuntos delitos de narcotráfico, emitida por una corte de Estados Unidos.

Otra polémica también gira en torno al EMBF, bajo el mando de Alexander Mendoza, alias Calarcá.

El pasado 17 de abril, justo después de una reunión entre esa asociación en armas con un equipo negociador del Gobierno, se hizo pública la decisión de no reanudar con la mentada estructura el cese al fuego que expiró el 15 de abril y duró 18 meses.

No obstante, 24 horas más tarde, el presidente Gustavo Petro divulgó parte de un decreto donde se ordenó la suspensión de las operaciones ofensivas del Ejército y de la Policía en contra del grupo armado hasta el próximo 18 de mayo.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el objetivo del decreto es facilitar la concentración de las disidencias de Calarcá para avanzar hacia la paz, transformar los territorios y revitalizar el Amazonas, por lo cual se mantienen las mesas de diálogo y compromisos.

“Si no se dan los avances esperados, el Gobierno decidirá cambios significativos en la estrategia”, aseguró.

Si bien los procesos en marcha aún no concretan un acuerdo definitivo, son en esos tres en los que se centran hoy las mayores esperanzas de alcanzar un pacto.

Según apuntó el presidente Gustavo Petro, los frentes del EMBF tienen hasta el 18 de mayo para acordar zonas de concentración y territorios de paz, lo cual incluye el diseño de medidas de beneficio para la población civil con el objetivo de impulsar el desarrollo en dichos territorios y la entrada a un proceso de paz avanzado.

Refirió que los Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional ya establecieron los mentados espacios de concentración.

Por otra parte, aseguró que “la política de extradición dependerá de la entrada a procesos avanzados de paz”, al tiempo que aseguró haber solicitado a la Fiscalía configurar grupos de trabajo especiales para examinar la situación jurídica de quienes opten por desmovilizarse.

Aseveró el mandatario que la protección de la población civil y el desmantelamiento de las economías ilícitas son el fundamento de los nuevos procesos.

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