Por Edgar Amílcar Morales
Corresponsal en Chile
Esos comicios en sí mismos son complejos por la gran cantidad de cargos públicos en disputa, 16 gobernadores y 302 consejeros regionales, 346 alcaldes y más de dos mil concejales.
Además, desde 2022 se realizó una reforma constitucional donde se estableció el voto obligatorio y quienes no acudan a las urnas sin una justificación adecuada pueden sufrir multas que oscilan de 35 a 200 dólares.
De acuerdo con el doctor en Ciencia Política de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, a las elecciones municipales de 2016 asistió 35 por ciento del padrón, sin embargo, en los tres últimos eventos, con las nuevas normas, este indicador subió al 84.
Con el objetivo de enfrentar en mejores condiciones unas votaciones con una cifra tan elevada de candidatos y gran afluencia de electores, el Gobierno introdujo en abril una iniciativa de ley en el Congreso Nacional para que los próximos comicios se realicen en dos días, 26 y 27 de octubre.
De esta manera se esperaba resolver el problema fundamental en ese momento, que era la demora prolongada de cada persona en la emisión del voto para cuatro cargos diferentes, lo cual hacía improbable concluir la consulta en una sola jornada.
El proyecto, que debería ser la solución a un embrollo administrativo, abrió sin embargo un abanico extraordinario de problemas y discusiones, todavía sin solución inmediata cuando está a punto de cerrar el plazo para la inscripción definitiva de candidatos.
Hubo temas que no generaron ninguna disputa y quedaron establecidos desde el principio, entre ellos la eliminación de la ley seca, la proscripción del lápiz de grafito para marcar el voto y el uso del bolígrafo con tinta azul y la ampliación del transporte público.
Hasta allí los acuerdos, y luego ardió Troya.
EL ASUNTO LABORAL
Durante la discusión en la Cámara de Diputados y el debate en el Senado, quedó aprobada la votación en dos días, pero se decidió eliminar el feriado obligatorio, llamado aquí irrenunciable, en los sectores del comercio y los servicios.
Esa medida permitía a los trabajadores asistir sin ningún contratiempo a ejercer el sufragio, sobre todo aquellos con un registro electoral en lugares alejados de su vivienda o, incluso, en otras comunas o regiones.
La diputada Camila Musante, cercana al Partido por la Democracia, dijo que llevará el tema al Tribunal Constitucional porque se está cercenando una garantía ya ganada por el sector laboral.
En igual sentido se pronunciaron Luis Cuello, del Partido Comunista de Chile (PCCh), y Ana María Gazmuri, de Acción Humanista, quienes rechazaron la eliminación de una conquista de los trabajadores, por medio de la cual podían ejercer sin problemas un derecho ciudadano.
OBLIGACIÓN SIN MULTA
Más fuerte fue la controversia en torno a otra reforma introducida al proyecto gubernamental por la Cámara Baja: dejar el voto obligatorio, pero eliminar la multa a quienes declinen participar en la jornada.
En declaraciones a Prensa Latina el legislador por el PCCh Boris Barrera señaló que el sufragio obligado sin que haya una sanción para quienes no asistan, funciona en la práctica como si fuese voluntario.
Precisó que las fuerzas progresistas esperan ganar la mayor cantidad posible de alcaldías, gobernadores y consejeros regionales, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en Francia, donde la unidad de estos sectores consiguió frenar a la extrema derecha.
En la discusión desatada en los últimos días en los medios y las redes sociales hubo además otras voces, como el diputado liberal Vlado Mirosevic, de la coalición de gobierno, quien argumentó que es draconiano el techo de la sanción a quienes no sufraguen, equivalente a unos 200 dólares.
Su colega Gonzalo Winter, del Frente Amplio, también del sector oficial, fue más allá y dijo que un proyecto electoral donde se establecen multas tan elevadas castiga al sector más pobre de la población.
Por el contrario, el doctor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Marco Moreno, afirmó que el voto obligatorio es necesario para garantizar que la voz de los sectores pobres sea escuchada.
Citado por radio Biobío, el académico dijo que el tema de la multa es lo menos relevante, porque la discusión de fondo es si el país requiere sufragio voluntario o no.
Finalmente, en el análisis realizado por una comisión conjunta de diputados y senadores, se decidió rebajar el monto máximo de la multa al equivalente a 140 dólares, pero la controversia no quedó zanjada.
Asimismo, se acordó bajar el pago que el Estado hace a los candidatos por cada sufragio recibido, que disminuirá de mil 500 pesos (1,63 dólares) a 970 (1,05), sin saberse hasta el momento cómo quedará el asunto.
¿CIUDADANOS O ELECTORES?
La cuestión de la multa por no votar trajo aparejado otro fuerte debate alrededor de la población migrante en Chile que, por su condición legal, está facultada para ejercer el sufragio, sin quedar claro si su ausencia sería castigada o no.
Esa polémica la introdujo el mismo ministro Elizalde cuando pidió a la comisión legislativa no establecer sanciones a los “electores”, sino sólo a los “ciudadanos”.
La diferencia estriba en que por ley, los extranjeros con residencia permanente durante más de cinco años adquieren el derecho al voto, aunque no estén nacionalizados.
Por otro lado, el concepto de ciudadano abarca a todos los nacidos en el país, o los migrantes acogidos y aceptados a esa calidad.
Como estaba quedando la iniciativa legal, los residentes extranjeros también podrían ser penados por no participar en los comicios, lo cual contradice la reforma constitucional realizada en 2022.
La arista no es tan trivial como podría parecer, pues si bien las estadísticas del Servicio Electoral indican que sólo 4,4 por ciento del universo registrado legalmente corresponde a migrantes, su distribuciónen en el nivel nacional es desigual y, en algunos casos, podría resultar decisiva.
Un estudio publicado por el sitio digital Emol revela la cuantía del voto extranjero en distintas comunas de la capital.
Así, en Independencia significan el 29,1 por ciento del total; seguida por Santiago Centro (28,7); Estación Central (17,4); Recoleta (14,8); Las Condes (13,9) y Providencia (11,4).
Si bien los expertos difieren acerca de la orientación del sufragio en este sector, sí coinciden en que las exigencias de la derecha y extrema derecha sobre un mayor control y deportaciones masivas por razones de seguridad podrían alejarlos un poco de esas corrientes.
DECISIÓN SALOMÓNICA
Ante la falta de claridad entre estas y otras controversias desatadas por las elecciones municipales y de gobernadores, el gobierno del presidente Gabriel Boric anunció una medida salomónica para saldar la discusión.
Esta consiste en enviar al recinto legislativo un proyecto de veto con indicaciones en el cual quedaría eliminada la votación en dos días y se restablecen las multas destinadas a hacer efectiva la obligatoriedad del sufragio, excepto para los migrantes.
Si esto será o no la solución definitiva, se conocerá en los últimos 10 días de julio, porque el Congreso Nacional hace un receso en sus labores esta semana por las llamadas acciones distritales.
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