Por Orlando Oramas León
Corresponsal jefe en Uruguay
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, quien nació en Montevideo, calificó de hito la nueva inversión en el departamento de San Marcos de Yazaki, que aquí dejó en la calle a cientos de uruguayos.
Resultan paradojas de la economía capitalista global, donde la ganancia y la competencia marcan el rumbo del capital, y se expresa en Uruguay con un marcado número de empresas que cierran puertas, en particular venidas del exterior.
El país sudamericano registró en el cuarto trimestre de 2025 un total de 206 mil 415 empresas activas, un crecimiento de 4,77 por ciento en términos interanuales y de 1,66 frente al trimestre previo.
Son datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que confirman la expansión del entramado empresarial y del empleo vinculado a estas compañías, con una subida interanual de 2,47 por ciento.
Resulta a primera vista una tendencia positiva, aunque detrás subyace una luz de alerta: hay un aumento sostenido en el número de empresas que dejan de operar en el mercado uruguayo.
En el cuarto trimestre del año pasado se registraron ocho mil 555 cerrojos empresariales. Ello significa un incremento de 14,46 por ciento respecto al trimestre anterior y de 12,57 por ciento en la comparación interanual.
Como resumen se puede reconocer una aceleración en la tasa de salida empresarial. El balance entre las que entran y las que salen sigue siendo positivo, aunque con cierta desaceleración en el margen.
Durante el cuarto trimestre del año anterior nacieron 11 mil 386 compañías, lo que implicó una caída de 2,19 por ciento frente al trimestre previo, aunque con un fuerte aumento de 15,41 por ciento en términos interanuales, apunta el INE.
Tal desempeño refleja una alta rotación en la que influye que los nuevos emprendimientos encaran mayores dificultades para sostenerse en el tiempo.
A la par, lo que ocurrió con Yazaki se repite en otros sectores de la economía en el último año. En ese lapso tuvieron lugar salidas, restructuraciones y despidos en rubros como comercio, industria, tecnología y varios servicios.
Desde las patronales aducen aumento de costos laborales y logísticos, caída del consumo y mayor competencia regional que repercuten en la rentabilidad.
En este escenario, varias empresas optaron por reducir operaciones, cerrar sucursales o directamente salir del mercado, mientras otras avanzaron en procesos de reconversión.
Durante el período los cierres provocaron la pérdida de 12 mil 400 puestos de trabajo, aumento anual de 14,14 por ciento interanual.
LAS QUE SE FUERON
El 31 de enero último la empresa metalúrgica Cla Sienz, dedicada al montaje de maquinarias para la industria alimenticia, cesó su presencia en la Zona Franca del departamento de Colonia.
Cla Sienz se une a otras empresas extranjeras que durante el último año dieron por terminada su presencia en este país sudamericano, muchas veces sin previo aviso.
A fines de 2025 UKG, multinacional de software de gestión de capital humano, concluyó operaciones en Montevideo y desvinculó a unos 300 profesionales. La estadounidense Verizon, de telecomunicaciones, se unió al desfile y dejó 265 empleados en la calle. Fenedur, fabricante de pegamentos, mudó su producción a Argentina.
Más reciente, la multinacional Falck, con sede en Dinamarca y que gestiona emergencia móvil de salud, anunció el despido de 125 empleados en Uruguay. La tecnológica Sabre hizo lo mismo y se deshizo del 30 por ciento de su plantilla. A su vez BASF, consorcio químico germano, anunció cierres paulatinos de plazas hasta 2028.
SIN PREVIO AVISO
Mientras tanto, el gobierno uruguayo trabaja en una ley que pretende comprometer a las empresas a notificar al Estado antes de ejecutar despidos masivos o salidas sorpresivas.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Su titular, Juan Castillo, criticó “la moda que se ha instalado en los últimos tiempos de comunicar hasta por redes sociales, estado de WhatsApp, por videos”.
El proyecto ya fue presentado a la bancada del Frente Amplio y se apoyará en convenios de la Organización Internacional del Trabajo que fijan plazos mínimos de aviso previo.
La idea es que el Estado tenga margen para mediar, negociar alternativas, conseguir inversores o intentar reconversiones productivas, en lugar de enterarse cuando la patronal dispuso el cierre.
Castillo enfatizó que cerrar una empresa “se hace de un día para el otro, pero reactivar el empleo lleva meses”.
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