Por Nara Romero Rams
Corresponsal jefe en Etiopía
Si bien la diversidad es una fortaleza dentro los países de Etiopía, Eritrea, Somalia, Djibouti, Sudán, Sudán del Sur, Kenya y Uganda, miembros de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), también enfrentan varios factores multifacéticos de desplazamiento y migración al albergar a una de las mayores concentraciones mundiales de poblaciones desplazadas por la fuerza.
Brindar acceso de agua potable y servicios sociales básicos en naciones vecinas como Burundi, Ruanda y Tanzania, es la apuesta del ente africano para fomentar la unidad social y crear una sociedad más equitativa, reflejada en la implementación eficiente de políticas gubernamentales.
Según los informes de datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), al 28 de febrero de 2023 la región de la IGAD albergaba a 4,50 millones de refugiados y solicitantes de asilo, en su mayoría procedentes de Sudán del Sur. Actualmente estos últimos ascienden a 2,24 millones.
Revelaron también que unos 11,64 millones de personas están desplazadas internamente como resultado del conflicto y la sequía, mientras que más de 11 mil refugiados regresaron a sus países de origen en 2023.
Dado que los servicios públicos básicos son cada vez más escasos, los gobiernos, las sociedades y las partes interesadas se ven obligados a fortalecer sus políticas junto con marcos legales funcionales para fomentar la inclusión y la cohesión social.
DESAFÍOS
La Serie de Resúmenes de Políticas No.1 titulada “Acceso a servicios sociales básicos como medio de inclusión social”, un esfuerzo colaborativo de expertos, investigadores y responsables de políticas, reafirmó que el desafío crítico del acceso al agua potable en áreas fronterizas clave, rutas de transporte y corredores migratorios en la región, incluidos otros países, es inferior al promedio mundial del 74 por ciento.
El estudio reveló que los grifos públicos y las fuentes públicas son las fuentes potables predominantes en Kenya, Sudán del Sur y Uganda, ubicadas convenientemente cerca de hogares con tiempos de viaje y espera inferiores a 30 minutos.
Profundizó también en los complejos desafíos que enfrentan los desplazados internos en el norte de Etiopía con énfasis en el impacto en la unidad e integración nacional.
Alertó que, “como país donde los desplazados internos son omnipresentes y una economía frágil para sustentar los medios de vida del alto crecimiento demográfico, los recursos se movilizan aún más de los donantes, tanto del ámbito local como internacional”.
Expuso que las comunidades de acogida necesitaban asistencia alimentaria inmediata y la pérdida de activos ante el conflicto, lo que impidió aún más las perspectivas de retornos exitosos y reintegración comunitaria.
De ahí que la coordinación entre las partes interesadas, a través de un órgano de gobierno centralizado, es fundamental para abordar la escasez de recursos esenciales accesibles para los desplazados internos, exacerbada por una gestión deficiente de esos medios.
EDUCACIÓN, UNA HERRAMIENTA NECESARIA
Los Estados miembros de la IGAD deberían permitir una enseñanza inclusiva en sus planes de estudios nacionales, que reconozca el aprendizaje previo de los estudiantes migrantes y desplazados en el sistema nacional fue una de las recomendaciones del grupo de expertos.
Al mismo tiempo, priorizar los programas de formación docente centrados en estrategias efectivas para la inclusión de los educandos de diversos orígenes.
La estrategia se suma a los esfuerzos regionales por incorporar la Declaración de la IGAD de Djibouti sobre educación para refugiados, repatriados y comunidades de acogida, respaldado por el progreso en la Iniciativa de Formación Docente del propio ente africano.
Otras recomendaciones son fomentar colaboraciones con actores no estatales para impulsar la contratación de más docentes y mejorar la infraestructura escolar, en áreas con mayor necesidad dirigidas a comunidades vulnerables, incluidas mujeres, niños y personas con discapacidades de poblaciones desplazadas.
Asimismo, intensificar la implementación de estrategias nacionales destinadas a permitir contener la asistencia escolar, como la expansión de los programas de alimentación escolar y el establecimiento de sistemas sólidos de protección infantil en las rutas migratorias, los campos de refugiados y las zonas de asentamiento.
Convocó a los Estados miembros de la IGAD a reafirmar su compromiso de integrar estándares educativos de calidad y la inclusión en sus sistemas nacionales para que los programas y calificaciones de Formación Técnica y Profesional sean reconocidos transfronterizamente en la región.
Este último, alineado con el Marco Regional de Cualificaciones y estipulado en el Protocolo sobre la Libre Circulación de Personas (artículo 10) con el objetivo de mejorar el empleo y el desarrollo de habilidades para las comunidades vulnerables.
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