Por María Julia Mayoral
De la redacciòn de Economìa
En junio de 2024, un nuevo informe de ONU Comercio y Desarrollo (Unctad) reactivó la voz de alarma, al corroborar un aumento sin precedentes de la deuda pública, la cual contempla las obligaciones externas e internas de las administraciones.
El monto total alcanzó un máximo histórico de 97 billones de dólares en 2023, con un notable incremento de 5,6 billones frente al año precedente, reveló el estudio.
Según la Unctad, el número de países africanos con ratios deuda/PIB (Producto Interno Bruto) superiores al 60 por ciento subió de seis a 27 entre 2013 y 2023.
Además, el reembolso de los adeudos es cada vez más costoso por el alza de las tasas de interés, y esto afecta de manera desproporcionada a la totalidad de las naciones en desarrollo, en detrimento de sus presupuestos públicos.
Internacionalmente tomaron créditos en 2023 a tipos de dos a cuatro veces superiores a los de Estados Unidos y de seis a 12 por encima de los de Alemania, ejemplificó.
En la actualidad, confirmó la Unctad, la mitad de los países empobrecidos destina al menos un ocho por ciento de los ingresos públicos al servicio de la deuda, cifra que subió al doble en los últimos 10 años.
Un grupo de 54 de Estados, casi la mitad perteneciente a África, dedicó en 2023 un mínimo de 10 por ciento de los ingresos del Gobierno nacional a las obligaciones relativas a los intereses de la deuda, abundó la fuente.
Vistos en conjunto, los países en desarrollo se ven obligados a emplear una mayor proporción de su PIB al pago de intereses (2,4 por ciento), que a iniciativas climáticas (2,1 por ciento), es decir, siguen entregando millonarias sumas de dinero a los acreedores en vez de invertirlas en cuestiones internas de extrema urgencia.
Aproximadamente tres mil 300 millones de personas residen en naciones donde el pago de intereses supera el gasto en educación o sanidad: en África, el gasto medio en intereses (70 dólares) supera al de educación (60 dólares) y salud (39 dólares) per cápita, ilustró la Unctad.
En el caso de este ùltimo continente, abundó, unos 769 millones de habitantes, casi dos tercios de la población, viven en Estados en los que el pago de intereses sobrepasa el valor de las inversiones en educación o salud.
Desde diferentes foros prosiguen las exhortaciones a reformar la arquitectura financiera internacional, pero las iniciativas en práctica solo representan alivios parciales, convenientes para la lógica del capital, la contención de estallidos políticos, los negocios transnacionales y para que, en definitiva, el dinero no deje de llegar a los bolsillos de los grandes acreedores.
Al cierre de 2023, el Banco Mundial (BM) reconoció que en 2022 tuvo lugar el mayor aumento internacional de las tasas de interés en cuatro décadas y los países en desarrollo entregaron 443 mil 500 millones por el pago de la deuda externa pública y con garantía pública, con lo cual desatendieron necesidades críticas en salud, educación y medio ambiente.
Los pagos del servicio de la deuda —que incluyen el capital y los intereses— aumentaron un cinco por ciento con respecto al año anterior en todos los países en desarrollo, corroboró entonces ese organismo crediticio.
Por los pronósticos del BM, en 2023 y 2024 los costos generales del servicio de la deuda de los 24 países más pobres aumentarían considerablemente en hasta un 39 por ciento.
Al decir del economista en jefe y vicepresidente sénior del Grupo Banco Mundial, Indermit Gill, la situación justifica la acción rápida y coordinada de los Gobiernos deudores, los acreedores privados y oficiales, y las instituciones financieras multilaterales.
Hace falta, opinó, “mayor transparencia, mejores herramientas para la sostenibilidad de la deuda y mecanismos de reestructuración más ágiles. La alternativa, afirmó, es otra década perdida”.
Sin embargo, el pago de intereses consume una proporción cada vez mayor de las exportaciones de los países de bajos ingresos y tampoco debería soslayarse que más de un tercio de su deuda externa incluye tasas de interés variables, las cuales pueden subir repentinamente, según datos del BM.
Al mismo tiempo, buena parte de ellos enfrenta una carga adicional: el capital, los intereses y las comisiones que acumularon a cambio del privilegio de suspender el servicio de la deuda en el marco de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del Grupo de los Veinte (G20).
En junio de 2023, en la clausura de la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, celebrada en Francia, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, remarcó que las llamadas instituciones de Bretton Woods ya “no responden ni a las aspiraciones ni a los intereses de la sociedad”.
“Muchas veces causan la quiebra de los Estados”, añadió el mandatario al considerar el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM a lo largo de varias décadas, tras la Segunda Guerra Mundial.
A juicio del político sudamericano, “no podemos continuar con las mismas instituciones que funcionan de manera errónea, y lo mismo va por el Consejo de Seguridad de la ONU (…) Los representantes de 1945 no pueden ser los mismos de hoy”.
Los acuerdos de Bretton Woods, suscritos el 1 de julio de 1944 en Estados Unidos, tenían el propósito de establecer un nuevo orden basado en el comercio y la cooperación financiera internacionales, de ahí la creación de instituciones como el FMI y el BM.
En marzo de 2024, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, reconoció que “el sistema financiero global está fracasando en proveer financiación asequible a largo plazo a los países en necesidad y en ofrecer una red de seguridad financiera”.
El dirigente expuso sus consideraciones en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en San Vicente y las Granadinas, donde lamentó también el lento avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
“Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo han sido particularmente golpeados. Pese a sus vulnerabilidades, no están recibiendo los beneficios de un alivio de la deuda y financiamiento concesional. Esto tiene que cambiar”, expresó Guterres.
Durante una reunión anual del Banco Africano de Desarrollo en mayo de 2024, el presidente de Kenia, William Ruto, recalcó que las crisis resultantes de los conflictos o los fenómenos climáticos extremos se ven agravadas por los altos intereses impuestos a los Estados del continente, en base a percepciones de riesgo arbitrarias.
“Las reformas de las que estamos hablando deben alterar, por así decirlo, la arquitectura (financiera) actual tal como es para que incluya de manera significativa y visible los intereses de nuestro continente”, consideró el presidente de Ruanda, Paul Kagame, en el mismo evento.
Evaluaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierten que solo el 17 por ciento de las metas evaluables de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están encaminadas hoy hacia su logro en 2030, la fecha límite prometida.
No obstante, advirtió, los riesgos de revertir los avances de los ODS también están creciendo, “con proyecciones alarmantes de consecuencias negativas sobre la pobreza y la desigualdad en los países de ingresos bajos y medianos debido a los altos niveles de deuda y la frágil financiación del desarrollo”.
El Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024 del PNUD alerta que el déficit de financiación para alcanzar los ODS creció hasta llegar a cuatro billones de dólares anuales para los países en desarrollo, lo que supone una subida del 56 por ciento desde 2020.
Pese a las adversidades, hay importantes oportunidades para que el multilateralismo y la cooperación “movilicen la voluntad política y aborden el desajuste fundamental entre la financiación y las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible”, juzgó la entidad de Naciones Unidas.
Por el momento, las tendencias predominantes denotan lo contrario y la cuestión de la deuda pública es apenas una arista de la histórica sangría económica al Sur Global.
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