Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe en Panamá
Según estadísticas de junio último, de la Dirección General de Ingresos (DGI), la administración del exmandatario Laurentino Cortizo (2019-2024) dejó en herencia un déficit de 521 millones de dólares en ingresos corrientes.
El informe indica que en el primer semestre del año, los ingresos corrientes sumaron tres mil 451 millones de dólares, cuando el presupuesto apuntaba a recaudar tres mil 973 millones.
Aunque el monto recaudado superó los 119,4 millones de dólares alcanzados en igual período del año pasado, representa un reto para el actual Ejecutivo, ya que el sustento financiero para la vigencia 2024 está basado en las proyecciones presupuestarias.
Al ser consultado sobre el impacto que tendrá este déficit en esta gestión y qué acciones se tomarán para mejorar los ingresos, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, respondió: “Estamos trabajando en ello para tomar decisiones muy pronto”.
PRIMERAS REACCIONES
La nueva vicetitular del MEF, Eida Sáiz, comenzó instruyendo a las instituciones estatales que revisen las cifras y hagan propuestas del presupuesto del segundo semestre del año en curso y de 2025.
Para la funcionaria, es este uno de los grandes problemas a resolver en un país que se recibe con una deuda pública que sobrepasa los 50 mil millones de dólares.
Asimismo señaló que las cuentas pendientes de pago a proveedores, gastos que no se alinean a las metas de austeridad del nuevo Gobierno, falta de información técnica y carencia de automatización de datos, son algunos de los hallazgos encontrados en estos primeros días de traspaso.
Agregó la funcionaria que buscan cuantificar e identificar todas las cuentas por pagar a los proveedores del Estado, algunos de las cuales han seguido trabajando y se les debe retribuir con los recursos disponibles en el presupuesto restante de este mismo año.
El MEF, dijo, elabora un plan estratégico que pretende incorporar las iniciativas para atender el comportamiento del déficit fiscal de este quinquenio y el plan con vistas a reducir la deuda pública, indicó.
Durante la transición de gobierno, el propio Chapman dijo a Prensa Latina que lo más urgente será la ejecución del presupuesto en la segunda mitad del año.
“Es fundamental entender bien el estado actual de los ingresos y qué podemos esperar de los gastos. Como decimos en buen panameño, se trata de cuadrar el círculo, es decir, cómo asignamos el dinero escaso de la manera más efectiva. Debemos tomar decisiones claves sobre la asignación de recursos limitados”, remarcó.
El avezado economista admitió que ante la realidad de los ingresos corrientes, corresponde ejecutar un plan de contención del gasto a fin de que se pueda terminar el año fiscal dentro de los límites de déficit que enmarca la Ley de Responsabilidad Social, un tema que llevarán a debate en la fragmentada Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
REPERCUSIONES EMPRESARIALES
En declaraciones al diario La Prensa, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Temístocles Rosas, opinó que el presupuesto para la vigencia fiscal 2024 estuvo mal planificado, ya que preveía un crecimiento de la economía por encima de las predicciones que organismos internacionales tenían para el país centroamericano.
También el abogado experto en materia tributaria, Adolfo Campos, estimó que como los presupuestos son de carácter progresivo, es probable se supere el del año pasado, sin embargo, para el 2024 se fijó con una expectativa de ingresos muy alta, lo cual es desafiante en un periodo electoral, además de las protestas populares que paralizaron al país en rechazo a la minería metálica a cielo abierto.
El gremio empresarial privado alerta asimismo que la actual administración tiene el compromiso del pago de las cuentas pendientes a contratistas y proveedores del Estado, lo que pone más presión a las finanzas públicas.
CALIFICADORAS DE RIESGO
Otro de los retos que enfrenta el gobierno de Mulino está el deterioro del perfil fiscal del país, principal razón por la cual la calificadora de riesgo Fitch Ratings rebajó en marzo pasado la calificación de Panamá a BB+ desde BBB-, lo que representó la pérdida del grado de inversión.
El perfil al que hace referencia Fitch está relacionado con la política fiscal, los ingresos y gastos del gobierno, la deuda pública, la recaudación de impuestos, la evasión y la sostenibilidad fiscal.
Por su parte, la empresa Moody’s, que todavía mantiene al país con una calificación de grado de inversión, estima que las perspectivas de crédito soberano se verán fuertemente influenciadas por el plan de consolidación fiscal que implementa la administración Mulino, así como por su voluntad y capacidad de hacer frente a la creciente rigidez del gasto y a una base de ingresos limitada.
La calificadora también ve importante mejorar la transparencia de la gestión fiscal mediante actualizaciones anuales que, en su opinión, respaldarían la credibilidad de esa política.
El economista y asesor financiero Carlos Araúz considera, en tanto, que la recaudación en Panamá es endeble, con una base impositiva muy pequeña. “Más personas tienen que pagar más impuestos, y no solo las personas naturales, sino también las jurídicas, y esa es la razón del desfase que tenemos”, recalcó.
Bajo las condiciones actuales, Araúz considera que el Gobierno tendrá la necesidad de revisar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, con una visión a mediano y largo plazo, porque es difícil que este año se cumpla con un déficit del 2,0 por ciento y para el año 2025 del 1,5 por ciento.
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