Por Orlando Oramas León
Corresponsal jefe en Uruguay
Son estas y otras las particularidades de este período legislativo, acortado por los comicios de octubre y que estará salpicado por la campaña electoral que ya arrancó con fuerza.
Por motivos electorales volvieron a sus curules el diputado Martín Lema, exministro de Desarrollo Social, y Javier García, extitular de Defensa, uno de los contados funcionarios del gabinete original de Luis Lacalle Pou que se mantuvo en estos cuatro años.
Ahora se conforman las comisiones parlamentarias y eligen a sus titulares. Se destaca como hecho histórico la elección de Ana Olivera como presidenta de la Cámara de Diputados; es la cuarta mujer en ocupar tal responsabilidad, aunque la primera militante del Partido Comunista de Uruguay, que lo consideró un hecho “histórico”.
Olivera fue también la primera fémina en encabezar la intendencia de Montevideo y estuvo vinculada al trabajo social, incluso como viceministra de Desarrollo Social durante la administración del expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010, 2015-2020), ya fallecido.
La flamante presidenta de Diputados refutó en su investidura a quienes creen que por ser un año electoral su labor “será más sencilla porque en la Cámara tendrán la cabeza en junio (internas partidistas) y octubre (comicios presidenciales)”.
Al respecto acotó: “La vida de nuestros ciudadanos no se detiene con las elecciones, no se suspenden los problemas de nuestro pueblo”.
Otro que estará pendiente es Lacalle Pou, quien prometió ante la Asamblea General del Parlamento, el 2 de marzo, que cumpliría “con la palabra empeñada”, lo cual incluye propuestas de leyes.
Antes consiguió, gracias a la mayoría parlamentaria que suma la coalición de gobierno, aunque con el voto en contra del opositor Frente Amplio, polémicas leyes como Transformación Educativa y la reforma a la de Seguridad Social, en particular del régimen jubilatorio.
De hecho organizaciones sociales y políticas respaldan la recogida de firmas impulsada por la central sindical PIT-CNT para un plebiscito contra artículos de la norma sobre jubilados y pensionados.
LEY DE FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS
Resulta iniciativa del Poder Ejecutivo que recibió media sanción en noviembre último. Consiguió un acuerdo inédito entre las bancadas del Frente Amplio y los partidos Colorado y el Independiente, con apoyo de Cabildo Abierto. Pero volvió al Senado tras sufrir cambios en su articulado que precisan ser refrendados.
Propone la bancarización obligatoria de todos los aportes mayores a determinada cifra y limita los fondos que los candidatos pueden hacer a sus campañas. Además, faculta al gobierno a decidir pago del Estado para las votaciones municipales y al respecto autorizaría casi triplicar el monto de las arcas públicas por voto a intendente.
Por unanimidad los representantes alzaron manos a favor de la ley en lo general. Sin embargo, continúan las negociaciones sobre la publicidad gratuita para los partidos políticos en televisión, la distribución de los minutos de esa publicidad y una posible compensación a los medios audiovisuales por la propaganda electoral, asuntos que se decidirán en el Senado.
El Frente Amplio propone una “tarifa plana” para todos los partidos durante el proceso electoral y que, una vez terminada la campaña, tanto las organizaciones políticas como los canales de televisión abierta declaren los ingresos y egresos correspondientes.
HACIA UNA NUEVA LEY DE MEDIOS
La proposición oficial pretende desplazar la normativa aprobada durante el gobierno del presidente frenteamplista José Mujica. Tras tres años en agenda, fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria de la Cámara Baja con 47 votos a favor y 42 en contra.
Algunos de sus puntos tienen la desaprobación de la Universidad de la República. Pretende ampliar los límites de la norma vigente sobre los máximos de licencia para radiodifusión abierta de radio o televisión y de televisión para abonados por cable.
El proyecto aprobado en comisión establece que una persona física o jurídica, así como un “grupo económico”, no puede ser titular de más de cuatro licencias en la zona metropolitana y más de seis en el resto del país “para prestar servicios indistintamente en cualquiera de las bandas de radiodifusión y de televisión abierta”.
En el caso de la televisión para abonados por cable, se impone un nuevo tope de ocho licencias.
Para el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Gustavo Gómez, el aumento “blanquea” la “concentración ilegal” actual del grupo argentino Clarín, el cual ya “tiene ocho licencias” en el caso de las cableoperadoras.
Gómez sostuvo que la iniciativa propicia asimismo la concentración de las licencias radiales y “busca legalizar a los grupos mediáticos Romay, Sarandí, Magnolio y Zorrilla”.
CONTROVERSIA SOBRE LEY DE EUTANASIA
La Cámara de Diputados aprobó a fines de octubre la legislación que despenaliza y regula la eutanasia y el suicidio asistido, luego de un extenso debate y arduas negociaciones. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Salud del Senado.
Fusiona proposiciones del Partido Colorado y el Frente Amplio y recibió votos desde diversas bancadas. El texto apunta a “regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ella determina”.
La solicitud de la eutanasia quedará habilitada para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan “una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables”.
Durante las discusiones parlamentarias se acordó condicionar que los solicitantes deben estar transitando la “etapa terminal” de la enfermedad, con la única excepción de las personas con cuadriplejia.
Sin embargo, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, considera la aprobación de la norma como “obscenidad” y “calamidad”. La titular refirió la vigencia de reglamentaciones que, a su juicio, cumplen el objetivo del proyecto de ley, incluidos programas como el de Cuidados Paliativos y el de Adultos Mayores.
Pero las instituciones de salud quedarían obligadas a ofrecer el servicio, aunque los médicos puedan apelar a la “objeción de conciencia” para negarse, en cuyo caso el centro asistencial deberá designar a otro profesional.
Son apenas algunas de las propuestas de leyes que estarán en la agenda de diputados y senadores, desde cuyos escaños, de seguro, también se librará la campaña electoral para las elecciones que el 27 de octubre de este año decidirán la presidencia y el rumbo de Uruguay.
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