Por Nara Romero Rams

Corresponsal jefe en Etiopía

A más de dos años del fin de la guerra entre el gobierno etíope y el TPLF que cobró la vida de más de 600 mil personas, todavía están latentes las heridas entre los tigrayanos que, ante la crisis actual, muchos retiraron dinero de los bancos y acaparan artículos de primera necesidad en caso de desatarse otra confrontación bélica.

Letias divisiones entre la dirección del Frente encabezada por Gebremichael Debretsion, y por la otra parte, la Administración Regional Provisional de Tigray representada por su presidente Getachew Reda, se deben a que cada lado alega que el contrario es ilegal y enemigo.

Otro dilema es que la existencia del TPLF como partido legal está en peligro real, porque en agosto pasado el congreso celebrado por la facción de Debretsion no fue reconocido por la Comisión Electoral de Etiopía.

LÍDERES APUESTAN POR LA PAZ

Como Etiopía conoce de guerras y de sus elevados costos humanos y materiales, el primer ministro Abiy Ahmed instó a las élites de Tigray a que resuelvan sus diferencias pacíficamente, y enfatizó hacerse “de una manera que garantice la unidad del pueblo de Tigray”.

Ahmed, mediante una declaración oficial publicada el 3 de febrero, afirmó que los habitantes de ese estado regional todavía “vive en la retórica de guerra, el miedo y el terror”.

Señaló que, durante siglos, Tigray estuvo involucrada con frecuencia en conflictos con el gobierno central. “La tierra de Tigray se ha convertido en un campo de batalla; el pueblo de Tigray también se ha convertido en instrumento de guerra”.

Reconoció la larga historia de la gente de ese estado regional, que cooperó con otros grupos étnicos para construir una nación y pagó a menudo un alto precio para proteger la integridad territorial y la soberanía de la nación durante tiempos difíciles.

Citó ejemplos de sacrificio colectivo por la soberanía del país y destacó los notables logros del pueblo tigrayano en áreas como el comercio, agricultura, arquitectura, arte y tecnología.

Sin embargo, reconoció que muchas veces se vio afectada por conflictos durante el siglo pasado como resultado de lo cual fue una zona de guerra y a su población sufrió violencia.

Planteó preguntas críticas sobre las consecuencias sociales, políticas, económicas y de seguridad de estas guerras, invitando a reflexionar sobre si han ganado o perdido más a través de estos conflictos.

Advirtió que el miedo y la ansiedad siguen afectando a la población, al obstaculizar sus perspectivas de paz y desarrollo por las cicatrices causadas por conflictos pasados.

El jefe de Gobierno alentó al diálogo entre diversos sectores de la política, los negocios, la seguridad, el mundo académico y los medios de comunicación, para resolver por vías pacíficas sus diferencias y trabajar por el bienestar colectivo de la gente de la región.

Dos días después de esa declaración, Debretsion llamó a todas las partes a desempeñar un papel constructivo para hacer realidad las aspiraciones del pueblo de Tigray y expresó su voluntad de trabajar con cualquier fuerza que busque la paz.

“Queremos confirmar que hemos estado, estamos y estaremos listos para trabajar con todas las fuerzas que buscan la paz”, reveló el comunicado.

SUSPENSIÓN POLÍTICA

Pese a los llamamientos al diálogo y a bajar tensiones, la Junta Electoral Nacional de Etiopía (NEBE) suspendió el 13 de febrero al TPLF de las actividades políticas durante tres meses con el argumento de que el partido no celebró una asamblea general dentro del período establecido.

La Junta advirtió que, si la agrupación política no adopta medidas correctivas durante la suspensión, se cancelará su registro.

En una declaración emitida el 13 de febrero, el NEBE explicó que el TPLF debía celebrar una asamblea general dentro de los seis meses posteriores a su registro especial el 9 de agosto de 2024, pero no la realizó.

“Se esperaba que el partido aprobara sus estatutos, eligiera a sus dirigentes y alineara sus documentos con la proclamación”, subrayó el texto, en el cual se añade que debía notificar a la Junta al menos 21 días antes de la fecha de la asamblea.

Se había ordenado al Frente celebrar su congreso general antes del 10 de febrero último como lo exige la ley, luego de su registro bajo “circunstancias especiales” el 9 de agosto de 2024 de conformidad con la Proclamación No. 1332/2016.

Según la NEBE, se enviaron múltiples recordatorios al partido entre agosto y diciembre de 2024, instándolo a cumplir con sus obligaciones. En su aviso final del 26 de diciembre pasado, la Junta advirtió que “faltaban menos de dos meses” para que venciera el plazo y que “el incumplimiento de esta obligación dará lugar a la adopción de medidas conforme a derecho”.

El plazo mencionado transcurrió sin que el partido político cumpliera con sus obligaciones.

“El partido no ha celebrado una asamblea general, ni ha aprobado sus estatutos ni ha elegido a sus dirigentes”, dijo la junta, lo cual describió de “violación grave” tanto de la proclamación como de su directiva.

Tras su reunión del 11 de febrero de 2025, la NEBE anunció que el TPLF sería suspendido de sus actividades políticas durante tres meses. Sin embargo, señaló que la suspensión “se levantará” si el partido aborda las violaciones, cumple con la ley y notifica formalmente a la Junta sus preparativos para celebrar la asamblea requerida.

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