Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe en Panamá
En esa carrera, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se erigió como mediador de mesas de trabajo sobre salud y pensiones, como parte de conversatorios en los cuales será juez y parte, además de decidir cuál sería la mejor opción, lo que es fuertemente criticado por las organizaciones sindicales y populares.
La meta es llevar a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) antes que concluya 2024 un anteproyecto de ley que permita desde 2025 enfrentar el alto déficit financiero de la CSS, cuyas reservas estarán agotadas en detrimento de miles de jubilados y pensionados.
RECUPERAR SISTEMA SOLIDARIO
Hasta la fecha, saber se cuenta con seis proyectos de reformas a la Ley 51, que estableció en 2005 durante el mandato de Martin Torrijos (2004-2009) el funcionamiento de la CSS, entre ellas las de las organizaciones populares y sindicales que abogan por retomar el sistema solidario.
El excandidato este año a la vicepresidencia de la República por las fuerzas progresistas, Richard Morales, explicó que la salida al problema de las pensiones no requiere la aplicación de medidas paramétricas –aumento de años de jubilación y el número de cuotas– proyecto de quienes quieren “entregar las jubilaciones” a “los especuladores privados, para que puedan hacer dinero con la pensión de los trabajadores”.
Morales afirmó que la propuesta de los colectivos plantea volver al sistema solidario o de beneficio definido y acompañarlo con “inversiones productivas” de las reservas de la CSS en sectores estratégicos, en vivienda e industria, de tal manera que esto alimente con fondos al sistema de pensiones.
Adelantó, además, que impulsarán que se salden las cuotas que adeudan los empresarios que han incumplido con su aporte al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Las organizaciones que participan en las mesas de trabajo, entre ellas la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, representada por su secretario general, Marcos Andrade, ha expuesto además la necesidad de democratizar y adecentar la administración y acabar con la corrupción, así como lograr una verdadera autonomía de la CSS.
En ese sentido, alertó sobre la pretensión de privatizar la CSS, con la idea de su actual director, el empresario Dino MOn, de tercerizar servicios como custodia de activos, entre ellos medicamentos y la seguridad.
Además abogan por enfrentar la evasión fiscal, mejorar la atención médica y los servicios que brinda la institución en salud a más del 90 por ciento de la población, acabar con la mafia farmacéutica y el desabastecimiento de medicinas que provoca, así como garantizar aportes sólidos del Estado a la institución, entre ellos parte de las millonarias utilidades del Canal de Panamá.
Las decisiones finales sobre el seguro social, agregó, las debe tomar el pueblo en un referendo nacional.
OTRAS PROPUESTAS
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, indicaron recientemente que la iniciativa de esos colectivos contempla el pilar solidario, financiado por el Estado, que permite una jubilación digna para las personas que no han podido completar sus cuotas.
Asimismo abogan por las cuotas individuales, debidamente administradas para que tengan los rendimientos necesarios para lograr una jubilación justa a favor de los trabajadores y el llamado pilar de ahorro voluntario, abierto a los aportes extraordinarios por parte de los obreros, con apoyo de las empresas.
El Ejecutivo dio a conocer que las propuestas de las mesas de la CSS estarán disponibles para ser evaluadas a finales de octubre en un sitio web (conversatoriocss.aig.gob.pa/publico_mu.php).
Sobre el complejo tema, el presidente de la República. José Raúl Mulino, declaró que no tiene pensado privatizar la CSS.
El mandatario precisó que de los fondos del Estado y de la realidad económica del país, es de donde finalmente se extraerá el dinero para resolver el problema del IVM, con un déficit superior a los 673 millones de dólares.
Por su parte, los miembros de los Directivos de Escuelas Oficiales también plantearon utilizar los aportes que da el Canal para fortalecer la CSS y no, así subir los años de jubilación, ni la cuota.
Mientras la Asociación Odontológica Panameña (AOP) recomienda evaluar el sistema de compras de medicamentos e insumos médicos, en el que el Estado cumpla con su responsabilidad de revisar y actualizar el aporte que debe hacer a IVM para su sostenimiento.
A juicio del Colegio Médico, corresponde al Estado el pago de la cuota obrero patronal de los más desfavorecidos y de familias o individuos no asegurados, con fondos provenientes del recorte de los gastos operativos del Ministerio de salud.
La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, adelantó en un comunicado que la Contraloría debería fiscalizar más las compras de medicamentos e insumos médicos, al tiempo que demandaron una nueva ley para la atención integral de la salud de todos los panameños.
Mientras el Ejecutivo decide cuáles de las propuestas serían la más viables en el orden financiero y estructural de la CSS como parte de una iniciativa legislativa, la alianza Pueblo Unido por la Vida convocó a una multitudinaria marcha de los colectivos que terminará en la Presidencia, en esta capital, para entregar un amplio pliego de demandas en defensa de la justicia y la equidad social.
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