Por Mario Hubert Garrido

Corresponsal jefe en Panamá

El arribo de los uniformados, a saber, infantes de Marina, con base en Camp Lejeune, Carolina del Norte, tiene lugar en medio de una huelga indefinida liderada por docentes y constructores, bloqueos en la provincia de Bocas del Toro y la represión policial a la comunidad indígena de Arimae (Darién).

Los manifestantes rechazaron el 6 de junio, además, el memorando de entendimiento firmado el pasado 9 de abril en esta capital, que permite a Washington utilizar bases aéreas y navales panameñas para “entrenamiento” por un período de tres años prorrogables.

La retención en Bocas del Toro y luego la liberación de una turista norteamericana atrapada en los cierres viales, en el sector bocatoreño de Alto del Guabo, puso un punto más de temperatura en la olla de la convulsión.

PANAMÁ AUTORIZA, PERO…

Según un reporte de la embajada de Estados Unidos en el istmo, Panamá debe aprobar la entrada de todo personal militar del norteño país que ingrese a la nación de manera rotativa y no permanente.

Sin embargo, la nota diplomática precisa: “A través de la ampliación de nuestra alianza en seguridad, trabajaremos aún más estrechamente para combatir el crimen y el narcotráfico transnacional, al tiempo que garantizamos las operaciones ininterrumpidas del Canal”.

La presencia militar estadounidense es un asunto sensible en Panamá, pues evoca la época en que el país norteamericano tenía un enclave con bases militares antes de entregar el canal a los panameños el último día de 1999.

Panamá firmó el acuerdo de seguridad bajo las presiones del presidente Donald Trump, quien amenaza con apoderarse del Canal bajo el argumento de que está bajo influencia de China y sin descartar el uso de la fuerza.

La firma del llamado Memorando de Entendimiento, entre el ministro de Seguridad Frank Abrego y el secretario de Defensa Pete Hegseth, con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, ha generado protestas.

Entre estas figuran las de sindicatos de constructores, de gremios docentes y originarios, pues consideran que “viola la soberanía” nacional y es el regreso de manera encubierta de los antiguos enclaves militares.

El pacto, suscrito sin que fuese evaluado en la Asamblea Nacional (parlamento) indica las ubicaciones autorizadas para la presencia estadounidense, entre ellas, la Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez, del Servicio Nacional Aeronaval, ubicada en Panamá Pacífico.

También señala a la base aeronaval Almirante Cristóbal Colón, conocida como Base Naval de Sherman; y dos bases navales en esta capital, la Vasco Núñez de Balboa y la Capitán de Fragata Noel A. Rodríguez, antigua Rodman.

De otra parte, establece que el personal y los contratistas de los Estados Unidos podrán utilizar las instalaciones señaladas y las áreas designadas para impartir entrenamiento, realizar actividades humanitarias, llevar a cabo ejercicios, visitas, almacenar o instalar propiedad del norteño país y cualesquiera actividades de otro tipo, conforme lo establezcan mutuamente los participantes.

Para los colectivos del movimiento popular, nuevamente en esta ocasión se trata de operaciones contrainsurgentes en el país ante un gobierno servil a Washington que trae a criminales a apagar la insurrección a cambio de migajas de las riquezas del saqueo de los recursos naturales.

DETRÁS DE LOS CONFLICTOS

Para el analista Ricardo Herrera, en el corazón de una crisis social sin precedentes, el presidente Mulino ha optado por un camino que no busca resolver, sino escalar el conflicto.

La firma de memorandos de entendimiento con los Estados Unidos, que afecta directamente la soberanía panameña y vulnera la neutralidad del Canal, no son hechos aislados. Forman parte de una estrategia fría y calculada para blindar su gobierno con apoyo geopolítico externo, ante la creciente ilegitimidad interna, indicó.

En un artículo publicado en El Periódico de Panamá, el estudioso asegura que el jefe del Estado istmeño no gobierna en búsqueda del bien común, sino con la mirada puesta en alianzas con grupos y con intereses geopolíticos que puedan protegerlo ante un eventual estallido social, debido al descontento que él mismo ha alimentado.

En lugar de promover el diálogo, ha optado por la polarización, al convertir la protesta social en una falsa batalla entre el gobierno y el sindicato de los obreros de la industria de la construcción o entre el Ejecutivo y supuestos agentes del Partido Comunista Chino, según explica.

Para al académico, la idea central es que, con esos memorandos, Mulino negocia la seguridad de su propio poder. Interpreta esas alianzas como garantía para imponer un gobierno que no respeta derechos ni garantías fundamentales, sino que amenaza, reprime y vuelve a las lógicas del macartismo.

OTRAS BRECHAS

Al complejo panorama se añade un deterioro del tejido institucional, a días de la instalación de la Asamblea Nacional (parlamento) en su segundo periodo de sesiones y la elección de su directiva el 1 de julio, momento en que Mulino emite un informe de rendición de cuentas al país, varios diputados independientes andan divididos y conspiran para llegar a la cúpula del Legislativo.

La coalición Vamos, que al momento de comicios generales del 5 de mayo de 2024 generó esperanzas de renovación política, se ha fracturado también ante la aprobación o derogación de la Ley 462 sobre reformas a la Caja de seguro Social, motivo principal de las protestas masivas.

Aquí además se han puesto en acción las prácticas clientelistas y el oportunismo bajo nuevos nombres y banderas, cuyo comienzo varios analistas asocian al almuerzo ofrecido en un restaurante de Penonomé (Coclé) en abril último por el jefe de Estado a los 48 diputados que respaldaron la norma con su voto antes de ser sancionada.

La llamada reunión política desató una cascada de reacciones y cuestionamientos sobre encuentros “secretos”, además de tensiones internas en algunas bancadas.

Sobre esa cita la líder de Vamos, Janine Prado, manifestó que este tipo de reuniones “no son cónsonas” con los valores del grupo. “Nosotros siempre estamos para conversar por el bien del país, pero debe hacerse con transparencia y de manera abierta, para toda la bancada”, dijo.

Prado indicó que tenía conocimiento de que algunos integrantes de su colectivo político fueron invitados al encuentro, mas no todos. “Segmentar a los diputados basándose en la votación de la Caja de Seguro Social puede servir para malas interpretaciones, dado que no sabemos cuál será la agenda que se va a abordar en la reunión”, remarcó.

En ese sentido señala que si alguno de esos diputados del movimiento independiente asistió al encuentro, aparece de pronto como candidato a la presidencia o a la junta directiva del Legislativo, y además cuenta con los votos necesarios como por arte de magia, esa será la prueba de que las viejas prácticas del poder siguen vivas y operando.

De otra parte, son frecuentes las denuncias por la designación de Luis Gómez, abogado personal de Mulino, como Procurador General de la República, una maniobra calculada que socava el Estado de derecho y atenta contra la independencia del sistema judicial.

Mulino instaló un operador político de su confianza en la estructura que debería investigar y controlar al poder, y la decisión es vista como una estrategia para capturar las instituciones de justicia, erosionar el debido proceso y debilitar toda forma de contrapeso democrático.

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