Por Mariela Pérez Valenzuela

Corresponsal jefa en República Dominicana

Esta situación llegó al extremo de posponer la X Cumbre de las Américas, ante el evidente riesgo de fracaso del encuentro debido a las presiones ejercidas por la Casa Blanca sobre la región.

Cuando faltan días para que concluya 2025, y el presidente Luis Abinader completa 16 meses de su segundo mandato, el Gobierno se vio forzado a postergar la Cumbre hasta 2026 -según anunció- debido a la falta de consenso en las Américas, originada por la decisión de no cursar invitaciones a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La decisión dominicana, alineada con la política de la potencia norteamericana hacia esos países, provocó que el foro previsto para los primeros días de diciembre en Punta Cana se desmoronara antes de iniciar, luego de que los mandatarios de México, Claudia Sheinbaum, y de Colombia, Gustavo Petro, anunciaran su ausencia.

De una prometida cita inclusiva, esta determinación dejó claro que sería muy difícil lograr algún consenso político relevante entre los participantes, pues la Cumbre nacía incompleta desde el inicio, ante la ausencia de tres naciones que han defendido su soberanía frente a las presiones de Estados Unidos.

Las reacciones ante la omisión -justificada por el gobierno como necesaria para “asegurar el desarrollo del foro”- fueron inmediatas. Diversas organizaciones políticas y sociales denunciaron que excluir a esas tres naciones constituía una traición a la histórica solidaridad del pueblo con América Latina y el Caribe.

Abinader, un empresario de origen libanés, autorizó el pasado 26 de noviembre el acceso de Washington a áreas restringidas de los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, sumándose así a la operación Lanza del Sur, que la potencia militar desarrolla en aguas del Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico.

Esto ocurre pese al consenso de que dicha operación constituye una amenaza directa contra Venezuela y su gobierno socialista.

El anuncio se realizó en el contexto de la visita a Santo Domingo en noviembre del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en medio de un clima geopolítico tenso en el Caribe.

Sobre esta decisión, Jesús Díaz, director del periódico Lucha, del Partido Comunista del Trabajo (PCT), afirmó a Prensa Latina que el acuerdo de San Isidro constituye “una decisión lesiva a la soberanía y un peligro para la estabilidad regional”.

Sostuvo que el anuncio del uso por parte de Washington de ambas instalaciones para operaciones de reabastecimiento, traslado de equipos y apoyo técnico a aeronaves dedicadas a la lucha contra el narcotráfico regional “debe ser recibido con la más profunda y enérgica repulsa nacional”.

Aunque se presenta bajo el pretexto de combatir el narcotráfico -una lacra que repudiamos-, este acuerdo es, en esencia, una medida profundamente lesiva a la soberanía nacional, puntualizó.

Añadió que, además, representa una amenaza desestabilizadora para el equilibrio geopolítico del Caribe y América Latina, en especial por su cercanía a naciones como Cuba y Venezuela.

Para el también vocero del PCT, es ingenuo y potencialmente peligroso aceptar sin cuestionamientos que la única finalidad de esas operaciones logísticas sea el combate al narcotráfico.

“La posición geográfica estratégica de la República Dominicana, su cercanía con Cuba y Venezuela, y la conocida política de confrontación de Estados Unidos hacia estas naciones convierten este acuerdo en un punto de apoyo que trasciende lo puramente antidrogas”, apuntó.

“Hay otro aspecto a considerar: el país se arriesga a ser arrastrado involuntariamente a conflictos o agendas que no le son propias”.

“La infraestructura de apoyo que se pretende instalar operaría en una región marcada por intereses geopolíticos complejos, lo que podría afectar la estabilidad que hoy caracteriza al Caribe y generar tensiones que terminen lesionando a naciones del área”, asentó.

La postura asumida por la administración refuerza su alianza con Estados Unidos, mientras observadores señalan que también respalda las presiones contra Caracas y coopera con el gobierno de Donald Trump para reposicionarse de forma estratégica frente a actores como Rusia y China, cuya presencia en América Latina es cada vez más notable.

Con esta imagen internacional cierra el año la República Dominicana. Antes, en octubre pasado, también quedó en evidencia cuando se ausentó de la sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) antes de que se votara la resolución presentada por Cuba para poner fin al bloqueo que Estados Unidos impuso hace más de seis décadas a la isla por razones ideológicas, al mejor estilo de la Doctrina Monroe.

De esa manera, el Gobierno demuestra, una vez más, que su línea política está alineada con la del país norteño, que además es su principal socio comercial.

POLÍTICA INTERNA

Los números oficiales presentados por Abinader en agosto pasado, al cumplirse el primer año de su segundo mandato, resultaron favorables a su gestión en áreas como salud, vivienda, seguridad ciudadana y turismo, entre otros acápites, aunque distantes algunos de satisfacer las necesidades.

Si bien las cifras indicaban mejoras en algunos sectores, el gobierno es consciente de que, pese a una economía en crecimiento -y a una abultada deuda externa también-, mantiene pendientes importantes compromisos con la sociedad.

Entre esos destacan el alto costo de la vida, el elevado nivel de trabajo informal, y la mortalidad materna e infantil que constituyen motivo de preocupación.

A esto se suman demandas ciudadanas sobre problemáticas no resueltas, como escuelas sin concluir, centros hospitalarios con condiciones deficientes y una delincuencia que impacta la cotidianidad de las familias.

VARIOS PENDIENTES EN EL SENADO

Este sería un año de reformas en distintos ámbitos, según anunció Abinader, tras la aprobación de la Constitución en octubre de 2024 con cambios significativos como la reducción del número de diputados y la unificación de las elecciones congresuales, municipales y presidenciales a partir de 2032.

Aunque el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que la Cámara Alta tendría una agenda priorizada en el segundo semestre, con varios proyectos pendientes, todo indica que 2025 terminará sin aprobar dos iniciativas clave: la Ley de Reforma Laboral y la modificación de la Ley de Seguridad Social.

En abril próximo, la Ley de Seguridad Social cumplirá 25 años sin que se hayan concretado transformaciones de fondo en los sistemas de pensiones y salud.

Aunque una comisión bicameral estudia las propuestas de modificación mediante debates y vistas públicas, su cabeza, el diputado Rafael Castillo, ya advirtió que la reforma no se aprobará en el corto plazo.

Por otro lado, aunque el proyecto de reforma laboral fue discutido en dos ocasiones con representantes del empresariado y de los sindicatos, la Cámara de Diputados anunció a finales de noviembre que lo devolverá al punto de partida. La iniciativa será analizada por tercera vez junto a los mismos sectores.

Este noviembre se cumplieron 13 meses desde que el Gobierno depositó en el Senado las propuestas de enmienda al Código de Trabajo, ocasión en la que el dignatario defendió la reforma como una necesidad impostergable para optimizar las relaciones entre trabajadores y empleadores.

Por otro lado, el gobernante promulgó en fecha reciente el nuevo Código Penal, que sustituye la legislación vigente desde 1884. Su aprobación avanzó a diferencia de otras reformas aún estancadas, pese a la oposición de organizaciones políticas y sociales, defensores de derechos humanos y colectivos de mujeres, que cuestionaron tanto su contenido como el proceso legislativo.

La nueva pieza introduce cambios significativos: tipifica delitos como el feminicidio, la violencia económica, la estafa piramidal, el terrorismo, el genocidio y el robo de identidad; aumenta las penas de prisión; incorpora sanciones a personas jurídicas; y amplía los plazos de prescripción para delitos sexuales.

Sin embargo, el nuevo Código excluye las tres causales para la interrupción del embarazo -riesgo para la vida de la madre, malformación incompatible con la vida y violación o incesto- y también exime de responsabilidad penal al Estado, los ayuntamientos y los partidos políticos, algo que, según diversos sectores, abre la puerta a la impunidad, la corrupción y los abusos de poder.

Ante las críticas, el jefe de Estado reconoció que el Código Penal tiene “aspectos por mejorar”, aunque insistió en que representa un avance respecto al anterior.

CARGA CONTRA EMIGRANTES

El gobierno mantiene una política de cero tolerancias hacia la migración haitiana, pese a que numerosos sectores económicos dependen de la mano de obra de los vecinos, especialmente en labores que muchos locales -incluso de bajos ingresos- no realizan debido a los salarios reducidos y a las precarias condiciones de trabajo.

Sin embargo, esta realidad, que afecta a sectores estratégicos como la agricultura y la construcción, contrasta con las constantes redadas que lleva a cabo la Dirección General de Migración junto a organismos de seguridad, con el fin de repatriar a ciudadanos haitianos, incluidas mujeres embarazadas.

Nada parece frenar la actuación de las autoridades, que en la práctica persiguen y detienen a quienes intentan huir de la violencia y la pobreza que aquejan al territorio vecino.

ECONOMÍA, ENTRE AVANCES Y RETOS

La República Dominicana mantiene un buen desempeño económico en sectores estratégicos como el turismo, la inversión extranjera directa y las remesas, lo que podría impulsar una expansión del 4,5 por ciento, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

A pesar de estas proyecciones, el propio Abinader admitió que la economía muestra signos de desaceleración, al tiempo que persisten dificultades para generar empleos de calidad y reducir la alta informalidad laboral.

De cara al 2026, todo apunta a que se intensificará la contradicción entre el gobierno y los partidos de oposición, que se mantienen como firmes críticos de la actual administración.

Cada día son más los partidos y movimientos opositores que se pronuncian contra el gobierno debido -según argumentan- a la carencia de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población.

Aunque el gobierno tiene las cartas sobre la mesa, donde aún hay más sombras que luces, tendría que hacer un esfuerzo para que el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) pueda mantenerse en el poder, aunque es sabido que Estados Unidos no escatimará energías para que así sea.

arb/mpv